Ciudad de Guatemala, 18 feb (Prensa Latina) El Congreso (unicameral) de Guatemala busca aprobar una ley para garantizar el acceso gratuito a Internet en escuelas, colegios, universidades y a sus estudiantes, ante la desigualdad hoy en este tema.
Tras los debates de la pasada semana, el presidente del Legislativo, Nery Ramos, destacó la importancia de contar con una normativa de tal tipo y aseguró que, al concretarse, el beneficio será para toda la población.
La iniciativa 5889, presentada por el partido Semilla en el Parlamento a inicios de marzo de 2021 a partir de los daños de la pandemia de la Covid-19 y los retrasos en el avance tecnológico e innovaciones digitales existentes, pasó sus primeras dos lecturas.
Con la normativa el Ministerio de Educación y las universidades nacionales tendrían que crear un listado de páginas útiles para el desarrollo de investigaciones y entrega de tareas en línea, entre otras actividades escolares.
La Superintendencia de Telecomunicaciones estaría a cargo de recibir la información y posibilitar que los proveedores de Internet liberen su acceso.
Establecería que la velocidad de navegación en los sitios gratuitos sea de, por lo menos, cinco megabytes por segundo; sin embargo, algunos diputados plantearon una modificación al respecto, para superar esa cifra.
La Ley, de acuerdo con analistas locales, motiva al debate público sobre Internet y el desarrollo tecnológico que necesita este territorio centroamericano, donde la Red informática es un lujo de cierta parte de la ciudadanía.
Tan solo el 21,3 por ciento de los hogares de Guatemala cuenta con computadora y el 17 tiene acceso a la navegación sea por cable coaxial, fibra óptica o teléfono fijo, expusieron los últimos datos oficiales.
La brecha de pobreza en el país se refleja en la conectividad y, por ejemplo, en el departamento de Alta Verapaz el 86 por ciento de sus habitantes no cuenta con acceso a Internet, seguido muy de cerca por Quiché con el 85 y Huehuetenango 80 por ciento.
En términos educativos, políticos y tecnológicos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Gobierno destina apenas el 0,029 por ciento del producto interno bruto para investigación y desarrollo científico.
Ese número contrasta con el de los Estados de la región y está bien lejos de las grandes potencias como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.
