Caracas, 6 abr (Prensa Latina) El presidente Nicolás Maduro hará una gran consulta nacional sobre la sentencia incidental emitida hoy por la CIJ, que dará paso a la revisión del fraudulento arbitraje cometido contra Venezuela en el Laudo de París de 1899.
Así lo anunció este jueves la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez al fijar, a través de la lectura de un comunicado, la posición oficial del Gobierno bolivariano sobre el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su sede de La Haya.
En los próximos días el Presidente se va a dirigir al país y hará una gran consulta con todos los sectores sobre las implicaciones que tiene esta sentencia incidental, recalcó la vicemandataria.
La también ministra de Economía y Finanzas comentó que los alegatos y argumentos de Venezuela fueron escuchados, y se demostró ampliamente en qué consistió el fraude que culminó y consumó en ese Laudo de finales del siglo XIX.
Comentó que la CIJ está diciendo que esa conducta “ilícita y fraudulenta” (la del Reino Unido) y sus consecuencias pueden ser revisadas, que es lo señalado por la República Bolivariana.
Ratificó que no hay ninguna deuda que este país es el único heredero histórico del territorio sobre la Guayana Esequiba, y apuntó que ese Estado europeo nunca tuvo título sobre esa región.
Rodríguez afirmó que Venezuela nació como República con el territorio de la Guayana Esequiba, y preguntó cuándo el Reino Unido tuvo título, y mucho menos pudo habérselo heredo a Guyana, hoy impulsada por intereses mercenarios de las grandes transnacionales del petróleo.
Denunció que 13 empresas están de manera ilícita explotando ese territorio por concesiones otorgadas por Guyana, que lo hace para enriquecer a esas grandes empresas del petróleo, las cuales se encargaron de financiar a los abogados de esa nación ante la CIJ.
La vicepresidenta manifestó que las autoridades guyanesas tienen la obligación de regirse por el Acuerdo de Ginebra de 1966 para la resolución de esta controversia, como único mecanismo válido vigente, debidamente depositado ante las Naciones Unidas, para la resolución de la disputa territorial.
El comunicado dado a conocer por Rodríguez subrayó que Caracas no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia por cuanto “excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo” de Ginebra de 1966.
Venezuela, remarcó, evaluará sus implicaciones de manera exhaustiva y “adoptará todas las medidas a su disposición” para la defensa de sus legítimos derechos e integridad territorial.
