Ciudad de México, 13 feb (Prensa Latina) Más de 10 mil personas del Estado mexicano de Chiapas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa del narcotráfico desde junio de 2021 hasta hoy, denunciaron organizaciones de Derechos Humanos.
Mediante un informe, la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT); el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur; la Mesa de Coordinación Transfronteriza; entre otras instituciones, aseguraron que los grupos criminales de la delincuencia organizada se están disputando el territorio, y en ello despliegan recursos propios de un conflicto armado.
La violencia generada por el narcotráfico implica asesinatos, desapariciones, extorsiones, reclutamiento forzado y control de la zona.
Según el informe, entre junio de 2021 y diciembre de 2023 fue documentada la desaparición de 183 personas.
De igual modo, ocurren enfrentamientos, cortes de circulación en las carreteras, y otras acciones que someten a la población civil a un miedo constante, sostuvo Carlos Ogaz, miembro del Grupo de Trabajo Región Frontera.
Las más de 300 organizaciones firmantes del texto indicaron que un elemento clave en el dominio territorial es el control de bienes y recursos naturales. Incluso, existen actividades extractivas en manos de las estructuras criminales.
La delincuencia organizada se inserta en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación y hasta festividades recreativas.
Aunque la presencia de estos grupos se remonta a finales del siglo XX, la intensificación de la disputa entre ellos data del asesinato de Gilberto Rivera “El Junior”, hijo del operador del cártel de Sinaloa, uno de los grupos que mantenía el control en el estado.
