viernes 3, mayo 2024
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Gobierno de Argentina anuncia despido de más de 900 empleados de instituto agrario

Buenos Aires, 19 mar (Sputnik).- El Gobierno argentino que preside Javier Milei anunció el desmantelamiento del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, lo que llevará al despido de 900 empleados.

«Se van a reducir 900 puestos de no trabajo», anunció este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Los dos organismos públicos, que tenían en total 964 empleados, se transformarán en una dirección con solo 64 trabajadores.

El instituto tenía, en todo el territorio, 160 delegaciones y dos sedes, una en la provincia de Catamarca (noreste) y otra en Santiago del Estero (norte).

Según el portavoz del mandatario, uno de cada tres empleados del Inafci eran delegados, dentro de un organismo que tenía 204 vehículos a disposición.

«El 85 por ciento del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos; casi una agencia de empleo político», apostilló Adorni.

El funcionario remarcó «la ineficiencia de este organismo que está discontinuando sus funciones» y que hasta ahora transfería fondos discrecionales (no automáticos) «donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios».

«Todavía no hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo un solo reclamo, así que está a la vista que el instituto no estaba cumpliendo con la esencia en la que se había basado para su creación», añadió.

El instituto, creado por decreto el 4 de noviembre de 2022 durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), funcionó como ente autárquico y venía a reemplazar las funciones que hasta ese momento realizaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

El organismo estuvo a cargo del Movimiento Evita, una organización social de perfil peronista cuyo dirigente, Emilio Pérsico, ha sido denunciado esta semana ante la justicia por parte del Gobierno, que lo acusa de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el reparto de fondos de asistencia social. (Sputnik)

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