Ciudad de México, 17 abr (Sputnik).- Un tribunal del Poder Judicial federal de México aprobó de manera unánime confirmar la orden de creación y operación de un Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) para registro de más de 100.000 personas desaparecidas, informó este lunes el Centro de Derechos Humanos ‘Agustín Pro’.
«Esta determinación es definitiva e irrevocable», pese a que las autoridades de la Fiscalía General que encabeza el fiscal Alejandro Gertz impugnaron la sentencia, dice organismo de la orden católica jesuita.
La decisión del Tribunal Colegiado confirma el retraso en que ha incurrido la Fiscalía General para atender sus obligaciones en materia forense y la urgente necesidad que han manifestado familiares, colectivos de búsqueda de desaparecidos, organizaciones y organismos internacionales.
La orden es «que el BNDF se encuentre en operación a la brevedad, como herramienta que permita atender la crisis de más de 110.000 personas desaparecidas y más de 52.000 cuerpos sin identificar (en morgues y fosas comunes) que atraviesa el país».
La sentencia judicial ordena a la Fiscalía General implementar el BNDF en un plazo de 40 días hábiles bajo su supervisión del juzgado federal.
Litigio en defensa de DDHH
El tribunal concluyó en su dictamen que el BNDF es una herramienta que garantiza los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia de personas desaparecidas.
«Su falta de creación vulnera los derechos de Olimpia Montoya, buscadora de Guanajuato que promovió el amparo», que es una figura de protección judicial ante las acciones u omisiones de las autoridades.
La Fiscalía General impugnó la sentencia que otorgaba el amparo solicitado por la hermana de un desaparecido, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito votaron de manera unánime para ordenar la creación del BNDF.
Según las magistradas y magistrados, el dictamen confirma la responsabilidad de crear y operar esta herramienta, que consideran «fundamental para atender la crisis de personas desaparecidas y en materia forense en el país».
Esta sentencia pone fin al litigio y ordena, de manera definitiva e irrevocable, que el fiscal Gertz y la institución que dirige deben implementar el Banco de Datos Forenses en un plazo de 40 días hábiles.
El litigio comenzó con una solicitud de amparo judicial presentada por Montoya, cuyo hermano se encuentra desaparecido y es acompañada por abogados del Centro de Derechos Humanos de la Compañía de Jesús.
El 5 de octubre de 2022 un juzgado otorgó el amparo solicitado y ordenó a la Fiscalía «hacer todo lo necesario para crear el Banco como lo mandata la Ley General en materia de desaparición».
La orden incluye, además de hacer públicos los lineamientos para su operación y desarrollo, «obtener recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas».
En lugar de cumplir con esta obligación judicial y atender el llamado de miles de familias de personas desaparecidas, la Fiscalía General que encabeza Gertz esgrimió que no se encontraba dentro de sus facultades la implementación del BNDF.
Los fiscales afirmaron también «que su inexistencia no le generaba ninguna afectación a las familias de personas desaparecidas», dice el informe de los abogados defensores de víctimas de abusos gubernamentales.
El Tribunal consideró infundados esos argumentos ya que el banco mencionado y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas garantizan los derechos a la «búsqueda, a la verdad y a la justicia».
La omisión de la Fiscalía «vulnera» esos derechos y la falta de implementación de estas herramientas «limita injustificadamente la búsqueda» de personas desaparecidas, agregó.
La institución jesuita exige finalmente a la Fiscalía a cumplir pronto la sentencia, priorice las acciones, el presupuesto y las medidas necesarias para enfrentar la «crisis forense» que padece el país. (Sputnik)
viernes 3, mayo 2024
