Ciudad de Guatemala, 22 abr (Prensa Latina) La campaña electoral de cara a las urnas y las acciones legales de los partidos en las Cortes, destacaron en la semana noticiosa que concluye hoy en Guatemala.
Un hecho de violencia en Tucurú, Alta Verapaz, subió el tono del enfrentamiento entre las 30 agrupaciones en la contienda y en especial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Valor-Unionistas.
En un vídeo apareció una simpatizante de la presidenciable de este último partido, Zury Ríos, pistola en mano y disparó al suelo el pasado lunes en un enfrentamiento que generó todo tipo de cuestionamientos en los medios, sobre todo porque ocurrió a solo cuatro días de que firmaran un Acuerdo de No Agresión promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por los acontecimientos, la aspirante a Presidenta de la UNE, Sandra Torres, denunció ante el Ministerio Público el ataque armado, después de una acalorada discusión en varias partes, tipo novela.
Por su parte, Ríos -hija del exdictador Efraín Ríos Montt-, salió de inmediato en un vídeo en sus redes sociales para supuestamente calmar los ánimos con su decisión de identificar a esa persona, separarla de sus colaboradores y «aplicarle todo el peso de la ley, apegado a su código de ética».
También el TSE emitió un comunicado para llamar a la cordura y varios contendientes aprovecharon el momento para sacar lasca del episodio e intentar subir en las encuestas, dominadas hasta ahora por Ríos y Torres.
En el orden legal, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) logró que la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptara un amparo en función de inscribir a su binomio presidencial, fuera de la contienda por decisión del Registro de Ciudadanos (RC) del máximo ente electoral y en un segundo momento, por la Corte Suprema de Justicia.
De esta forma, el tribunal constitucional tiene literalmente en sus manos la participación de Thelma Cabrera (cuarta en los comicios de 2019) y de Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos (2017-2022).
Ambos enfrentan un laberinto legal desde febrero último, un mes después de su proclamación oficial en Asamblea General de la agrupación, pero a merced de las Cortes, que como cuatro años atrás están jugando un papel trascendental en aceptar o denegar candidatos.
Según los abogados del MLP, las resoluciones tanto del RC primero como del TSE, después, violan el derecho a elegir y ser electos de su fórmula presidencial y le obliga a mantenerse fuera de la campaña iniciada el 27 de marzo.
Para el MLP, la obstaculización que ponen a la participación de sus aspirantes presidenciales no se debe a Rodas, sino al sistema actual, pues consideran tanto al TSE como a la CSJ muy sumisos a los poderes fácticos.
