Santiago de Chile, 17 abr (Prensa Latina) A pesar de la oposición de organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente, el Consejo de Ministros de Chile aprobó hoy extender hasta 2036 el proyecto minero denominado Los Bronces Integrado.
La explotación pertenece al consorcio transnacional Anglo American con sede en Londres, Reino Unido, y decenas de minas ubicadas en África, Australia y el Norte y Sur de América, donde extrae diamantes, cobre, platino, carbón, mineral de hierro y potasio.
Es una de las principales compañías mineras del mundo y en Chile posee varias instalaciones que son muy cuestionadas por el daño ocasionado al medio ambiente.
Los Bronces Integrado es un complejo ubicado en la cordillera de Los Andes, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Santiago y a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar.
Este lunes más de 20 organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos de la población denunciaron que esta corporación es responsable del deterioro del nivel de agua del río Mapocho, que recorre toda la capital y constituye una de las principales fuentes.
En una carta abierta dirigida al presidente Gabriel Boric y su Consejo de Ministros, los firmantes precisaron que “en Chile se abrieron las puertas a un extractivismo desmesurado, enmascarado de inversión y sin reglas”.
Se refiere el texto a uno de los pretextos para aprobar la prórroga a ese proyecto, con una inversión aproximada de tres mil millones de dólares, una cifra mínima comparada con las grandes ganancias obtenidas por ese grupo.
La empresa, señalaron los denunciantes, perpetrará daños irreversibles en los glaciares rocosos de la cordillera, poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para las actuales y futuras generaciones de chilenos.
Además recordaron que ya en una oportunidad esa explotación recibió el dictamen negativo del Servicio de Evaluación Ambiental, precisamente por los daños ocasionados al entorno natural.
No obstante estos antecedentes, el Gobierno decidió dar luz verde a la propuesta, que podría generar problemas en el abasto de agua para el consumo humano, la agricultura y la generación de electricidad en la zona central del país.
