Ya se ha cumplido un mes y un poco más desde que el 28 de abril iniciara el Paro Nacional en Colombia. Y todo ha transcurrido de mal a peor en términos de represión y brutalidad policial. Lo que empezó como un reclamo en contra de una reforma tributaria impopular, dura sobre todo con los sectores medios, que hizo caer al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que obligó a Duque a retirar dicho proyecto del Congreso, ha desembocado en la más grave conmoción social de Colombia al menos desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.
Si antes de la pandemia, en el 2019, se materializó un paro nacional convocado, principalmente, por las centrales obreras en contra de las reformas de pensiones, laboral y educativa, y a favor de los Acuerdos de Paz con las FARC, nadie, absolutamente nadie, vaticinó lo que se venía: un tsunami que estremecería como ahora todas las arterias del poder político y del tejido social colombiano.
Colombia tiene 50,34 millones de habitantes y de estos casi 22 millones viven en la pobreza, número que debe compararse frente al 17,4 millones del 2019. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza subió en 2020 hasta un 42,5%. Otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica: tiene ingresos por encima del nivel de pobreza, pero ante cualquier crisis económica está en riesgo de caer en la pobreza extrema. Es decir que casi un 75% de la población colombiana está en situación de vulnerabilidad económica. A eso se suma que el desempleo subió 5 puntos en 2020, sobre todo entre los más jóvenes. Estos aumentos en la pobreza se presentan, sobre todo, en las ciudades.>>
El salario mínimo llega a los 250 dólares. Vivir en la línea de pobreza en Colombia significa tener un ingreso individual per cápita de 338.000 pesos (88,42 U$S). En la pobreza extrema viven los que reciben 145.000 pesos (38,65 U$S) por mes. Dicho de otra forma, más de 21,02 millones de personas existen bajo la línea de pobreza. <<Lo que agrava más la situación es que 7,47 millones de colombianos viven con menos de $145.004 al mes, es decir, viven en condiciones de pobreza extrema y sus ingresos no les alcanzan para consumir las calorías que necesita una persona para tener buenas condiciones de salud.>>
En lo económico Colombia atraviesa su peor momento. El año pasado y con la pandemia de por medio, el PIB tuvo una caída del 6,8%, una contracción peor que la memorable de 1999 que fue de un 4,5%. Según cifras del DANE, en marzo hubo 3,4 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo fue de 14,2%, 1,6 puntos porcentuales más alta de lo que se registró en marzo de 2020 (12,6%), cuando la cuarentena ya había empezado. Recordemos, otra vez, para redondear este agónico cuadro, a los más de 21 millones de pobres, y a los 7, 5 millones de ciudadanos en extrema pobreza. ¿Acaso es cosa de extrañar el desesperado grito de las masas colombianas?
Los expertos dicen que Colombia ha retrocedido una década en sus esfuerzos por reducir la pobreza a pesar de programas sociales como el del llamado Ingreso Solidario. Con el comercio formal en crisis y el informal dramáticamente disminuido además de neutralizado por las cuarentenas, el panorama social pinta muy gris excepto para los ricos oligarcas -como Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del Grupo Aval- a quienes Duque debe servicio. La controversial fortuna de don Luis es hoy de 11.1 billones de dólares.
Lo que es nuevo y sorprendente es la aparición en el escenario de una juventud maltrecha y casi sin esperanza en relación a su porvenir. Pero estos jóvenes -hombres y mujeres- han tomado las calles y han liderado los bloqueos como el método de autodefensa ante el terrorismo de Estado impulsado por Duque a través de la policía, el ESMAD y ahora el ejército. Esta juventud aspira a una nueva Colombia más democrática, inclusiva y humana. Duque ni siquiera los valora como posibles interlocutores en una eventual negociación. Su respuesta es recetar asesinatos, tortura, violaciones, plomo y balas. La organización de derechos humanos Indepaz como Humanos ha contabilizado el terror del régimen de Iván Duque en 66 muertos, 133 personas desaparecidas, 22 agresiones sexuales cometidas por los policías, 47 víctimas por traumas oculares, además de decenas de heridos y detenidos.
No por casualidad el pasado 14 de mayo un nutrido grupo de 55 congresistas estadounidenses le solicitaron al secretario de Estado, Antony Blinken, presionar a Colombia en materia de derechos humanos. Una parte de la carta decía lo siguiente: << Suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020.>>
Duque está apostando al desgaste de la protesta social, al enfrentamiento duro y directo, a la militarización completa, al enfrentamiento entre colombianos, todo ello como su salvaje respuesta al grito callejero de la resistencia juvenil como lo hizo Ortega en Nicaragua. No otra cosa es ello que puro terrorismo de Estado. Duque ahora goza de la fea silueta del tirano tropical que, de pronto, ya no tiene oído ni voz para resolver humanamente esta crisis. Hasta cabría preguntarse sobre la salud mental del mandatario porque, como Nerón, sigue aventurándose por el incendio o la quema de Cali y de otras geografías. Asistimos estupefactos a la horrible visión de un Duque criminal, irracional, autoritario y caprichoso que sigue empujando a la nación colombiana al abismo.
La juventud de los barrios ha conquistado la simpatía de amplios sectores de la población, ha demostrado estar sobrado en liderazgos, en ideas, y con una increíble capacidad asamblearia y democrática, que ha sobrepasado a toda la dirigencia social y política de izquierda y derecha. Han producido, también, una sorprendente sinergia con sus comunidades y con otros sectores fundamentales como las mingas indígenas y el movimiento feminista. Piden estos jóvenes el fin del ESMAD y de la doctrina militarista que se usa contra el pueblo; justicia para los caídos y mártires de la causa; y una gran inversión en educación y empleo. Nada del otro mundo. Piden más y mejor democracia.
No podemos ser cómplices -con nuestro silencio- de los delirios de un aprendiz a tirano que prefiere la represión antes que el diálogo. Protesten los pueblos del mundo ante consulados y embajadas de Colombia, denunciando los fétidos y violentos desplantes del Estado colombiano en contra del pueblo y su juventud.
(*) Allen Pérez es Abogado.
Desde CHILE, felicitaciones muy buen artículo, el Estallido colombiano tiene gran similitud a los que vivimos el 19 DE OCTUBRE DE 2.019, con las mismas características, las fuerzas represoras hicieron lo suyo, y actualmente hay muchos muchachos presos y sin juicios ni condenas.