Buenos Aires, 18 ene (Prensa Latina) El portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, confirmó hoy la decisión de descontar un día de salario a los empleados estatales que participen en un paro general previsto para el 24 de este mes.
En conferencia de prensa, el vocero señaló que el sueldo “es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich declaró a la emisora radial Observador 107.9. que será aplicado un protocolo contra los cortes de calles y rutas como parte de una marcha al Congreso planificada también para esa jornada.
A finales de diciembre, la Confederación General del Trabajo convocó al paro de 12 horas y la manifestación para rechazar un plan de ajuste, medidas antiprotestas, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un paquete de leyes presentado por el presidente Javier Milei.
El DNU dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por su parte, el proyecto llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Está conformado por más de 600 artículos, otorga atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y señala que el mismo podrá prorrogar el plazo antes mencionado por dos años.
Además, establece la privatización de empresas y sociedades estatales y su conversión en sociedades anónimas.
Por otra parte, indica que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.
Suspende el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses y considera no punibles a quienes obraren en virtud de la obediencia debida.
