Ciudad de México, 27 feb (Sputnik).- Decenas de miles de manifestantes han protestado este domingo en la capital y las principales ciudades de México contra la reforma promovida por el oficialismo para reducir atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y recortar su presupuesto y personal, que, según la oposición, vulnera la autonomía del organismo creado hace tres décadas.
La principal protesta saturó la plaza capitalina del Zócalo –ubicada frente al Palacio Nacional, residencia oficial del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador– donde la multitud vestida de blanco y rosa, colores del organismo electoral, convocada por organizaciones civiles y todos los partidos de la oposición representados en el Congreso, entonó el himno nacional, y coreó la consigna «¡El INE no se toca!».
Uno de los oradores en el acto, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, (2003-2018) cuestionó el denominado ‘Plan B’ impulsado por López Obrador y aprobado después de que el plan original para cambiar la Constitución no alcanzara la mayoría calificada requerida: dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso.
«El presidente ha dicho que los ministros serán corruptos si invalidan la reforma; pero los ministros únicamente podrían ser considerados corruptos si desconocen los artículos que regulan órganos y procedimientos electorales», exclamó el exmagistrado del máximo tribunal en su discurso.
El jefe del Ejecutivo anunció el pasado 23 de febrero que promulgaría las reformas del ‘Plan B’ –que solo modifica las leyes electorales secundarias– aprobadas por el Congreso con la mayoría simple de la mitad más uno que posee el oficialismo.
Toda la oposición, por su parte, votó en contra la semana pasada, alegando supuestas violaciones a la Carta Magna, y anunció que impugnaría el dictamen en la Suprema Corte de Justicia, escenario de la siguiente batalla política.
La contrversia
El jurista expresó que la Constitución mexicana apoya la diversidad; «y sirve como contrapeso para quienes ocupan temporalmente el poder», en alusión a la alternancia.
Por su parte, el INE ha difundido este domingo en sus redes sociales recordatorios de su función en los procesos electorales.
«El INE, durante más de 30 años y siempre de la mano de la ciudadanía, ha organizado elecciones con calidad y el resultado ha sido el mismo: paz pública», dice un mensaje promovido con la viñeta ‘YoTambiénSoyINE’.
Otro mensaje difundido el mismo día indica que la democracia da claridad a los resultados.
«Un mejor futuro puede construirse siempre en democracia y con elecciones auténticas», indica el organismo integrado por figuras no partidistas, designadas por el Congreso.
Por su parte, el consejero nacional de INE Ciro Murayama, cuyo mandato de nueve años llega a su fin sin posibilidad de reelección, publicó en su cuenta de Twitter que «las elecciones limpias permiten que la disputa por el poder sea pacífica».
«Por eso, en este país donde ya sobra tanta violencia, hay que cuidarlas», recalcó.
Con la creación del INE, la alternancia en la presidencia, el Congreso y gobiernos locales del país latinoamericano comenzó en 1997.
«Esto lo ha construido la ciudadanía en conjunto con el INE», afirmó Murayama.
Por su parte, el presidente del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, calificó la manifestación como «farsa» de nostálgicos del pasado.
Con la presidencia de López Obrador, México dejó atrás «un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país», dijo el dirigente de Morena en un comunicado .
La manifestación duró más de dos horas y terminó con incidentes menores, con algunos conatos de violencia entre oficialistas y opositores.
Las reformas eliminan las 300 juntas ejecutivas distritales, encargadas del padrón electoral, instalación de casillas el día electoral, cómputo de los votos, monitoreo de la cobertura de radio y televisión, y la fiscalización de los fondos de los partidos y campañas.
Con esa medida se deben despedir a 6.000 funcionarios ciudadanos, y se elimina el 85 por ciento del Servicio Profesional Electoral, así como los fondos y fideicomisos del INE.
El Gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que, según la oposición, vulnera los datos personales y abre la puerta a uso faccioso de la información.
Finalmente, los funcionarios y candidatos podrían utilizar fondos públicos para hacer campaña sin ser sancionados.
Esta fue la segunda protesta callejera masiva en los cuatro años del sexenio de López Obrador, que termina en 2024, tras la primera realizada en noviembre pasado. (Sputnik)
