Brasilia, 10 feb (Prensa Latina) La implicación del expresidente Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en esta capital removió en Brasil la semana que termina hoy.
Bolsonaro resultó blanco de una operación de la Policía Federal (PF) por presuntamente estar embrollado en los episodios antidemocráticos.
Para más leña al fuego, la PF descubrió, entre otros elementos, un video de reunión en la que el otrora mandatario comunica a los ministros que no pueden esperar el resultado de las justas comiciales de 2022 para actuar.
En tal audiovisual, Bolsonaro y sus entonces ministros discuten qué hacer para evitar la elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y resulta otro elemento que refuerza las sospechas de que el exgobernante participó en la organización del complot.
Además de la grabación, decomisada en el ordenador de Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, la PF recogió otros elementos que colocan al político ultraderechista en el centro de la trama subversiva.
También la policía encontró, en la oficina de Bolsonaro en la sede del Partido Liberal (PL), un documento con contenido golpista que anunciaría la promulgación de un Estado de Sitio y la imposición de la garantía de la ley y el orden en el país. En la reunión sobre el sufragio, el exmilitar dice que hay que poner en práctica un «Plan B».
La cruzada policial se centró además en los exministros Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional) y Walter Braga Netto (Casa Civil), vice en la fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022.
Asimismo, resultaron objetivos de la acción policial el timonel del PL, Valdemar da Costa Neto, el exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, y el exministro de Justicia Anderson Torres.
Según el diario O Globo, dos exasesores de Bolsonaro fueron detenidos: Filipe Martins, para Asuntos Internacionales de la Presidencia, y el exayudante de órdenes, coronel Marcelo Câmara.
En total, fueron cumplidas 33 órdenes de búsqueda y decomiso, cuatro órdenes de detención preventiva y otras 48 medidas cautelares, incluyendo prohibición de contacto con los demás investigados.
De la misma manera, prohibición de ausentarse del país, con entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y suspensión del ejercicio de funciones públicas.
Las órdenes se cumplieron en los estados de Amazonas, Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espíritu Santo, Paraná, Goiás y en el Distrito Federal.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
