San José, 28 mar (Elpaís.cr).- El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Jorge Luis Torres, pidió en el Plenario Legislativo, que los delincuentes violentos y ligados al narcotráfico, no deben salir tan fácilmente de prisión como está ocurriendo en la actualidad.
El titular en materia de seguridad nacional, solicitó a los congresistas ser recibido en el Plenario, para proporcionar detalles sobre el tema de la seguridad que tanto preocupa a los costarricenses.
Torres dijo que se mantuvo durante todo el martes en diversas reuniones con congresistas, dentro de la Asamblea Legislativa y consciente del interés que todos tienen en el tema, quiso presentarse a rendir cuentas de lo que se está haciendo en su cartera.
Al igual que lo ha hecho en diversas fechas y comisiones, el responsable de la seguridad reiteró que hay temas específicos que están influyendo en la alta incidencia de criminalidad que se tiene en el país. Uno de ellos, según el jerarca, es el narcomenudeo que se da en las comunidades y como resultado de ello, las muertes por las luchas por controlar territorios.
También hizo referencia a la gran cantidad de armas de fuego que se encuentran dispersas en todo el país, por lo que se debe hacer una revisión exhaustiva de la legislación en esa materia y endurecer los controles.
De acuerdo con los datos que presentó Torres un 63 por ciento de los homicidios se relacionaron con ajustes de cuentas, la mitad de esos delitos se cometen utilizando como medio de transporte una motocicleta y el 42 por ciento de esos asesinados tenía expediente judicial.
Torres solicitó a los congresistas el apoyo para una serie de proyectos que serán enviados a la corriente legislativa, luego del receso de Semana Santa, la mayoría relacionados con reformas al Código Procesal Penal, al Código Penal y a la Ley de Armas.
Ante consultas de la parlamentaria Gloria Navas, Torres aclaró que están trabajando en conjunto con representantes del Ministerio de Justicia, el Instituto de Control de Drogas y el Colegio de Abogados, entre otros, en una política de seguridad nacional, que esperan tener lista en el mes de noviembre.
Como una «alcahuetería» calificó la congresista María Marta Carballo la problemática que se presenta con la gran cantidad de sentenciados que son liberados por las autoridades carcelarias y regresan a las calles a cometer nuevos crímenes.
La diputada indicó al visitante que el expediente 23.519 Ley para Revocar o Modificar el Beneficio de la Libertad Condicional al Condenado que sea Arrestado en el Desfrute del Beneficio, que ya se encuentra en la corriente legislativa, es un instrumento que, de aprobarse, vendría a surtir un efecto casi inmediato en la cantidad de delitos cometidos por reincidentes.
El parlamentario Gilberto Campos dijo que el Ministerio de Seguridad Pública está urgido de recursos que le resuelvan el problema de la falta de patrullas, de personal, de capacitación del personal, armas, chalecos, botas y de dignidad para la Fuerza Pública.
Criticó el recorte introducido este año por casi 1.000 millones de colones y el hecho que no se le asigne, no solo más presupuesto, sino todos los recursos provenientes de diversas leyes que le corresponden, a pesar de la crítica situación en que estamos inmersos.
El congresista Daniel Vargas sostuvo que la crisis que enfrenta el país en el campo de la seguridad no es un problema de voluntad política sino de recursos y fue claro en que la principal problemática que se presenta, no solo para la seguridad del país, sino en la educación, la salud, las carreteras y muchos otros sectores, se relaciona con la falta de dinero.
