Buenos Aires, 2 mar (Sputnik).- El presidente argentino, Javier Milei, convocó en la noche del viernes a los gobernadores del país a la firma de un contrato social con 10 políticas de Estado durante la inauguración del 142º período de sesiones ordinarias del Congreso, en la que anunció un paquete de medidas «anticasta» y el cierre de la agencia estatal de noticias Télam.
«Si eligen estar a la altura de las circunstancias (…) para firmar el Pacto de Mayo, tanto yo como el pueblo argentino reconoceremos ese gesto como un acto de humildad y valentía, y una señal clara de que podemos trabajar juntos sin rencores», expresó Milei al dirigirse en la noche del viernes a los diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa.
En el acto institucional más relevante del año, el mandatario consideró que su Gobierno encara «el proceso de regulación económica más ambiciosa» de la historia argentina y encomendó a los 23 gobernadores del país y al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a la rúbrica de ese acuerdo el 25 de mayo en la provincia de Córdoba (centro).
El denominado «Pacto de Córdoba» está sujeto a la aprobación previa de la «ley ómnibus», también conocida como «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», cuyo tratamiento fracasó en el parlamento, y a un nuevo pacto fiscal, advirtió Milei.
El acuerdo remarca la inviolabilidad de la propiedad privada, la innegociabilidad del equilibrio fiscal, y la reducción del gasto público en un 25 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB).
La iniciativa incluye también cuatro reformas, en lo laboral, previsional, política y tributaria, a fin de reducir la presión impositiva, y un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos, que son los fondos provenientes de la recaudación de gravámenes federales que el Estado debe repartir entre las provincias.
El contrato social presentado por el presidente destaca además la necesidad de una apertura del comercio internacional y «un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país».
Paquete «anticasta»
El jefe de Estado, que brindó su discurso de pie y con un atril, a contramano de la costumbre que lleva a los presidentes a dirigirse a la Asamblea Legislativa desde el estrado de la cámara de Diputados, anunció que enviará al Congreso un paquete de leyes «anticasta».
Dentro de esa propuesta, la actual gestión aboga por que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse en elecciones nacionales, y por que todo exfuncionario con condena firme en segunda instancia pierda cualquier beneficio que tenga por su condición, algo que podría impactar en la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada en primera instancia por el delito de administración fraudulenta.
El Ejecutivo también impulsará la reducción drástica de la cantidad de asesores que tienen diputados y senadores, y eliminará el financiamiento público de los partidos políticos, de modo que «cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios», detalló Milei, al tiempo que buscará eliminar la jubilación de privilegio para exmandatarios.
A 82 días de haber asumido el Poder Ejecutivo, el líder de la coalición gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha) informó que su Gobierno canceló la publicidad oficial por un año y anunció el cierre de la agencia estatal Télam, que tiene 78 años de existencia y mantiene una red de corresponsales en las 24 jurisdicciones del país.
Durante su discurso, el mandatario criticó el «modelo de la casta», valoró que su Gobierno haya acometido «la reducción del gasto público más profunda» de la historia argentina y reconoció que si bien no tenía mayoría parlamentaria, ni gobernadores, ni alcaldes, sí era un presidente que sabía «lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y la convicción para hacerlo».
Emisión mala
Otro proyecto de ley que el presidente enviará al Congreso establece la penalización del presidente, el ministro de Economía, los funcionarios del Banco Central (BCRA) y los legisladores que aprueben un presupuesto que dependa de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
El objetivo es «terminar de una vez y para siempre con esta práctica insostenible moralmente y criminal», subrayó Milei.
El mandatario insistió en que «financiar el Tesoro con dinero emitido por el Banco Central (BCRA) genera inflación», algo que no era «opinable», por lo que invitó a los diputados y senadores a que lo considerasen un delito de lesa humanidad.
«Propondremos que dicho delito este a la altura de un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones», adelantó.
Al valorar las medidas que adoptó si Ejecutivo, el mandatario destacó que en un mes se recortarán cinco puntos del Producto Interior Bruto (PIB) y que se redujera el gasto primario 40 por ciento en términos reales, tras haber eliminado la obra pública, haber disminuido 98 por ciento las transferencias a las provincias y haber reducido los ministerios de 18 a ocho, entre otras iniciativas.
Al inicio de su discurso, el mandatario señaló que al asumir el 10 de diciembre se encontró un país con un déficit fiscal de cinco puntos del PIB y otros 10 adicionales del Banco Central (BCRA), entidad que acumulaba un pasivo de 11.200 millones de dólares.
Bajo la asunción de que el país necesitaba «más capitalismo y más libertad», el mandatario admitió que «cerca del 60 por ciento de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza» y que un tercio de los trabajadores formales son pobres.
Durante su disertación, que recibió varias ovaciones de sus seguidores, el presidente arremetió contra el Estado, al que definió como «una organización criminal diseñada para que en cada permiso, hay una coima (prebenda) para el político de turno», y afirmó que «los últimos 20 años fueron una orgía de gasto público».
En el tramo final de su discurso, el jefe de Estado reclamó a los argentinos «una cosa: paciencia y confianza».
«Falta un tiempo para que podamos percibir el fruto del saneamiento económico y de las reformas que estamos implementando», concluyó.
El acto protocolar dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, aunque el parlamento se mantuvo activo en sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre y hasta el 31 de enero, plazo fue prorrogado por el Gobierno hasta el 15 de febrero, sin que el plenario de la Cámara de Diputados o del Senado pudiera aprobar ninguno de los proyectos que impulsaba el oficialismo. (Sputnik)
