Ciudad de México, 31 mar (Sputnik).- Cinco funcionarios públicos y privados han sido arrestados acusados por homicidio doloso en el incendio en el que murieron 39 migrantes de Centro y Sudamérica y resultaron lesionados graves 28 extranjeros más el martes en el centro de detención para extranjeros en Ciudad Juárez, fronteriza con EEUU, informó el jueves la fiscalía.
«Se concedieron seis órdenes de aprehensión», dijo en conferencia de prensa la fiscal especial en derechos humanos, Sara Irene Herrerías, aunque la sexta, contra un migrante que supuestamente comenzó el fuego, no se ha podido cumplir hasta el momento.
Los imputados son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada, y una persona que presuntamente inició el incendio.
Una persona más aún no ha sido puesta a disposición judicial, presuntamente un migrante, que según la primera versión oficial comenzó el incendio cuando los detenidos supieron que serían deportados.
Las autoridades federales detectaron irregularidades en la empresa privada Grupo de Seguridad Privada Camsa, que trabajaba en la estación migratoria del INM, dijo por su parte la titular de la cartera federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
«Sólo tenía reportados a cuatro empleados con 10 uniformes, y el contrato con el INM era de 503 elementos en 23 estados de la República», dijo la funcionaria.
Un proceso administrativo fue abierto para revocarle el permiso e imponer una multa económica a la empresa de seguridad privada.
«Ya se tienen identificados a los socios (de la empresa Camsa): David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales», dijo Rodríguez.
Camsa fue creada en 2015, con nombre comercial de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional, y le ganó el contrato por adjudicación directa a su competidor Servicios Especializados en Investigación y Custodia (Seicsa), publicó el periódico Milenio.
Medios nacionales y extranjeros publicaron que Seicsa es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en el norte de México, Elías Valdés Cabrera, empresa que durante dos años proporcionó el servicio de vigilancia a centros migratorios del INM, hasta enero de 2022, detalló ese periódico citando a un representante de la compañía.
Origen de las víctimas
La jefa del Gabinete de Seguridad donde están representadas corporaciones de las Fuerzas Armadas reveló por primera vez el origen de las víctimas.
«De las 39 personas fallecidas, seis son de nacionalidad hondureña, siete salvadoreña, 18 guatemalteca, una colombiana y siete venezolana», anunció Rodríguez en conferencia en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.
Sobre las 28 personas extranjeras heridas: cinco son salvadoreñas, 10 guatemaltecas, ocho hondureñas y cinco venezolanas, quienes permanecen hospitalizadas, excepto una que ha sido dada de alta.
La fiscalía solicitó documentación sobre el funcionamiento de las estaciones migratorias donde son recluidas las personas extranjeras en situación legal irregular desde donde eventualmente son deportadas
El INM debe explicar «cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles», dice la querella judicial.
La funcionaria federal dijo que la compañía privada Camsa está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024
Otro hallazgo es que la empresa «no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal».
Finalmente dijo que las autoridades van a proteger los derechos humanos de las víctimas y que la diligencia tiene que ser apegada a derecho
«Si no lo hacemos así, las órdenes de aprehensión no estarán fundadas y queremos darle una respuesta a las víctima», puntualizó.
A las víctimas sobrevivientes y sus familias prometió que «no habrá impunidad, sin importar quien sea, hasta donde tope (…) en un episodio que nos genera mucho dolor».
El periódico El Universal publicó copia facsimilar del contrato de servicios de seguridad de la empresa en 2022 a todas las instalaciones del INM en todo el país y por el que cobró en año por el equivalente a nueve millones de dólares, sin concurso público, sino por adjudicación directa. (Sputnik)
Autoridades mexicanas detienen a 5 imputados por incendio en que murieron 39 migrantes
