San José, 6 jun (Elpaís.cr).- El Parlamento Cívico Ambiental recomienda a la Asamblea Legislativa archivar proyectos de ley que promueven la explotación de combustibles fósiles en Costa Rica, así como la intención de rebajar las competencias del SINAC en la toma de decisiones que afectan el patrimonio natural de los costarricenses.
Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Ambiental, comunicó la vehemente oposición de ese ente cívico a la propuesta de la Unión de Cámaras (UCCAEP) para legalizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.
Se llama al gobierno a reafirmar su compromiso con las metas del Plan Nacional de Descarbonización comprometida en el Acuerdo de París, y asumir el compromiso de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible. Y de aquí a 2030, aumentar la proporción de energía renovable de fuentes energéticas renovables.
La resolución, que insta a la Asamblea Legislativa, la sociedad civil y ONGs ambientales a respetar las políticas de Estado que brindan al país liderazgo ambiental a nivel internacional, se aprobó con las sugerencias de Jorge Serendero de la fundación For the Oceans, incluyó la advertencia de que un proyecto presentado con el número 22.819 que con la apariencia de prohibir la actividad, en realidad pretende cambiar la rectoría del MINAE creando un Ministerio de Industrias, Energía y Minas, por lo que el Parlamento Ambiental solicita a los diputados su archivo inmediato.
En los considerandos de la resolución se señala que el gobierno de la república firmó en febrero del 2019 la extensión de la moratoria nacional para la exploración y explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional continental y marino hasta el 31 de diciembre de 2050. El decreto expresa la voluntad de sentar las bases de una economía verde del siglo XXI, el aprovechamiento sostenible de los recursos según los compromisos adquiridos en la agenda 2030 de desarrollo, la que incluye el Plan de Descarbonización 2018-2050.
Jorge Serendero, Presidente de la Comisión marino Costera del PCA y Director Ejecutivo de la Fundación For the Oceans señala que Marcos Orellana, relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, sostuvo que el fracking genera contaminación tóxica y amenaza la salud y los ecosistemas.
Cinthya Hernández, segunda secretaria del Parlamento señaló que, según el geólogo nacional Allan Astorga, “en Costa Rica no hay reservas probadas y demostradas de petróleo o de gas natural”.
Además, actividades vitales para la generación de empleo como el ecoturismo, que dependen de nuestra reputación ambiental y podrían sufrir reducciones como en Ecuador, Venezuela, México y Brasil, donde los derrames de hidrocarburos han dañado millones de hectáreas terrestres y marinas, y contaminado fuentes de agua.
La segunda resolución emitida, refiere la decidida oposición del Parlamento Ambiental a la política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones, y lo conmina a cesar de inmediato los procesos de acoso y amedrentamiento contra funcionarios que defienden la aplicación de la ciencia y la técnica en la protección de los ecosistemas.
Su Asamblea Plenaria acogió por votación unánime el Dictamen Negativo Unánime al EXPEDIENTE 23.213 “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA», cuya intención es centralizar y politizar con decisiones del Poder Ejecutivo decisiones que deben sustentarse en criterios técnicos vinculantes con las referentes a la capacidad de carga turística de los parques nacionales. Ligia Umaña, presidente de la Comisión de Democracia Ecológica y Justicia del Parlamento, de la asociación ARTES-JUSTECO, resaltó la importancia de que las organizaciones del sector ambiental se pronuncien sobre este proyecto.
El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el artículo 2 de la Ley de Biodiversidad establece que el Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad mediante un manejo apegado estrictamente a las reglas de la ciencia y la técnica, conforme al Artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Ambiente.
La Ley de Biodiversidad creó en los años 90 una serie de órganos con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental como es el caso de la SETENA, el SINAC y CONAGEBIO, y tanto la Sala Constitucional como la Procuraduría General han reafirmado la su función de salvaguarda del patrimonio natural.
El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa este proyecto de “FORTALECIMIENTO”, que busca reducir el nivel de desconcentración del SINAC y CONAGEBIO, para hacer que sus decisiones no sean vinculantes. El Colegio de Abogados ha indicado que el proyecto de ley lejos de garantizar eficiencia en materia ambiental podría poner en riesgo el manejo adecuado del patrimonio natural del Estado.
El gobierno debería demostrar su compromiso de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aumentando la capacidad de las instituciones desconcentradas con los recursos técnicos y financieros necesarios.
Con ese propósito, el Parlamento Ambiental insta a la Asamblea Legislativa para que se dictamine negativamente este expediente y se archive esta desafortunada iniciativa.
Personal técnico del SINAC ha advertido que además las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para implementar acciones fundamentales para atenuar las actividades que impulsan la deforestación y la degradación de los bosques. Ello es agravado por el manejo restrictivo que hace el gobierno de los fondos recibidos de organizaciones internacionales para este efecto.
Yahaira Rojas, del Movimiento Ciudadano Pymes y vicepresidenta del parlamento manifestó «es hora de que todo el sector ambiental del país rescate lo que ha costado tanto construir, defendiendo la participación pública, independencia y solidez técnica de las decisiones sobre nuestro patrimonio natural y exigiendo que los recursos proveídos sean suficientes para que las instituciones estatales ambientales cumplan con su misión».
