El país tiene el desafío de diseñar e implementar políticas públicas e incentivos adecuados, con el propósito de aprovechar el potencial que la industria marítimo-portuaria tiene para contribuir a resolver una serie de problemas estructurales que aquejan a la economía costarricense. Entre estos tenemos: una tasa de crecimiento de la economía estancada en los últimos años con niveles del PIB tan bajos como el 3% y que con la pandemia alcanzaría números negativos (IICE-UCR 2020). A eso se le suma, un desempleo estructural que sigue creciendo, con el agravante de la informalización galopante de los mercados de trabajo; al igual que los niveles de desigualdad y pobreza, especialmente en las regiones fuera del GAM, que son más altos que los promedios nacionales.
El panorama macroeconómico, especialmente fiscal se agrava y requiere de políticas de estabilización como también de reactivación económica. El aparato productivo se caracteriza por su carácter dual, con un sector dinámico asociado con las actividades exportadoras y el sector externo de la economía y organizado en torno a regímenes especiales (como los parques industriales en zonas francas); mientras que el otro sector, produce para el mercado interno y en buena parte con problemas de rezagos en sus niveles de productividad y modernización; para el cual se requerirá de planes de apoyo y la implementación de políticas públicas para su reconversión productiva y desarrollo de capacidades, que nivelen la cancha respecto a los beneficios que recibe el sector exportador.
Ante la situación presente y futura es necesario complementar las medidas de corto plazo, con políticas de transformación productiva, basadas en la identificación de actividades económicas dinámicas y en torno a las cuales se puedan generar economías de aglomeración y efectos multiplicadores de la inversión sobre el empleo. En este sentido, hay que considerar las potencialidades que el país tiene en el desarrollo portuario, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Puerto Moín y Puerto Caldera (y otros puertos locales) tienen el potencial de convertirse en ejes catalizadores del desarrollo de actividades productivas; tales como infraestructura y logística portuarias, en torno a las cuales se articulen otras actividades como el desarrollo de servicios de diverso tipo, parques industriales, agronegocios, pesca, turismo y desarrollo inmobiliario.
La industria marítimo-portuaria tiene un efecto directo (e indirecto) multiplicador y dinamizador sobre el resto de la economía, contribuyendo con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y el nivel de empleo. Como lo muestran los datos de la MIP 2012 (Banco Central), esta industria es uno de los veintiséis mayores generadores de empleo en el país y ocupa la séptima posición como multiplicador de este a nivel nacional. Asimismo, la actividad marítimo-portuaria tiene una significativa importancia relativa en materia de encadenamientos productivos y ocupa la segunda posición en términos de encadenamientos hacia adelante (economía internacional) y con un gran potencial para desarrollar encadenamientos hacia atrás (economía nacional), mucho mayor a lo que los datos nos pueden indicar (Arias y Vargas, IICE, 2019).
De tal forma, las inversiones en infraestructura marítimo-portuaria y las actividades de logística asociadas, pueden potenciar el desarrollo de zonas económicas de desarrollo con un dinamismo productivo, capaz de generar condiciones para ampliar el mercado de trabajo y la demanda por empleo productivo en zonas periféricas del país (especialmente en las costas). Esto aunado al desarrollo de corredores productivos entre los puertos y las principales ciudades intermedias del país, que tendría un impacto positivo para la articulación territorial y sectorial, tan necesaria para mejorar las condiciones para el crecimiento económico y la generación de mayor bienestar para la población.
La evidencia de otros países demuestra que la inversión en desarrollo portuario impacta favorablemente los niveles de competitividad país, la atracción de inversiones en actividades diversas, los encadenamientos productivos y la generación de empleo formal. Un adecuado diseño e implementación de políticas de transformación productiva para el desarrollo de actividades como logística de transportes y almacenamiento, el transporte de carga, descarga y transbordo, los servicios especializados vinculados con el comercio internacional (cadenas globales de valor), la agroindustria de exportación, el desarrollo turístico e inmobiliario; están llamados a generar economías de aglomeración y mejores condiciones para el desarrollo de ciudades portuarias más ordenadas, sostenibles y competitivas.
Lo que no se puede perder de vista es que el fortalecimiento de la industria marítimo-portuaria debe tomar en cuenta el ordenamiento territorial y zonificación geográfica de las actividades económicas, cumpliendo con los requerimientos ambientales y laborales. Esquemas de gobernanza y alianzas público-privadas, eficientes y transparentes, son determinantes para el desarrollo de zonas económicas y clústeres productivos de diverso tipo, los cuales tienen el potencial de generar condiciones de empleo más estables y contribuir con el bienestar de las comunidades locales y regionales. El impulso del medio innovador a través de mejoras en la infraestructura física y social, los programas de calificación del recurso humano, el proceso de investigación, desarrollo e innovación (I-D+i) y el desarrollo y cooperación institucionales; son condiciones que propiciarían un crecimiento más inclusivo y convergente en el territorio.
Costa Rica enfrenta problemas estructurales en su crecimiento económico, a los que el modelo económico actual no es suficiente para dar respuesta, en un contexto tan crítico como el actual. Ante esta coyuntura, se requiere avanzar hacia un nuevo patrón de crecimiento con carácter sectorial y territorial, que aproveche las ventajas competitivas territoriales (de localización) y los recursos endógenos que el país tiene para avanzar hacia esquemas productivos más articulados y dinámicos, no solo con el mercado internacional, sino también a nivel de la economía doméstica. El desarrollo marítimo-portuario está llamado a ser un eje del patrón de crecimiento inclusivo, con una gran capacidad de articular actividades productivas, a escala local, nacional e internacional; así como generar efectos multiplicadores sobre el empleo y el bienestar de las zonas costeras del país.
La pandemia del covid-19 es un punto de inflexión en nuestro desarrollo económico. Nos plantea el desafío de pensar una nueva estrategia de desarrollo, que se fundamente en lo que la CEPAL ha denominado la transformación productiva con equidad social y sostenibilidad ambiental. Para ello, se requerirá construir consensos entre los distintos sectores que conforman nuestra sociedad. No perder el camino costarricense, que nos ha permitido promover el círculo virtuoso del crecimiento económico con desarrollo humano, será medular para nuestro porvenir.
El país tiene el desafío de diseñar e implementar políticas públicas e incentivos adecuados, con el propósito de aprovechar el potencial que la industria marítimo-portuaria tiene para contribuir a resolver una serie de problemas estructurales que aquejan a la economía costarricense. Entre estos tenemos: una tasa de crecimiento de la economía estancada en los últimos años con niveles del PIB tan bajos como el 3% y que con la pandemia alcanzaría números negativos (IICE-UCR 2020). A eso se le suma, un desempleo estructural que sigue creciendo, con el agravante de la informalización galopante de los mercados de trabajo; al igual que los niveles de desigualdad y pobreza, especialmente en las regiones fuera del GAM, que son más altos que los promedios nacionales.
El panorama macroeconómico, especialmente fiscal se agrava y requiere de políticas de estabilización como también de reactivación económica. El aparato productivo se caracteriza por su carácter dual, con un sector dinámico asociado con las actividades exportadoras y el sector externo de la economía y organizado en torno a regímenes especiales (como los parques industriales en zonas francas); mientras que el otro sector, produce para el mercado interno y en buena parte con problemas de rezagos en sus niveles de productividad y modernización; para el cual se requerirá de planes de apoyo y la implementación de políticas públicas para su reconversión productiva y desarrollo de capacidades, que nivelen la cancha respecto a los beneficios que recibe el sector exportador.
Ante la situación presente y futura es necesario complementar las medidas de corto plazo, con políticas de transformación productiva, basadas en la identificación de actividades económicas dinámicas y en torno a las cuales se puedan generar economías de aglomeración y efectos multiplicadores de la inversión sobre el empleo. En este sentido, hay que considerar las potencialidades que el país tiene en el desarrollo portuario, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Puerto Moín y Puerto Caldera (y otros puertos locales) tienen el potencial de convertirse en ejes catalizadores del desarrollo de actividades productivas; tales como infraestructura y logística portuarias, en torno a las cuales se articulen otras actividades como el desarrollo de servicios de diverso tipo, parques industriales, agronegocios, pesca, turismo y desarrollo inmobiliario.
La industria marítimo-portuaria tiene un efecto directo (e indirecto) multiplicador y dinamizador sobre el resto de la economía, contribuyendo con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y el nivel de empleo. Como lo muestran los datos de la MIP 2012 (Banco Central), esta industria es uno de los veintiséis mayores generadores de empleo en el país y ocupa la séptima posición como multiplicador de este a nivel nacional. Asimismo, la actividad marítimo-portuaria tiene una significativa importancia relativa en materia de encadenamientos productivos y ocupa la segunda posición en términos de encadenamientos hacia adelante (economía internacional) y con un gran potencial para desarrollar encadenamientos hacia atrás (economía nacional), mucho mayor a lo que los datos nos pueden indicar (Arias y Vargas, IICE, 2019).
De tal forma, las inversiones en infraestructura marítimo-portuaria y las actividades de logística asociadas, pueden potenciar el desarrollo de zonas económicas de desarrollo con un dinamismo productivo, capaz de generar condiciones para ampliar el mercado de trabajo y la demanda por empleo productivo en zonas periféricas del país (especialmente en las costas). Esto aunado al desarrollo de corredores productivos entre los puertos y las principales ciudades intermedias del país, que tendría un impacto positivo para la articulación territorial y sectorial, tan necesaria para mejorar las condiciones para el crecimiento económico y la generación de mayor bienestar para la población.
La evidencia de otros países demuestra que la inversión en desarrollo portuario impacta favorablemente los niveles de competitividad país, la atracción de inversiones en actividades diversas, los encadenamientos productivos y la generación de empleo formal. Un adecuado diseño e implementación de políticas de transformación productiva para el desarrollo de actividades como logística de transportes y almacenamiento, el transporte de carga, descarga y transbordo, los servicios especializados vinculados con el comercio internacional (cadenas globales de valor), la agroindustria de exportación, el desarrollo turístico e inmobiliario; están llamados a generar economías de aglomeración y mejores condiciones para el desarrollo de ciudades portuarias más ordenadas, sostenibles y competitivas.
Lo que no se puede perder de vista es que el fortalecimiento de la industria marítimo-portuaria debe tomar en cuenta el ordenamiento territorial y zonificación geográfica de las actividades económicas, cumpliendo con los requerimientos ambientales y laborales. Esquemas de gobernanza y alianzas público-privadas, eficientes y transparentes, son determinantes para el desarrollo de zonas económicas y clústeres productivos de diverso tipo, los cuales tienen el potencial de generar condiciones de empleo más estables y contribuir con el bienestar de las comunidades locales y regionales. El impulso del medio innovador a través de mejoras en la infraestructura física y social, los programas de calificación del recurso humano, el proceso de investigación, desarrollo e innovación (I-D+i) y el desarrollo y cooperación institucionales; son condiciones que propiciarían un crecimiento más inclusivo y convergente en el territorio.
Costa Rica enfrenta problemas estructurales en su crecimiento económico, a los que el modelo económico actual no es suficiente para dar respuesta, en un contexto tan crítico como el actual. Ante esta coyuntura, se requiere avanzar hacia un nuevo patrón de crecimiento con carácter sectorial y territorial, que aproveche las ventajas competitivas territoriales (de localización) y los recursos endógenos que el país tiene para avanzar hacia esquemas productivos más articulados y dinámicos, no solo con el mercado internacional, sino también a nivel de la economía doméstica. El desarrollo marítimo-portuario está llamado a ser un eje del patrón de crecimiento inclusivo, con una gran capacidad de articular actividades productivas, a escala local, nacional e internacional; así como generar efectos multiplicadores sobre el empleo y el bienestar de las zonas costeras del país.
La pandemia del covid-19 es un punto de inflexión en nuestro desarrollo económico. Nos plantea el desafío de pensar una nueva estrategia de desarrollo, que se fundamente en lo que la CEPAL ha denominado la transformación productiva con equidad social y sostenibilidad ambiental. Para ello, se requerirá construir consensos entre los distintos sectores que conforman nuestra sociedad. No perder el camino costarricense, que nos ha permitido promover el círculo virtuoso del crecimiento económico con desarrollo humano, será medular para nuestro porvenir.
(*) Rafael Arias Ramírez, Ph.D. Profesor catedrático, Experto en desarrollo económico