Puerto Príncipe, 4 jul (Prensa Latina) El Ministerio de Justicia de Haití (MSJP) recordó hoy la obligación de los fiscales de visitar los centros penitenciarios y comprobar las condiciones de vida de los reclusos.
La circular, firmada por la titular de la cartera Emmelie Prophète Milcé, señaló que los fiscales deben visitar con regularidad las cárceles y comprobar el estado de salud de los presos, así como su alimentación, en correspondencia con el Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, deberán exigir a cada adjunto asignado a su Fiscalía una cuota de 10 acusaciones y escritos de acusación al mes, en proporción con la acumulación de casos en cada jurisdicción, y enviar un informe mensual al Ministerio.
El recordatorio del MSJP llega tras las críticas de las condiciones de vida de los prisioneros y la muerte de al menos 20 de ellos por desnutrición y enfermedades en lo que va de año.
Solo en mayo, cuatro reos fallecieron en el centro penitenciario de Saint Marc como consecuencia de las condiciones sanitarias y la malnutrición.
En 2022 la cifra se elevó a 219, de acuerdo con datos del experto independiente de Naciones Unidas en Derechos Humanos, William O’Neill, que realizó una visita de 10 días al país caribeño.
“La situación en las prisiones refleja las deficiencias y disfunciones del sistema judicial a todos los niveles. En la penitenciaría nacional de Puerto Príncipe, y en la Prisión Civil de Cabo Haitiano, fui testigo de condiciones inhumanas de detención”, dijo el especialista.
Lamentó que los reos se encuentran hacinados en celdas de tamaño reducido, bajo un calor asfixiante, en ocasiones sin acceso a agua, baños y con alimentos insuficientes, mientras tienen que soportar un olor sofocante causado por montañas de basura en la Penitenciaría Nacional, lo que contribuye a la propagación de enfermedades como la tuberculosis y el cólera.
La situación de las cárceles se agrava con la alta cifra de población bajo prisión preventiva prolongada, fenómeno que afecta a ocho de cada 10 reclusos, con lo cual O’Neill hizo un llamado a las autoridades a realizar todos los esfuerzos posibles para permitir vivir en dignidad a los detenidos, lo cual incluye el acceso inmediato y regular a necesidades básicas
