Ciudad de México, 12 abr (Sputnik).- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, instruyó una investigación sobre su antecesor, el ex ministro Arturo Zaldívar, acerca de presuntos hechos de corrupción y extorsión en la decisiones judiciales, confirmó este viernes el imputado.
«Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía (sigilo) de las investigaciones y el derecho de defensa», dijo el extitular del máximo tribunal entrevista con el noticiario Radio Fórmula.
La declaración fue hecha este viernes horas después de que fue publicado en redes sociales el expediente de la investigación de la causa J/108/2024 sobre el expresidente de la Suprema Corte, otros funcionarios y exfuncionarios de su entorno.
Zaldívar se desempeña ahora como asesor de la candidata de la coalición oficialista, Claudia Sheuinbaum.
«Es claramente la intención de participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos (los candidatos opositores)», dijo el exmagistrado en el noticiario donde suele participar como comentarista político.
Según la investigación publicada en el medio Notitia Criminis, más de 50 jueces y magistrados habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos y civiles en los sentidos que les eran indicados.
Zaldívar dimitió el 8 de noviembre pasado esgrimiendo «razones personales», después de 13 años como ministro del máximo tribunal, donde fue titular de 2019 a 2022, aunque su mandato terminaba en 2024.
La investigación
Según los medios que publicaron el expediente, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia emprendieron una investigación formal en su contra por supuestos hechos de «corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas».
En las irregularidades divulgadas en el mencionado portal especializado en temas judiciales, también se implica a la exprocuradora general federal, Arely Gómez (2015–2016), quien esta semana fue designada a un alto cargo de la Auditoría Superior del Poder Legislativo federal.
El caso está a cargo de la oficina general de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia.
El documento señala que Zaldívar habría vulnerado la autonomía e independencia del sistema de justicia con la finalidad de «satisfacer intereses personales o de terceros».
Según el mismo texto judicial, el ex titular de la Suprema Corte ejerció presión sobre altos funcionarios de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, «prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero».
Los operadores judiciales para ejercer estos actos ilícitos serían la referida exprocuradora Arely Gómez, y el magistrado Jaime Santana Turral, quien encabezaba la secretaría ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.
El documento judicial publicado señala que Zaldívar se habría confabulado con el exconsejero de la presidencia de la República, Julio Scherer (diciembre 2018-septiembre 2021), asesor del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para «operar indebidamente en diversos casos».
La denuncia señala además la colaboración entre el exsecretario general de la presidencia de la Suprema Corte, Carlos Alpízar Salazar, con el consejero presidencial Scherer.
Esa relación, indica el documento judicial publicado, le permitió obtener beneficios políticos y «grandes sumas de dinero».
Como muestra del presunto enriquecimiento ilícito, la indagación menciona que el imputado es «propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias».
La investigación comenzó en contra del entonces director general del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Netzaí Sandoval, quien ahora trabaja en el despacho de la ministra federal Lenia Batres, la más reciente postulación de López Obrador al máximo tribunal, termina el reporte basado en el mencionado expediente. (Sputnik)
