Ciudad de México, 23 feb (Sputnik).- El veredicto en una corte de Nueva York, EEUU, que declaró culpable por narcotráfico al ex titular de Seguridad de México, Genaro García Luna (2006-2012), interroga a los gobiernos que logró evadir hasta que fue detenido en 2019 y muestra el fracaso de la guerra contra el crimen organizado que él heredó.
La directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez Ortega, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik que el desenlace del juicio «es oportuno para cuestionar la política de seguridad pasada y actual en México».
Cuando García Luna fue el hombre fuerte del entonces presidente Felipe Calderón, se consumaron dos cambios fundamentales en la estrategia mexicana de seguridad: «la primera fueron los operativos de carácter permanentes contra la delincuencia organizada», comienza la experta.
Esas operaciones masivas de fuerzas combinadas, lideradas por militares, empezaron en el central estado de Michoacán, y se extendieron al justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada.
Ese paso se dio «sin comprobar un crecimiento real de la violencia homicida en el país, cuando se popularizaron y se volvieron permanentes» en la mitad de los 32 estados del país.
Cuando comenzó la presidencia de Calderón, la tasa de homicidios era apenas de siete por cada 100.000 habitantes, compara.
La estrategia militar no impidió triplicar o cuadruplicar las tasas de homicidios: ese indicador se elevó a un máximo de 21, terminó en 19 por cada 100.000 habitantes en 2012, y subió a 28 una década después.
«Ese aumento de la violencia no pudo trastocar ni el tamaño ni la prosperidad del mercado ilegal de drogas que abastece a todo el mundo, sobre todo hacia EEUU, como fue explicado en los testimonios del juicio en Nueva York», indica Sánchez Ortega.
Estrategia fallida
La autora del ensayo «Poner fin a la guerra contra las drogas: cómo ganar el debate en América Latina», apunta que tampoco se trastoca el poderío de las organizaciones criminales ni su número.
Al contrario, «la estrategia atomiza las redes del crimen organizado mexicano, y popularizó la creación de brazos armados que prestaron servicios como sicarios de manera móvil, tornando muy difícil el rastreo en el terreno de las grandes organizaciones criminales».
Explica que Calderón popularizó los operativos permanentes contra la delincuencia organizada y esas acciones «demostraron tener resultados catastróficos», subraya.
Los testimonios presentados por la fiscalía de Nueva York en el juicio mostraron además que en la violencia homicida y violaciones a derechos humanos «hubo también un grado de colusión de las autoridades mexicanas».
No es nuevo, pero es el primer alto funcionario sancionado en el sistema de justicia extranjera, señala la especialista, posgraduada en gobernanza por la Escuela de Economía de Londres y el Instituto de Estudios Políticos de París.
El segundo de los cambios mencionados por la académica, fue la militarización de la seguridad, amparada en un «régimen de excepción» mediante reformas al sistema judicial.
Ese nuevo orden jurídico violentó la estructura del régimen constitucional mexicano, dice.
Una nueva ley de delincuencia organizada y reformas constitucionales le dieron luz verde a los abusos: «se autorizó la prisión preventiva automática y el arraigo judicial, que limitaron garantías procesales y autorizaron el aislamiento e incomunicación de imputados, sin presencia de jueces civiles», detalla la experta.
Las medidas están siendo ahora sometidas a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ese tribunal internacional «cuestiona sus consecuencias negativas en las víctimas y las herramientas que le dieron mayor rango de arbitrariedad a las autoridades», prosigue.
El cuadro empeoró porque ese régimen legal arbitrario «se creó sin invertir en la profesionalización de las fuerzas gubernamentales, con una narrativa de guerra contra las drogas», enfatiza.
Desmontar la guerra
El modelo se implementó para justificar la falta de persecución de otros delitos, que se hubiesen podido atacar con mayor eficacia: podrían haber sido acusados por homicidios dolosos, secuestros, desaparición de personas, lavado de dinero, corrupción y sobornos, ejemplifica la autora.
«En vez de eso, se implementaron campañas de detenciones arbitrarias de miles personas acusadas por la posesión simple de drogas», como la marihuana, cuya legislación para despenalizarla sigue congelada en el Senado desde hace un año, explica.
Para desarticular la maquinaria militar y jurídica es determinante modificar la política sobre drogas, dice la académica.
«La ilegalidad de esos mercados en México empodera a las organizaciones criminales y genera resultados negativos en salud pública de consumidores en EEUU «, indica Sánchez Ortega.
Militarizar la seguridad pública amparada en un régimen de excepción exige dos reformas: «una es la regulación legal de las sustancias para no alimentar mercados clandestinos, sin resultados en la demanda de países consumidores», explica.
Advierte que mientras en EEUU crece la crisis de salud pública por drogas poderosas, como el sintético fentanilo extraído del opio, «también sigue viva la manipulación política del tema, que busca la aceptación del público estadounidense de la presión sobre México para descabezar carteles», que ha mostrado su ineficacia.
La otra reforma imperativa es «desmantelar la militarización reactiva del supuesto control de la delincuencia organizada en un marco de completa impunidad de las autoridades responsables», señala la especialista.
Después del juicio
El proceso en Nueva York no deja satisfecha a la sociedad, porque no sustituye procesos de justicia pendientes contra responsables de graves violaciones masivas de derechos humanos.
«El riesgo del desenlace del juicio es que estos casos se usen políticamente para reforzar la narrativa de guerra y militarización de la seguridad pública que azuzan el conflicto», advierte Sánchez.
Tampoco se ha juzgado a los responsables de la muerte de personas en operativos de tráfico de armas como el denominado Rápido y Furioso -permitido para rastrear a las mafias con chips ocultos, que fueron descubiertos-, o los responsables de espionaje con mayor abuso de fuerza contra ciudadanos.
«El juicio no exime a México de la obligación de investigar esas atrocidades de desapariciones y asesinatos masivos», enfatiza la especialista.
También señala que está pendiente la vigilancia del financiamiento sucio de campañas políticas y las redes de criminalidad macro que se tejen desde las autoridades locales hasta las federales.
Finalmente, propone «abandonar la discusión polarizada y maniquea de que los políticos de antes son los malos y los de ahora son los buenos».
El país latinoamericano tiene una deuda pendiente: que la justicia no se haga en las cortes de EEUU, donde no siempre se dice «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», como dice el juramento de los testigos. (Sputnik)
El gran desafío de México sigue siendo desmontar la guerra contra el narcotráfico
