Quito, 20 abr (Sputnik).- Ecuador realizará este domingo una consulta popular y referendo en medio de una crisis multidimensional, al punto que muchos se cuestionan la pertinencia de esta votación para un Gobierno que cumple un mandato extraordinario de apenas un año y medio.
De hecho, varios expertos consultados por la Agencia Sputnik coinciden en que las preguntas que lanza el proceso respecto a cuestiones como la seguridad o el empleo no resuelven los problemas per se, pues no apuntan a las causas estructurales de la actual coyuntura.
«Son preguntas que no tienen ninguna conexión lógica y no resuelven los temas estructurales relativos de los temas de seguridad», aseveró a esta agencia el abogado ecuatoriano Christian Pino, al referirse a, quizás, el problema más acuciante del país: la violencia.
Ecuador registró más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes y más de 7.500 homicidios en 2023, y la administración del presidente, Daniel Noboa, busca el visto bueno de la ciudadanía para darle más potestades a las Fuerzas Armadas, o recrudecer las penas contra los criminales.
Para Pino, el enfoque de las interrogantes más bien va en la línea de aumentar las penas, disminuir los beneficios y aplicar mayores sanciones a las personas que cometen cierto tipo de delitos, lo cual ha demostrado ser contraproducente.
«En definitiva, tal política no redunda en un adecuado manejo control de los temas de seguridad y, por el contrario, va a producir graves efectos», alertó el exsecretario ejecutivo de la Comisión de Auditoría de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y el Arbitraje internacional.
Lo prometido es deuda
Pero la seguridad es apenas uno de los problemas que pretende abordar este proceso, una de las promesas de Noboa en su campaña para ganar las elecciones anticipadas que convocó en 2023 el entonces presidente, Guillermo Lasso, tras invocar la llamada «muerte cruzada».
A los casi 13,7 millones de empadronados en Ecuador también se le preguntará si están de acuerdo con utilizar el arbitraje internacional para resolver contratos o controversias en temas de inversión entre el Estado y las empresas privadas; y con el autorizo de contratos laborales fijos y por horas.
Desde la oposición, en particular los seguidores del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), afirman que esta consulta popular y referendo no aliviarán en nada la crisis existente en el país y, por el contrario, solo significará un gasto de más de 60 millones de dólares en momentos en que el Estado carece de liquidez para pagar salarios y sueldos extraordinarios.
De hecho, el déficit fiscal es tal, que el Ministerio de Economía y Finanzas entregó con morosidad los recursos al Consejo Nacional Electoral para este proceso.
Aun así, Noboa ha defendido este proceso en todo ámbito posible, e incluso vaticinó que ganará el «SÍ», pese al descontento que supuso el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento, y una crisis energética que ha provocado apagones de hasta ocho horas diarias.
El Gobierno insiste en que sus propuestas garantizarán una mayor seguridad ciudadana y que se fomentará el empleo joven con la aprobación de la pregunta sobre la contratación fija y por horas, iniciativa que las organizaciones sindicales consideran «una regresión de derechos».
Discrepancias
Al respecto, la catedrática Alba Silva aseguró a la Agencia Sputnik que la administración Noboa plantea la consulta como la solución a la situación de inseguridad, cuando en realidad tiene un enfoque punitivo que no resuelve los aspectos relacionados con la violencia estructural.
«Creo que el Gobierno hubiera aprovechado mejor la consulta para plantear aspectos que sí puedan modificar esa institucionalidad que está tan desgastada en el país», opinó Silva, docente de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
En su opinión, los planes de Noboa podrían paliar la violencia de forma temporal, pero no aportan una solución permanente a la inseguridad, que demanda «un plan integral, a través del ejercicio de derechos como la salud y la educación, que justamente es lo que no tiene nuestro país».
Es más, Silva señala que las preguntas que plantean una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ni siquiera requieren de una consulta popular, porque el presidente, mediante su capacidad legislativa, podría proponerla como un proyecto de ley ante el parlamento.
Por su parte, Pino entiende que el propósito fundamental de la consulta es promover la flexibilidad laboral y volver al sistema de arbitraje internacional, temas que generaron más polémica de cara a este proceso que aquellos relacionados con la seguridad.
En particular, el experto ve «un grave problema» en el arbitraje internacional, por los antecedentes «trágicos», como la condena al país en la Corte Internacional de Justicia, a partir de una demanda de la petrolera Chevron, que dejó una estela de contaminación en la Amazonia ecuatoriana.
El futuro, al final, está en manos de la ciudadanía: a partir de las preguntas que sean aprobadas en la consulta popular se podrán hacer reformas que no afecten la Constitución, y las que reciban el «Sí» en el referendo necesitarán enmiendas a la carta magna para entrar en vigor. (Sputnik)
