Buenos Aires, 9 may (Xinhua) — Las principales centrales de trabajadores de Argentina, así como organizaciones sociales, movimientos de izquierda y de la economía popular, iniciaron hoy jueves un paro general por 24 horas en contra de las medidas del Gobierno del presidente Javier Milei.
La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuenta con el respaldo de las dos ramas en que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), además de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otros sectores.
Se trata de la segunda protesta gremial masiva desde que Milei asumió el cargo en diciembre pasado, ya que el 24 de enero los mismos actores realizaron una medida de fuerza nacional, aunque esa vez por espacio de 12 horas.
La huelga general comenzó a las 00:00 hora local (03:00 GMT), aunque el servicio de transporte público, entre ellos trenes de cercanías y autobuses, canceló servicios de manera anticipada, durante la noche del miércoles.
El Gobierno argentino ha rechazado la protesta y, según dijo el miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, el paro general afectará a casi 6,6 millones de personas sin que la medida tenga «justificación aparente».
«Nuestro Gobierno tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos (autobuses), dos paros docentes, un paro de trenes y uno de (trabajadores) aeronáuticos, y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En cuatro años de gobierno, Alberto Fernández (presidente entre 2019 y 2023) tuvo cero paros», remarcó el portavoz durante una conferencia de prensa.
Además, señaló que el Gobierno argentino «descontará» el día a los empleados públicos que se sumen a la medida de fuerza.
La huelga de este jueves cuenta con el respaldo de empleados bancarios, de hospitales, y los estatales, además de personal de recolección de residuos, de camiones y de escuelas públicas, de correos, puertos y de la metalurgia, así como de los gremios vinculados a la aviación comercial, por lo que la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, dispuso la cancelación de 191 vuelos, con unos 20.000 pasajeros afectados.
El programa implementado por el Gobierno argentino recorta el gasto público e impulsa una amplia desregulación en materia política y económica mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y un proyecto de ley que actualmente debate la Cámara de Senadores.
Para ajustar el gasto se dispuso no renovar los contratos en el Estado nacional, reducir la cantidad de Ministerios del Gabinete y disminuir al mínimo las transferencias de recursos nacionales a las provincias.
Las medidas fueron complementadas con el DNU y el proyecto de ley que, de manera combinada, desregulan el comercio, los servicios y la industria, además de impulsar la privatización de empresas estatales.
