Quito, 7 mar (Sputnik).- Varias organizaciones sociales e indígenas de Ecuador expresaron el miércoles su rechazo a la participación del presidente Daniel Noboa en la feria minera PDAC, de Canadá, donde el Gobierno suscribió seis compromisos de inversión por 4.800 millones de dólares, sin una consulta previa e informada a las comunidades.
«Ha declarado el gobierno nacional su posición de hostilidad contra los pueblos indígenas del Ecuador. (…) Se regalan a sí mismos y venden, ceden derechos de nuestros territorios para poder cubrir lo que falta en este país», dijo en rueda de prensa el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, al referirse a la presencia y el discurso de Noboa en la feria de Toronto.
En ese contexto, el mandatario ecuatoriano dio a conocer las reformas que busca su Gobierno para atraer inversión en la minería, como crear un mecanismo de resolución de disputas entre el Estado y los inversionistas.
Iza manifestó que es una vergüenza de los gobiernos de turno que tengan que acceder a los recursos, al patrimonio de los ecuatorianos para suplir lo que no se tiene, ante lo cual propuso una vía alternativa a la práctica extractivista como es el desarrollo del turismo local.
El dirigente indígena señaló que se perdería el 40 por ciento de las microcuencas de agua con la apertura del catastro minero, en el cual se contabilizan más de 600 solicitudes de concesiones para exploración minera en Ecuador.
Iza defiende que toda la minería en Ecuador es ilegal porque no ha respetado la Constitución vigente, según la cual el Estado debe garantizar en todas sus etapas la consulta previa, libre e informada.
Además, reiteró que la explotación minera no trae beneficios a los habitantes de los territorios, sino a las empresas transnacionales que se llevan el 96 por ciento de las ganancias.
En la rueda de prensa, el presidente de la Nación Shuar del Ecuador (Nashe), Felipe Massian, señaló que el territorio es vida y rechazó la acciones del gobierno, del cual dijo que, con frecuencia, ha recibido el respaldo solo de una parte de las comunidades a sus proyectos.
Massian condenó la negociación gubernamental con la empresa canadiense Solaris Resource para el proyecto Watintza, y, según dijo, esta no contó con el consentimiento previo para la explotación minera en esa zona amazónica.
Por su parte, Luis Corral, integrante del Frente Nacional Antiminero, condenó el anuncio del gobierno de la apertura del catastro minero.
El martes, organizaciones defensoras de derechos humanos y pobladores afectados, incluidas comunidades campesinas e indígenas de Ecuador, rechazaron la presencia de mineras canadienses en sus territorios, en una protesta realizada en las afueras de la embajada de Canadá en Quito.
Diversas organizaciones sociales de Ecuador, incluyendo la Conaie, el Frente Nacional Antiminero y los colectivos Quito sin minería y Yasunidos, han denunciado permanentemente el daño que causa al medio ambiente y la salud la explotación minería y petrolera.
La Corte Constitucional declaró el pasado 17 de noviembre la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754, firmado por el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) el 31 de mayo del 2023, con el cual se pretendía imponer consultas ambientales y consultas previas de manera ilegal, según las organizaciones indígenas y sociales.
En las mesas de diálogo con la sociedad civil luego del paro de junio de 2022, el gobierno de turno, presidido por Lasso, acordó garantizar una moratoria hasta contar con el reglamento de la consulta previa e informada a las comunidades de los territorios donde se encuentran los proyectos mineros, debido a que estas poblaciones rechazan la presencia de las mineras. (Sputnik)
