Quito, 28 ene (Sputnik).- Las muertes violentas diarias registradas en Ecuador como promedio se han reducido de 27,8 a 10.6, tras la entrada en vigor del decreto ejecutivo 111 mediante el cual se estableció el estado de excepción tras la asonada delincuencial iniciada el pasado 7 de enero, según afirmó este domingo la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia.
«Antes del decreto 111 teníamos 27,8 (muertes violentas diarias); en la actualidad tenemos 10,6. Y si lo comparamos con el mismo tiempo del año pasado, el año pasado eran 15,6», dijo la ministra en entrevista en el canal local Ecuavisa.
Según la funcionaria, al asumir la cartera que ella preside había una proyección de 9.000 muertes (intencionales) para 2023, cifra que fue inferior a lo previsto.
«Afortunadamente, terminamos con menos, pero ahora vamos en decrecimiento», anotó.
Palencia, quien también es la ministra del Interior encargada, indicó que el primer plan de la política del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es frenar la crisis de violencia ocasionada por grupos delincuenciales y aseguró que se están adoptando fuertes decisiones.
Ecuador concluyó 2023 con 7.878 crímenes, según cifras oficiales citadas por el diario El Universo.
De acuerdo con el periódico, con ese total la tasa de asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos se ubicó en 46,5 por cada 100.000 habitantes.
El gobierno atribuye las muertes violentas se atribuyen fundamentalmente a los enfrentamientos entre bandas delincuenciales que se estarían disputando territorio para sus operaciones ilícitas.
La más reciente ola de violencia (quema de autos, explosiones y la toma de 178 rehenes en 7 cárceles del país) inició tras conocerse la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delincuencial Los Choneros y vinculado con el cártel de la droga de Sinaloa (México).
Posteriormente se evadió de otra cárcel uno de los cabecillas de la banda Los Lobos, identificado como Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, quien había ingresado apenas días antes a la cárcel en prisión preventiva tras ser vinculado a un presunto secuestro en 2023 y señalado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, con un plan para atentar contra su vida y la de su familia.
El gobierno ecuatoriano también estableció mediante decreto ejecutivo la existencia en el país de un ‘conflicto armado interno’ y envió al Parlamento unicameral una iniciativa para elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar el enfrentamiento a los grupos delincuenciales. (Sputnik)
