Quito, 23 mar (Prensa Latina) El Frente Nacional Antiminero de Ecuador denunció hoy que más militares continúan llegando hasta la comunidad de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, para proteger los intereses de la empresa canadiense Atico Mining.
Mientras la delincuencia inunda las ciudades de Ecuador, el presidente Daniel Noboa prefiere enviar a las Fuerzas Armadas a comunidades campesinas, lamentó el Frente a través de su red social X.
Los enfrentamientos entre militares y miembros de las comunidades antimineras en esta nación sudamericana marcaron la semana que concluye hoy aquí. El pasado lunes, moradores de Palo Quemado y las Pampas denunciaron la presencia de militares allí para amedrentar a la población antiminera.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) demandó en su red social X que más de 500 militares se agruparon en esa localidad generando un clima de tensión y preocupación en la región.
Por su parte, el Frente Nacional Antiminero advirtió que la presencia de los paramilitares responde al inicio de las operaciones mineras de la transnacional canadiense Atico Mining y denunció el uso de material bélico real por parte de las fuerzas del orden.
En medio de ese contexto, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, marcharon este jueves en Palo Quemado con carteles y consignas en oposición a la actividad extractiva, en particular contra la explotación de la zona por parte de la empresa canadiense Atico Mining a la cual quieren concesionar el área.
Los manifestantes pidieron el cese inmediato de la represión de policías y militares, que han dejado allí varios heridos.
Paralelo a esa situación, organizaciones sociales, movimientos ecologistas, analistas y comunidades indígenas rechazaron la sentencia contra seis defensores de la naturaleza en la localidad de Las Naves, en la provincia ecuatoriana de Bolívar.
Los seis campesinos fueron sentenciados a tres años de prisión y a pagar 10 salarios unificados de multa por una supuesta asociación ilícita por la empresa minera Curimining.
Mientras, el colectivo Acción Ecológica advirtió que desde 2006 la minera Curimining realiza actividades de inspección en esos territorios y durante ese tiempo han existido múltiples conflictos entre la empresa y las comunidades locales debido a la falta de consultas ambientales.
Los miembros de esas comunidades culpan al gobierno de Noboa y al Ministerio de Energía y Minas, por incumplir obligaciones legales y constitucionales sobre el derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para avanzar con el extractivismo minero.
