«Perro que come huevos ni quemándole el hocico»

De cal y de arena

Eso -‘La Nación’ haciendo de las suyas por la vía de deformar la esencia y naturaleza del  periodismo para convertirse en una herramienta más del arsenal acopiado para consolidar y expandir el poder económico de sus principales accionistas- no es desviación de hoy; es maña vieja. Veamos:

Aún sin enfriarse los cañones de la guerra del ’48 –relata don José Figueres Ferrer en El Espíritu del 48– lo visitaron conspicuos personeros de ‘La Nación’. “Envuelta en frases equívocas y sibilinas me hicieron una propuesta, que en el fondo era muy simple: que eliminara las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social”. Relata don Pepe que le ofrecieron todo el apoyo que podían aportar el gran capital y la prensa, incluso para el caso de que dispusiera desconocer la elección de don Otilio Ulate como Presidente. Don Alberto Cañas, valedero interlocutor del líder de la guerra civil, tuvo en claro que allí iba el compromiso de poner la empresa periodística al servicio de un interés político que se extremaba hasta el desconocimiento del triunfo de Ulate.

Era, esa, la coyuntura que el gran capital visualizó como ideal para lograr lo que no había podido conseguir, incluso disponiendo ya de un diario llamado a jugar un papel fundamental en ese empeño de tumbar la Reforma Social de Calderón Guardia.

Desde entonces, a lo largo de tantos años, ‘La Nación’ evidenció que tras los ropajes propios del proyecto periodístico, lo que existía era un proyecto político. Un proyecto político al que en abono de su objetivo final, poco importaba arramblar con lo que se le atravesara, -incluidos nombres, honras y prestigios-. de quienes se le atravesaran. Desde aquella aventura que les frustró la firme resistencia de Figueres, se registra la huella de un propósito político que usa la divulgación de las noticias solo como una carátula, sin el más mínimo desvelo por el  respeto exigido en el  periodismo a las  normas  éticas  del oficio. Casos muy sonados en esta línea –el de los ex presidentes Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, el del ex presidente Oduber Quirós (con otros ribetes pero el mismo vicio en la sangre), el del ex ministro de Seguridad Pública Juan Diego Castro- destapan ese divorcio que emerge del choque ético entre lo que debe ser y lo que es.

Ahí están los contenidos del Código de Deontología Periodística que aprobó en 1993 el Consejo de Europa y que las convenciones internacionales de los periodistas adhirieron puntualmente. Igual las reglas del Derecho Internacional consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, con expresa mención a la exigencia de respetar la reputación de las personas a la hora de  ejercitar la libertad de expresión y el derecho a pensar libremente, con el nítido requerimiento de no violentar la honra ni la dignidad de las personas.  ¿Cuántos enfrentamientos en los Tribunales de Justicia, cuántas ardorosas polémicas  ha provocado ‘La Nación’ por pisotear esas preciadas reglas de juego dictadas para amparar la honra, la dignidad y la reputación de terceros?.  Claro, esas muchas broncas –y las de hoy también- son la consecuencia de la conversión de la empresa periodística en una herramienta para la consolidación de un proyecto político. Según Alberto Cañas esto pasa desde que el titular de estas libertades no es el ciudadano sino la gran empresa, amarga realidad que con el paso de los años se ha asentado y expandido.

En esa línea se acumula valiosa jurisprudencia de nuestros tribunales. Como la # 111-98 del Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José: “…queda claro que la adecuación y la veracidad son, indudablemente, límites constitucionales de la libertad de expresión. Si, como resulta en el presente caso, los periodistas callan información esencial, afirman cosas que no son, se divulga la existencia de presuntas anomalías, que nunca se han dado, no cabe la menor duda de que el ejercicio de la libertad de prensa no solo es abusivo sino que no es conforme a las exigencias constitucionales de adecuación y veracidad.” Y precisa acertadamente: “Estos límites de adecuación y veracidad se imponen en consideración a la circunstancia de que no es lo mismo que un ciudadano común y corriente un buen día decida externar su adhesión a creencias fantasiosas, manifiestamente erróneas o desactualizadas, a que lo haga una empresa que ha hecho de la información su modo de vida”.

Hoy el país presencia una confrontación directa, descarnada, entre el diario ‘La Nación’ y el Presidente de Costa Rica. Choque de trenes que tiene su partida en los tiempos de la campaña electoral cuando el periódico puso pasión y fuerza –sin límites ni condiciones- en divulgar una serie de documentos relativos a los procesos que se abrieron en el Fondo Monetario Internacional a don Rodrigo Chaves por conductas sexuales atípicas en los años en que él fue su funcionario.

Fue evidente que al periódico más que divulgar la verdad, le desvelaba utilizar aquella serie de artículos para destruir toda viabilidad política y electoral del candidato Chaves Robles. La mejor confirmación de que así fueron las cosas está en que una vez frustrada la ambición de coadyuvar al entierro de la candidatura y confirmado el triunfo de Chaves, desaparecieron como por arte de magia todas las referencias a aquella relación BM/RChR. La tormentosa  confrontación echa llamas hoy. Y si bien ya no por aquellos expedientes, sí porque el diario sigue con el celo (aunque no con los escrúpulos) de un Sherlock Holmes lo que hace y lo que deja de hacer Chaves, con sus errores y desvaríos. Está en su derecho. Lo que no le libra de la exigencia de respetar las fronteras marcadas por las convenciones internacionales y la normativa local en la materia, más precisamente en lo que se refiere  a las reglas de la veracidad y el equilibrio. Hay que tener presente que cuando el ejercicio de ese derecho resulta en una producción sesgada, desequilibrada o inexacta, (vicios que empiezan por el titular, en una multitud de casos) también emerge una amenaza al derecho del ciudadano a recibir una noticia a tono con las reglas de contenido de la profesión.

El Padre Núñez estaría sacando de su rica biblioteca aquella recomendación de emprender una batalla contra esa manera de informar que, a su juicio, se alimentaba de la mala fe. Tal vez hoy estaría convocando a una batalla contra la “prensa canalla”.

Claro está, ya Presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves no se dedicó a velar armas. Como percibió la persecución continua y sin misericordia, buscó las rutas para ripostarla. Y al estilo de Figueres Ferrer, se ha preocupado de que a su enemigo le llegue la cuenta, golpeándole ahí donde están a la vista sus debilidades financieras. Que son ciertas, amenazadoras y cuidado si no de fatal impacto económico. ¡Qué tal si se le cierra o se le debilita el ducto por el que se oxigena el jadeante periódico!.

Sería riesgoso apelar a la utilización de dóciles individuos dispuestos a denostar a Chaves y a darle viento a la versión de que aquí, de por medio, Chaves ha montado un “basukazo” a la libertad de expresión y al derecho a la información. Este mundo de las  libertades no es exclusivamente de la incumbencia de periódicos y periodistas; no es un problema gremial ni tema que atañe solo a ellos como beneficiarios.

“Perro que come huevos ni quemándole el hocico”. Retorcer los hechos, en aquellos años o recientemente (la fecha es secundaria), no es lo capital; lo destacable es la evidencia de una conducta que se repite. Una conducta dirigida más que a informar, a destruir un honor, una carrera, un poder político o un rival empresarial. Es una dañosa y pérfida vocación, llámese el objetivo Daniel Oduber, Calderón Guardia, Rodríguez Echeverría, Juan Diego Castro, Rodrigo Chaves.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista