San Salvador, 15 feb (Prensa Latina) El Salvador amaneció hoy con la prórroga del régimen de excepción que el 27 de marzo cumplirá un año de vigencia y de enfrentamiento a las pandillas.
La Asamblea Legislativa aprobó la nueva extensión, la número 11, luego de un debate en la tarde noche del martes entre diputados de Nuevas Ideas que destacaban los éxitos de la medida y criticas de opositores por la detención de millares de inocentes.
La decisión permite prolongar el periodo de detención de una persona, intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y suspender ciertos derechos de defensa.
La víspera cuando fue presentada la iniciativa a la Asamblea por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue divulgado que mediante la aplicación de las medidas del Plan de Control Territorial (PCT), acompañado por el régimen de excepción, fueron arrestados 64 mil 111 supuestos pandilleros o colaboradores.
Los reos que, en la mayoría de los casos son procesados por agrupaciones ilícitas, delito castigado con penas de 20 a 30 años de prisión, y de 40 a 45 años si son cabecillas, purgarán sus condenas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, San Vicente, inaugurado recientemente.
Villatoro adelantó que su dependencia junto a la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales, preparan “el camino procesal” necesario para los capturados durante el régimen de excepción.
Las autoridades no abordaron aun si buscarán condenas de por vida a los delincuentes pero llama la atención que la mayoría de los arrestados son jóvenes a los que se le negará su reeducación y reinserción a la sociedad. No obstante, en el nuevo centro penitenciario existen fábricas y talleres para que los presos aporten a la sociedad.
Los terroristas que vayan al CECOT “no van a volver nunca a nuestras comunidades”, declaró el ministro luego de presentar el pedido de prórroga al presidente legislativo, Ernesto Castro.
Durante los debates antes de la aprobación, los partidos de oposición criticaron las detenciones arbitrarias denunciadas por organizaciones de derechos humanos y que según el propio gobierno ascendieron a cerca de tres mil 745 personas.
Pese a las críticas, el gobierno y sectores de la población destacan que el país vive un ambiente de mucha seguridad luego de la reducción de los homicidios a un índice por debajo de dos por cada 100 mil personas, que lo coloca a la vanguardia de América Latina, según reiteró en redes sociales el presidente Nayib Bukele.
