Ciudad de Guatemala (Prensa Latina) El Gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala, cuyo período abarca hasta 2028, tiene entre los retos principales garantizar su sostenibilidad política, afirmó el reconocido antropólogo e investigador Mario Sosa.
Tal escenario se presenta frente a los continuos ataques del bloque de poder, denominado Pacto de Corruptos, precisó en declaraciones exclusivas a Prensa Latina el también académico y luchador social guatemalteco.
Ese grupo -profundizó el igualmente escritor de varias obras relacionadas con la participación ciudadana- venía controlando el organismo ejecutivo con las administraciones de Alejandro Giammattei (2020-2024) y Jimmy Morales (2016-2020).
Arévalo, quien asumiera la presidencia el pasado 15 de enero junto a la vicemandataria Karin Herrera, “deberá, entre otros asuntos, gestar alianzas sostenidas dentro y fuera del Estado”, añadió el experto.
A su juicio, al abanderado del partido Movimiento Semilla corresponde además desmontar estructuras paralelas y cuadros que operaron con dicho bloque, así como someter a proceso judicial a responsables del saqueo y corrupción en el Estado.
Asimismo, acotó, blindarse jurídicamente frente a los procesos de judicialización en marcha desde el Ministerio Público con el apoyo del aparato de la justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad.
Otro de los obstáculos que deberá sortear el exdiplomático de 65 años es “garantizar los recursos financieros suficientes para hacer posible sus ofrecimientos en materia de ampliación de la cobertura en salud y educación”, consideró Sosa.
Refirió la dotación de apoyo a pequeños productores, facilitación de paliativos para enfrentar la inseguridad alimentaria y la ejecución de obras de infraestructura.
En este último tema incluyó la red vial, profundamente deteriorada, mientras mencionó soluciones a problemas vinculados a la pobreza, carencia de financiamiento, acceso a mercados y disponibilidad de alimentos.
En opinión de Sosa, el Ejecutivo de Arévalo deberá generar cambios en el llamado “modelo de desarrollo”, de tal manera que este se oriente a dotar de recursos a los pequeños y medianos productores.
Planteó la necesidad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, y la apertura de fuentes de empleo para disminuir los flujos migratorios.
En idéntico propósito, sumó que las autoridades actuales en el poder deberán “frenar concesiones y proyectos lesivos para el ambiente y para los intereses nacionales”.
Estos, señaló el antropólogo, vienen además siendo rechazados y resistidos por organizaciones sociales, comunidades, y pueblos indígenas y mestizos.
Las acciones del partido Movimiento Semilla y sus aliados, reflexionó, tienen ante sí en general el obstáculo de encauzar una orientación para el desarrollo de las fuerzas productivas.
También -aseveró el investigador- establecer una política soberana que, a partir de los intereses patrios y la diversificación de las relaciones de intercambio, encamine vínculos con China.
En ese mismo sentido, subrayó el docente y luchador social, igualmente con los países que hacen parte del bloque progresista y de izquierda en Latinoamérica.
Posibles medidas de impacto
Como posibles medidas de impacto para la población que podría implementar el Gobierno de Bernardo Arévalo, el analista político situó el control y combate de la corrupción.
«Aunque no es un problema de raíz, en el imaginario colectivo está situado con una importancia capital», resaltó Sosa en sus palabras a Prensa Latina.
Ubicó en segundo plano el control y disminución de la delincuencia y violencia que afecta de manera generalizada a la ciudadanía de este territorio centroamericano.
“Acá son relevantes asuntos como el control de las extorsiones, que padecen desde tenderos de barrio hasta medianos comercios”, expresó.
Observó además el combate frontal a las estructuras del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, tráfico de personas y contrabando a gran escala.
Destacó finalmente la construcción y puesta en marcha de hospitales y escuelas, de carreteras, y dotación de ayudas alimentarias, entre otras.
Arévalo y Herrera asumieron sus cargos centrados en el combate a la corrupción (un muro a derribar, según entendidos) y con la promesa de una nueva primavera.
Entre las decisiones implementadas en los primeros días de mandato aparece el retiro del acuerdo firmado en los días casi de cierre de Giammattei, que brindaba seguridad a sus exfuncionarios por un tiempo similar al del cargo ocupado.
Retiraron las vallas ubicadas en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y de la Casa Presidencial, y anunciaron con el alcalde de esta capital la construcción de la primera línea de metro.
El presidente y la vicemandataria asistieron a una ceremonia maya en Kaminal Juyú, dentro del área metropolitana, pero que muchos apreciaron como un nuevo reconocimiento al papel en defensa de la democracia de las organizaciones ancestrales.
Para unos, el acercamiento periódico a la prensa, el compromiso de no perseguirla por sus opiniones, o la reunión con los 340 alcaldes municipales, adquieren un valor estratégico y responden a las expectativas.
Queda la exigencia de la renuncia, sin cumplimentar, de la fiscal general Consuelo Porras, a quien Arévalo tras ganar las elecciones calificó de la punta de lanza de un golpe de Estado en marcha, impulsado por el pacto de corruptos en Guatemala.
Sobre la mesa de análisis, diferentes retos y posibles medidas hacia la transparencia en todas las estructuras y el combate a la impunidad; sin embargo, en el horizonte la esperanza del cambio.
