He visto con dolor la forma en que las redes sociales se han llenado de mensajes que diversas personas colocan allí, bajo diferentes modalidades, para crear en la mente de los ciudadanos la idea de que la actual situación de crisis se debe, única y exclusivamente, al actual gobierno del Partido Acción Ciudadana, presidido por Carlos Alvarado.
Peor aún, la forma y manera en que personajes totalmente desautorizados por su ausencia de honestidad o integridad intelectual, tienen la desfachatez de solicitarle al Presidente de la República que renuncie al cargo, y de la misma manera que destituya a todos sus ministros.
Todo obedece a la especial circunstancia de que se avecinan los tiempos de campaña política, y con la más antigua forma de tratar de obtener la atención de los ciudadanos, se utiliza la crítica y la condena insustanciales de los adversarios. Pero, claro está, dirigida hacia aquellas masas de la población que se caracterizan por su ausencia de pensamiento crítico, educación o información objetiva, que son fáciles presas de las mentiras, medias verdades, e invenciones absurdas.
Señala Alexander Yordi en un artículo de su autoría, que es una creencia compartida por el ciudadano común que ningún político es verdaderamente honesto. De alguna forma, todos son culpables hasta comprobar su inocencia.
Esto no es necesariamente falso, porque las premisas de un dirigente político no parten de la honestidad sino de su necesidad de alcanzar el poder. Incluso, dicen los expertos que un político jamás debería mentir, pero no porque esté mal en sí mismo, sino porque en el futuro lo podrían descubrir. El problema de la mentira es que podría obstaculizar ese camino al poder; no la ética personal.
Sin embargo, es importante dejar claro qué significa esto de mentir, y cuál es su significado en el contexto de la comunicación política. Pues según el diccionario, consiste en decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree, o piensa. Pero en la vida pública este concepto adquiere un mayor alcance. Porque mentir también incluye no decir la verdad, lo que nos complica aún más la definición, pero a la vez nos lleva al centro de la discusión: la verdad suele ser relativa.
Cada quien habla de lo que sabe y de lo que le conviene. Y todo político que ha planificado su carrera con cierto detenimiento, ha determinado por sí solo o con la ayuda de asesores el posicionamiento que lo distinguirá entre todo el ruido y la competencia. En este sentido, el líder político se apega a ciertos valores y actitudes que quizá no eran originalmente los suyos, pero que en la vida pública ahora serán los que definan su personalidad.
Palabras claves, frases impactantes y maneras de argumentar, empiezan como una mentira pero se aprenden hasta el punto de integrarse con el individuo. Ya sea para sustituir los modos previos, o para compartirlos y aplicarlos selectivamente de acuerdo al contexto y la audiencia.
Entre las diversas mentiras y medias verdades que he logrado leer y escuchar, resistiendo al vómito que generalmente producen por su rudeza y desfachatez, se encuentran las siguientes:
Que la actual crisis económica del país se debe a la mala administración del actual y anterior gobierno. Ambos del PAC. Olvidándose que existen factores internacionales que inciden sobre las realidades económicas de los países, o circunstancias como la actual pandemia, que ha obligado a nuestro país y a todos en el orbe, a aplicar medidas que necesariamente traerían consecuencias en el funcionamiento de la economía, en aras de proteger la salud de los ciudadanos. Y que ambas no pueden ser afectadas ni positiva ni negativamente por gobierno alguno, pues están fuera totalmente del posible control de éstos.
Que la desastrosa situación fiscal por la que atraviesa el país se debe al hecho de que la actual administración no ha hecho todo lo que debería para solucionarla, lo cual no es del todo cierto. En primer lugar, porque el desbalance fiscal tiene una larguísima historia en nuestro país. Muchos gobiernos anteriores no solamente no hicieron nada por solucionarla, sino que la empeoraron no cobrando los impuestos y otras cargas que obligatoriamente debían pagar grandes empresas, concediendo exenciones impositivas injustificables, no limitando el crecimiento exponencial de las concesiones hechas a los sindicatos de las organizaciones públicas, al desorden administrativo, y ante la existencia de auténticas repúblicas independientes a toda norma y control dentro del Estado, en donde se incluyen, entidades autónomas, y los otros poderes.
El actual gobierno ha hecho bastante por controlar el gasto público, aunque no todo lo que deseáramos, en limitar ciertas injusticias y desproporciones que existían en los regímenes de salarios y pensiones, y otras cosas así, pero que existen limitantes difíciles de superar, como son las asignaciones que legalmente se han establecido en el presupuesto público, y la voracidad organizaciones como las universidades, el Poder Judicial, RECOPE, JAPDEVA, y muchas más. Y se olvidan quienes hacen coro con sus críticas, que la solución de estos problemas pasa por la Asamblea Legislativa, en donde los intereses sectoriales, políticos, económicos y de otra índole, ejercen presiones, influencias y amenazas que impiden la realización de acciones orientadas hacia la solución de estos problemas.
Por otro lado, los mismos sindicatos que obtuvieron en el pasado, apoyándose en la debilidad de políticos de turno, concesiones absurdas y desproporcionadas en sus convenciones colectivas, causantes en buena parte de la situación fiscal actual, son los que ahora hipócritamente se lanzan a las calles a protestar (e incumplir la ley), pero no mencionan ni por asomo los beneficios de los que gozan. Otros, resentidos por las medidas que el gobierno ha tomado en las negociaciones de las convenciones colectivas onerosas, para eliminar las barbaridades que allí se encuentran.
Y de igual forma, las cámaras empresariales, que por lo general no se controlan en las críticas y condenas públicas, no mencionan las múltiples formas de evasión y elusión impositivas de las que son culpables. Y recordemos que la evasión impositiva acumulada es similar al monto de la deuda pública existente hasta hace poco.
Hay, pues, en todo lo mencionado, un oportunismo de mala fe que salta a la vista fácilmente, si uno no pertenece a ninguno de esos grupos políticos, económicos, sociales, laborales o comerciales que ahora expresan sus inconformidades frente al gobierno de turno.
Y para corolario de esta tragicomedia, un excandidato presidencial ha salido a los medios de comunicación a acusar al actual gobierno de corrupción, cuando sobre su partido existen acusaciones muy serias de haber utilizado financiamientos paralelos durante la campaña política, incluso en palabras de sus propios correligionarios, lo cual está expresamente prohibido por la leyes electorales. Lo más probable es que estará creyendo que la memoria del pueblo es muy flaca, y no recuerda todas las acusaciones que sobre su grupo político pesan, o que nadie sabe que son -en cierta forma- una quinta columna de los intereses político-religiosos de la extrema derecha norteamericana, y que desean lograr en Costa Rica lo que ya obtuvieron en Brasil, Bolivia y otros países del continente.
Muchas cosas más podríamos señalar ahora para corroborar la mala fe que medran dentro del oportunismo que hemos mencionado. El tema da para mucho más y espero poder continuar con estas reflexiones más adelante.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
