Tel Aviv, 11 Feb. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía General de Israel estima este domingo que el gabinete de guerra liderado por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, podría haber tomado en las últimas semanas varias decisiones sobre cuestiones exclusivamente internas fuera de los procedimientos legales establecidos en medio de la guerra contra Hamás en Gaza y ha pedido que examine la situación.
En una carta remitida al Ejecutivo en nombre de la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, su adjunto, Gil Limon, afirma que el gabinete ha tomado algunas decisiones sin atender a las reglas de procedimiento y sin presentarlas a los ministros, lo que podría implicar una ruptura en firme del procedimiento legal.
«De un tiempo a esta parte», pone Limon como ejemplo, «se han dado varios casos donde han sido incorporados añadidos sustanciales a decisiones ya adoptadas, o incluso propuestas completamente nuevas, que no han sido presentadas a los ministros desde un principio».
Limon concreta el caso de una reunión mantenida esta semana sobre el plan del gobierno para «acelerar la industria inmobiliaria» en la que el ministro de Finanzas, el ultranacionalista Bezalel Smotrich presentó estos añadidos cuando «el primer ministro y la mayoría de los ministros ya habían aparcado la discusión», de acuerdo con la carta, dirigida al secretario del gabinete, Yossi Shelli.
Por ello, estas decisiones están siendo adoptadas «en ausencia de una infreaestructura legal o profesional vinculantes, o a pesar de que se conocía que existía un impedimento legal», según la Fiscalía, que protagoniza así un nuevo encontronazo con el Gobierno que lidera Netanyahu tras meses de tensiones antes de la guerra de Gaza sobre la posible aplicación de una polémica reforma judicial instruida por el Ejecutivo, que los fiscales consideraban como un ataque a la separación de poderes, entre otras cuestiones.
«Las decisiones del Gobierno tienen unas consecuencias enormes para la gente a nivel económico, social y de seguridad, y por ello hay que garantizar que son adoptadas siguiendo el oportuno proceso En ausencia de semejantes infraestructuras como las mencionadas, podría acabar ocurriendo el caso de que se están tomando decisiones ilegales que dañan el interés público», según la carta.
La Fiscalía, por último, «instruye al Gobierno a que revierta cualquier decisión efectuada a través de derroteros incorrectos» y vuelva a discutirlas «tras completar el trabajo legal y profesional que requieren».
