Nuevamente se hace necesario salir al paso de las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros referentes a pensiones de regímenes especiales, que aparecen en posteo en redes por parte de N+ Última Hora Costa Rica con fecha 1 de mayo. En el mismo se reproducen las declaraciones de la diputada, expresadas aparentemente en el espacio legislativo, manifestando su indignación ante esas pensiones. Se aclara que la réplica presentada aquí se refiere principalmente a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.
a) Se manifiesta la Diputada Cisneros indignada por lo que ella considera el robo legalizado que significa el otorgamiento de pensiones espurias, con base en leyes que han sido aprobadas impúdicamente por “grupos de poder”, para beneficiar a magistrados, ex diputados y educadores, en abierta contradicción con la Constitución, que ordena un solo régimen de pensiones administrado por la CCSS.
Réplica:
Si una ley roza con principios elementales contemplados en la Constitución, el camino que nuestra institucionalidad dicta es el recurrir dicha ley ante el tribunal constitucional. Curiosamente la diputada omite mencionar que desde 2017 la asociación Penjusol (pensiones justas y solidarias), enemiga a muerte de las pensiones de regímenes especiales y bien conocida por la diputada, que incluso ha divulgado su producción en redes, recurrió ante la Sala IV las leyes 7302 (Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional ), 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), Ley 148 (Ley de Pensiones de Hacienda), y Ley 7333 (Ley Orgánica del Poder Judicial). El resultado fue que la Sala IV, en el voto 2840-20, rechazó de plano la acción, con base en los votos previos 846-92 y 3063-95, que establecieron que no es inconstitucional la existencia de regímenes de pensión diferentes al IVM (CCSS), y de paso no encontraron los vicios apuntados por los recurrentes. Esta omisión por parte de la diputada es grave, ya que deja la impresión en la audiencia de que esas leyes todavía no se han recurrido y de que esa “guerra contra las pensiones de lujo” es un proceso en desarrollo, cuando en realidad el tribunal constitucional ya negó la pretensión de Penjusol.
Por lo demás, nada impide que el despacho de la diputada Cisneros investigue el otorgamiento de las pensiones que considere “espurias”. ¿ Anomalías? Para eso existen mecanismos legales para evidenciarlas. Por ello, despierta suspicacia que la diputada Cisneros manifieste repetidamente esos puntos de vista, que como es claro, constituyen una visión parcial de la temática, carente de base y que oculta aspectos esenciales del tema. Llama la atención su insistencia en afirmar que la Constitución ordena un régimen único de pensiones, a pesar de la jurisprudencia de la Sala IV, que considera el precepto constitucional como no excluyente de otros regímenes.
b) Indigna a la diputada Cisneros la oposición a su iniciativa de que por referéndum se puedan afectar las pensiones, en razón de que los “grupos de poder” se exponen a “perder su mal habido privilegio”.
Réplica:
Las materias técnicas de alta complejidad, entre ellas las que versan sobre pensiones, están excluidas de los referendos. No por lo que afirma la diputada, el temor a perder privilegios mal habidos, sino en razón de lógica y sentido común. Temas complejos y técnicos no se politizan. De nuevo, no se vale lanzar insinuaciones sin fundamento. Si la diputada sostiene que las pensiones de regímenes especiales son mal habidas, como lo ha hecho durante años, es imperativo que ofrezca pruebas, no solo palabras.
Profesa la diputada Cisneros “respeto y amor por el soberano”, y por ello aboga para darle injerencia sobre asuntos altamente técnicos, como en el caso de pensiones. Sin embargo, en días pasados, ella, y la mayoría de las fracciones legislativas, votaron en contra de continuar la discusión del proyecto de ley para el combate al fraude en Hacienda Pública, expediente 21 414. Extraño amor es ese, que bloquea iniciativas que vendrían a incrementar la recaudación fiscal sin imponer nuevos impuestos, y por ende a aminorar las consecuencias de la estrechez fiscal que atosiga a ese soberano. Porque bien sabe la diputada que la magnitud de la evasión y la elusión es tal que, de corregirse, haría desaparecer el déficit fiscal en pocos años.
c) Causa indignación a la diputada que exista “una casta que se reparte millones mientras hay quienes esperan un subsidio no contributivo de 82 000 colones mensuales”, y que esas pensiones espurias le impidan al país invertir en salud, seguridad, educación e infraestructura.
Réplica:
La diputada aparentemente concuerda con las manifestaciones del abogado Carlos Roberto Loría, quien afirmaba lustros atrás que ”los chupópteros pensionados de lujo son responsables de la ruina moral y económica de la patria”. Lamentablemente los números desmienten esa visión apocalíptica. Una vez más, debe recordársele a la diputada que un estudio del periódico La Nación, (también enemigo acérrimo de las pensiones de regímenes especiales), demostró que imponer un tope de 2.7 millones a TODAS esas pensiones, tope que eliminaría las llamadas “de lujo”, resultaría en un “ahorro” de solamente 0.6% del total destinado a ese pago. Con los últimos números en mente, ese ahorro sería menor a los 10 000 millones. Por consiguiente, es falso que las “pensiones de lujo” causan estrechez fiscal e impiden la inversión en rubros esenciales para el país.
Aun a riesgo de ser repetitivo, debe recordársele a la diputada que según estadísticas de JUPEMA, de los 45 000 pensionados del Transitorio de Reparto, tan solo un 1.86% reciben pensiones de 4 millones nominales o superiores, y que además estaban sujetas a deducciones totales de hasta el 70% del nominal previo a la entrada en vigencia de la ley 9796, de manera que el grueso de esas “pensiones de lujo” retornaba al erario. Simplemente no existe esa “danza de los millones”, que se usa como conveniente anzuelo populista para enardecer incautos. El 95.5% de las 45 000 pensiones del RTR son menores a 2.8 millones nominales, sin incluir las deducciones de ley. Son esas pensiones las que consumen la mayor parte del gasto, no las más elevadas.
El aparente desconocimiento de que hace gala la diputada de las estadísticas mencionadas despierta también suspicacia en cuanto a su motivación, ya que, como se apuntó, reitera continuamente las mismas inexactitudes, a pesar de que se le han refutado en numerosas ocasiones.
Por supuesto que es deseable que los subsidios no contributivos se incrementen para quienes nunca pudieron cotizar. Pero ¿cómo se va a lograr ese objetivo cuanto se archivan proyectos que persiguen precisamente aumentar la recaudación fiscal estableciendo penas más severas para los grandes evasores y elusores, a lo que contribuyó el reciente voto de la diputada? ¿O es que el oficialismo y la administración pretenden paliar agujeros fiscales incrementando las tasas tributarias para la clase media y pobre, al tiempo que refinan una red de cuido fiscal para las grandes fortunas del país?
(*) Dr. Jorge D. García, Ph.D.
