Costa Rica: Estado comunista

Costa Rica ya es y ha venido siendo un estado comunista en el sentido más semántico y operativo del término sin que el grueso de la población haya podido sentir la transformación ni percatarse de ello. 

El grueso de la población expresa ser anticomunista y temerle al comunismo;  aduce ser democrática pero también ignora que los términos “democrática” y “democracia” son más elásticos y resobados que un chicle;  como muestra para quienes sostienen ser anticomunistas están todos los estados antiguamente adscritos a la Unión Soviética:  todos se sentían y se hacían llamar democráticos.  Porque cada quien da a la democracia la interpretación que le convenga; es lo más voluble y flexible que hay.   El grueso de la población de Costa Rica, entre costarricenses y no costarricenses, reduce todo simplísticamente a que democrático es con propiedad privada y comunismo es sin propiedad privada.

Pues bien, aquí es sin propiedad privada;  todo del Estado.  Algún grupo político en el pasado reciente operó la transformación sin dar un tiro y sin que nadie se percatara de la forma sutil y astuta en que lo hizo y la población lo aceptó sin chistar gracias a su monumental ignorancia respecto de la política y de la administración del Estado, en lo que es casi totalmente negligente.  Sabe muchísimo más de fútbol, festejos y toros que de su vida y situación políticas y administrativas y por eso le metieron el gol en este ámbito y ni se dio cuenta.  Gracias a la gruesa negligencia que muestra y a su falta de responsabilidad como habitante, como pueblo de un país; hasta los extremadamente reaccionarios, los millonarios y los de lo que se llama comúnmente la extrema derecha lo asimilaron complacientes y viven en ello felices y muertos de risa por decirlo de alguna manera. 

Pero es un hecho que aquí no existe la propiedad privada como tal y no es figura de lenguaje.  Es real y a la vista está la prueba.  Lo que el grueso de la gente llama “propiedad privada” es su casa, su finca, su automóvil, su empresa, porque los ha comprado con su dinero, les da mantenimiento y tiene los respectivos títulos de propiedad.  Pero no llega a comprender que no son suyos.  Son del Estado y el Estado se los alquila.  El título de propiedad es un confite y para peores es un palo más y todavía más astuto y sutil en cuanto a que pagamos una comisión porcentual exorbitante a un intermediario que es el notario y que nos impone la ley solo para hacer un papel innecesario, pero que hablando en plata es una barrera que impide que los habitantes puedan presentarse a registrar sus actos ante los oficiales del Estado de manera gratuita y directa.  Eso fue la creación genial de una artimaña típicamente capitalista al servicio del comunismo en su modalidad costarricense; la imposición de una fórmula de creación de intermediarios convertidos en nuevos millonarios y acumuladores de capital pero en el fondo trabajando para un estado secretamente comunista. 

¿Cómo lo hicieron?  ¿Cómo confiscaron de manera imperceptible la casa, la finca, el automóvil y la empresa?  Creando, entre otros, el impuesto a los bienes inmuebles y el pago por el derecho a circular en vehículo que creemos son derechos de nosotros; es más, este último es doble:  tenemos que pagar por el derecho a tener una cochera y por el derecho a circular, siendo que también pagamos por tener una red vial.  El conjunto es como diabólico.  Casi casi como pagar al Estado por el derecho a vivir que, yo creo, ya vendrá en forma de ley a como vamos…

Usted cree que su casa, su automóvil, su finca, su empresa son suyos pero son el Estado y el Estado se los alquila; si no pagamos el alquiler nos los quita.  Y aquí vale recalcar también que otro gol fue el de lograr que la población ni chistara cuando el Estado pasó a ser el dueño de todo lo que está en el subsuelo de las propiedades supuestamente privadas:  los minerales, el agua, el petróleo, los restos de los objetos privados de los indígenas, lo que fuese, que eran de propietarios realmente dueños y que por derecho natural y real fueron pasando de esos propietarios privados a otros y a otros que pagaban y pagaban por el mantenimiento y el cuido de esos territorios y objetos y de lo que estaba en sus subsuelos que les pertenecía por toda clase de derechos, hasta que llegó el momento de la gran y maquiavélica confiscación:  la creación del impuesto a los bienes inmuebles y del derecho de circulación.  Se le quedó por fuera al Estado solo el aire y la luz que están encima de las propiedades, pero si nos dejamos también nos los quita y alquila.

El Estado pasó de un plumazo a ser el propietario absoluto y los títulos de propiedad pasaron a ser contratos de arrendamiento.  Si usted no paga el impuesto a los bienes inmuebles se los quita el Estado y si no paga por el otro derecho tampoco puede circular y esto es de por vida.  No se finiquita nunca.  Es decir, mientras la población no exija la contrarrevolución y la recuperación de sus reales y naturales derechos.  Más aún si presume de libre, soberana y democrática.  La Constitución no cayó de los cielos;  la hicieron personas como nosotros, no semidioses ni entes sobrenaturales y por ende otras personas como nosotros podemos cambiarla en favor de la vida de los habitantes.  Y podemos cambiar leyes y reglamentos.  Por supuesto que es posible, pero primero hay que comprender en qué tipo de régimen estamos viviendo.  Y lo más importante:  si queremos hacerlo. 

De momento, siendo como es debería ser obligación y responsabilidad del Estado dar el mantenimiento a esos bienes que no nos pertenecen plenamente y que nos está alquilando.  Pero no, como si lo dicho fuera poco, somos los arrendatarios quienes cargamos con los millonarios gastos que tenemos que hacer para su mantenimiento como si fueran realmente nuestros.

Y es que la naturalización del término “impuesto” como sello de legitimidad y naturalidad fue ya el perfeccionamiento de la trama.  Es una palabra convertida en llave universal incontestable.  Cualquier fechoría puede cometerse estatalmente llamándosele “impuesto” y entonces automáticamente está bien.  No es un crimen social, no es un acto de totalitarismo, no es un robo;  es un “impuesto” (además con muchos sinónimos para disimular:  canon, derecho, licencia, patente, cargo, bono, contribución, timbre, entero y más).  Hecho así para los habitantes juega;  está legal. 

Lo irónico es que los mismos creadores de ese comunismo o de esa democracia de concepción costarricense (como quiera llamársele, da lo mismo) de Estado arrendante y población arrendataria y subarrendataria quedaron atrapados, ellos mismos y sus descendientes, en su misma trampa;  en cuanto a la intermediación innecesaria, que los mismos intermediarios notariales tienen que pagar las mismas comisiones proporcionales a colegas suyos para hacer los mismos trámites pertinentes a sus propiedades y derechos supuestamente privados cuando podrían hacerlos gratuitamente;  y finalmente que la eliminación del impuesto a los bienes inmuebles y al derecho de circulación, así como de la carísima y obligatoria intermediación sería como un bálsamo para el grueso de la población pero muchísimo más aún para los ricos (los que más propiedades tienen y más trámites notariales necesitan) pero que son quienes están sosteniendo el sistema tal cual es y con todo el poder en sus manos.  

¿Puede cambiarse esto? ¡Claro! Igual que lo impusieron:  de un plumazo y sin disparar un tiro.  Pero hay que querer hacerlo. Y no creo que haya alguien entre los 25 “seleccionados” nacionales para el clásico presidencial del 6 de febrero (mal llamado una “fiesta” siguiendo con el lavado de cerebro) que tenga la valentía y la capacidad de meter mano a este rubro concreto sobre el que yo he venido manifestándome por décadas.  De hecho no lo han abordado, no lo están abordando y no lo abordarán;  ¿por qué siendo los más poderosos grandes beneficiarios de un tal cambio? ¿Mano criminal? ¿Imposiciones foráneas? ¿Ignorancia e ineptitud? ¿Predestinación? ¡Vaya usted a saber! 

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.