San José, 1 May (OCI).- En Costa Rica casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores.
Aunque en materia de empleo la Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5% de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría labora en el sector privado. Y en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), que calcula ese segmento de población en 670000 personas, solo el 28% se gradúa de secundaria.
Sobre el tema, la Lic. Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un “problema”, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61%. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó la Lic. Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (PROCALA), un proyecto de Acción Social coordinado por el PROIN.
Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.
Superando barreras
La Lic. Mata fue enfática al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En PROIN partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.
Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concientización de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.
Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.
La Lic. Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.
Un caso de éxito
Para Eder Mata Mata, con 34 años y vecino de Coronado, su paso por los cursos libres del PROIN representó la puerta de entrada para alcanzar su independencia económica y personal. Además de ser un joven con un alto compromiso por su trabajo, dedica tiempo para practicar deportes y ver videos para aprender inglés.
“En PROIN he estudiado fotografía, manejo del dinero, cursos de oficina; he estado en la UCR unos seis años. Los profesores me enseñaron matemáticas, y ahora me gustaría llevar inglés porque el año pasado ya llevé un curso, porque yo quiero hablar inglés”, dijo Mata, quien actualmente trabaja en la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. (PIASA).
Anteriormente, Mata laboró en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde noviembre, tras superar una pasantía, se integró al equipo de colaboradores de PIASA. El joven realiza diversas labores de apoyo administrativo y entre sus metas está seguir aprendiendo más.
“Estoy muy feliz aquí, cuando llego a mi casa les digo a mi mamá, mi papá y mi hermano que lo pasé muy bien, y que estoy aprendiendo cosas nuevas, me gusta aprender”, comentó con entusiasmo.
Un llamado social
La arquitecta Adriana Picado Marín es la supervisora directa de Eder Mata, quien detalló que para su inserción se “revisó el perfil del trabajo que podría realizar. Aquí siempre tenemos mucho trabajo. Aunque ingresó como asistente administrativo, lo hemos capacitado en el uso de la planoteca, a llenar bases de datos con información que nos hacía falta, él se ha diversificado muchísimo”.
Picado compartió a este semanario que “ese miedo previo a la contratación desapareció, como organización queremos sentar las bases para considerarnos como una empresa regional incluyente”. A su criterio, otras pueden sumarse a la inclusión social, para ello recomendó el estudio previo de las normativas nacionales e internacionales sobre el tema y la responsabilidad social empresarial. Así como crear conciencia entre los colaboradores acerca de que todas las personas son capaces. “Simplemente es saber quién va en cada puesto, qué apoyos se requieren y definir bien los roles de las personas que se necesitan para posibles contrataciones. Se han abierto espacios en el deporte, pero en el mercado laboral aún falta bastante”, concluyó Picado.
En el ámbito nacional, el PROIN es el único programa público que se enfoca en la dignificación del trabajo, para lo cual brinda capacitación para que personas con discapacidad cognitiva encuentren un trabajo de acuerdo a sus vocaciones e intereses personales.
