Lima, 19 ene (Sputnik).- El Ministerio Público de Perú destinó varios fiscales para supervisar el respeto a las garantías ciudadanas de los participantes en la marcha antigubernamental de este jueves, conocida como la Toma de Lima, y que ocupan desde el pasado martes la Universidad Nacional de San Marcos.
«El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, llegó a la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para supervisar el respeto a los derechos de los ciudadanos que participarán en las movilizaciones», informó el Ministerio Público en la red social Twitter.
Varios edificios de la principal universidad pública de Perú, conocida como «la Decana de América», acogen a grupos llegados de varios territorios del país para sumarse a la marcha, pese al rechazo de la rectora, Jeri Ramón, quien dio de plazo hasta el mediodía del jueves (17:00 GMT) para que los manifestantes desalojen el campus.
«El acuerdo de Consejo es que se retiren al mediodía. Salen a su manifestación y ya no deben regresar y por otro lado, estando en estado de emergencia, nosotros no podemos responder ante lo que hagan las autoridades del Ejecutivo», informó Ramón a medios locales.
Alumnos de la Federación de Estudiantes de San Marcos abrieron las puertas del área de residencia estudiantil para dejar pasar a varios buses con cientos de personas procedentes de Cusco, Puno y Apurímac, quienes se instalaron en áreas verdes de la universidad.
«Nosotros siempre hemos respetado las protestas de los estudiantes, pero sí nos parece injusto que hayan tomado la puerta 3 y que permitan el ingreso de personas ajenas a la universidad para acampar sin autorización. Los estudiantes no han pedido ningún permiso», advirtió Ramón horas antes, cuando advirtió sobre un posible desalojo.
Advirtió que la universidad «no es un campo de batalla, sino un centro de cultura y de investigación y no puede ser tomada por un grupo de pobladores».
A su vez, la presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó a los organizadores de la toma que garanticen la paz y acepten un diálogo con el Gobierno para analizar el pliego de demandas sociales.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, de Arequipa (centro), suspendió temporalmente sus operaciones ante las protestas antigubernamentales que se realizan en la región.
Desde el 10 de diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos, que exigen la renuncia de Boluarte, nombrada después que el Congreso destituyera a su antecesor, Pedro Castillo (2021-2022), así como la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.
Hasta la tarde del miércoles, la Defensoría del Pueblo reportó la muerte de 50 civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, accidentes de tránsito y bloqueos vinculados a las movilizaciones, y un policía que habría fallecido por la violencia de manifestantes. (Sputnik)
Fiscalía peruana vigila garantías ciudadanas de manifestantes en la llamada Toma de Lima
