Quito, 26 abr (Prensa Latina) El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, faltará hoy a su cita para declarar ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) como parte del proceso de juicio político en su contra por el delito de peculado.
El mandatario estará representado por su abogado, Edgar Neira, y el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien anunció que la presencia de Lasso solo se dará cuando deba realizar su alegato de defensa ante el pleno del legislativo.
El jefe del Ejecutivo estaba citado para este miércoles, última jornada de la fase dedicada a escuchar testimonios en la Comisión, que tiene 10 días a partir de mañana para preparar un informe sobre si recomienda o no el enjuiciamiento político.
Los legisladores solicitantes del juicio también presentarán hoy sus argumentos, algo que estaba previsto para la víspera, pero la sesión quedó aplaza de forma que acusación y defensa comparecerán el mismo día.
La oposición ecuatoriana acusa a Lasso del delito de peculado (malversación) ante supuestas irregularidades en un contrato de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía Amazonas Tankers.
El pasado viernes, el exprocurador Íñigo Salvador señaló que la Procuraduría General del Estado no revisó el convenio entre ambas compañías en 2021 porque la Contraloría ya había hecho un examen especial.
El contralor, Carlos Riofrío, reconoció que existió un informe borrador con indicios de responsabilidad penal por pérdidas de seis millones de dólares debido al convenio entre Flopec y Amazonas Tanker, pero ese documento se archivó porque consideraron los hallazgos insuficientes.
El presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP), Joaquín Ponce, confirmó en su declaración a la Comisión no haber recibido ninguna disposición de Lasso para tomar medidas políticas o administrativas en Flopec y evitar el presunto peculado.
Por su parte, el exsecretario nacional Anticorrupción Luis Verdesoto aseguró que en 2022 entregó al mandatario fichas con alertas de corrupción en empresas públicas, incluida Flopec.
Aunque el Gobierno y sus aliados afirman que no existen pruebas del delito, para la asambleísta Viviana Veloz, del movimiento Revolución Ciudadana y una de las solicitantes del juicio político, “la verdad cae por su peso” y está comprobado que Lasso generó un esquema para el desvío de fondos públicos.
