Lima, 25 Ene. (EUROPA PRESS) – El Poder Judicial de Perú anunció que ha rechazado los cinco recursos de apelación interpuestos por el expresidente Pedro Castillo.
Castillo es investigado por delitos de organización criminal y rebelión, por lo que continuará cumpliendo prisión preventiva, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
La Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo han decidido por unanimidad declarar «infundadas» las apelaciones del exmandatario con las cuales pedía una revisión del plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión tras anunciar la intención de cerrar el Congreso.
Asimismo, los jueces han rechazado la tutela de derechos solicitada por la defensa del expresidente, que argumentaba «ambigüedad e imprecisiones en la acusación fiscal sobre la responsabilidad de Castillo en el delito de rebelión», según reza un comunicado del Poder Judicial peruano publicado en su perfil de la red social X, antes Twitter.
Por otro lado, han aprobado el desistimiento de la apelación de la Fiscalía contra la resolución que aceptó la tutela de derechos del exministro de Vivienda y Transporte Geiner Alvarado, que denunció violación de sus derechos al ser detenido sin mandato judicial escrito en marzo de 2023.
Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el supuesto golpe de Estado, caso por el cual la Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública; y una segunda prisión preventiva de 36 meses en el marco de la investigación por presuntos delitos de organización criminal.
El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana. Una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno –con más de 70 ministros– que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
