Madrid, 18 Jul. (EUROPA PRESS) – Los consumidores de los países desarrollados más ricos tendrán que aceptar restricciones en su consumo de energía de un 20 por ciento si quieren alcanzar los objetivos internacionales sobre cambio climático, advierten los investigadores en un estudio publicado en la revista ‘Nature Energy’.
El gran reto es determinar la forma más justa y equitativa en que los gobiernos pueden reducir el consumo de energía, un proceso conocido como reducción de la demanda energética, añaden.
El equipo de investigadores, dirigido por Milena Büchs, catedrática de Bienestar Sostenible de la Universidad de Leeds (Reino Unido), analiza en la revista varios escenarios para encontrar una posible solución.
Una de ellas consiste en poner un tope al 20% de los consumidores de energía y permitir que las personas que consumen poca energía y tienen ingresos de pobreza puedan aumentar sus niveles de consumo y mejorar su calidad de vida.
En cualquier población existirá un rango –o distribución– de valores para la cantidad de energía que consumen los individuos. Los valores se clasifican en 100 percentiles; por ejemplo, el percentil 50 representa el valor que se encuentra exactamente en el centro de la distribución energética, que la mitad de la población no alcanza y que la otra mitad supera.
Con el plan de reducción de la demanda de energía, los usuarios de energía de mayor nivel verían restringido su consumo energético al valor del uso de energía en el percentil 80. En el escenario modelizado, eso supondría 170,2 Giga Joules (GJ) por persona y año, frente al uso medio de energía del 20% de los consumidores de mayor nivel, que es de 196,8 GJ por persona y año.
A partir de datos de 27 países europeos, los investigadores calcularon la eficacia de esta estrategia de reducción de la demanda energética. Según sus conclusiones, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían un 11,4% en el caso de las fuentes de energía domésticas, un 16,8% en el del transporte y un 9,7% en el del consumo total de energía.
Permitir que las personas en situación de pobreza aumentaran su consumo de energía reduciría estas emisiones en cantidades relativamente pequeñas: 1,2 puntos porcentuales en el caso de la energía doméstica; 0,9 en el del transporte; y 1,4 en el del consumo total de energía. Permitiría a los más desfavorecidos satisfacer necesidades no cubiertas, tal vez cuando no hayan podido calentar adecuadamente su hogar.
Según el profesor Büchs, «los responsables políticos tienen que ganarse el apoyo público a los mecanismos de reducción de la demanda de energía. La realidad es que la descarbonización en el lado de la oferta, donde se genera y distribuye la energía, no bastará para conseguir las reducciones de emisiones necesarias –advierte–. por tanto, habrá que reducir la demanda de energía. Esa es la realidad ineludible».
Los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU estiman que la reducción de la demanda de energía podría producir entre el 40% y el 70% de las reducciones de emisiones que se necesitan para 2050.
«Nuestra investigación indica que el apoyo público a la reducción de la demanda energética es posible si los ciudadanos consideran que los planes son justos y ofrecen justicia climática», añade.
Los datos del estudio se recopilaron como parte de la Encuesta Europea de Presupuestos Familiares de 2015 de 275.614 hogares. El gasto de los hogares y los datos del conjunto de datos Exiobase se utilizaron como sustitutos del consumo de energía y las emisiones.
Como parte del estudio, el equipo de investigación también organizó grupos de discusión con el público para evaluar las respuestas de la gente a las diferentes intervenciones políticas para reducir el consumo de energía. Algunos encuestados consideraron que las cuotas en los vuelos y el kilometraje de los coches atentaban contra la libertad de elección.
Por el contrario, otras personas apoyaron la prohibición de actividades a partir de un determinado nivel, por ejemplo en vuelos de negocios o personales. Se reconoció que existe una emergencia climática y que el problema debe abordarse con urgencia.
Los investigadores señalan en la revista que «varios participantes reconocieron que las normativas que limitan el uso de energía ‘de lujo’ tratarían a todos por igual y, por tanto, de forma justa, lo que puede favorecer la aceptación si se dan buenas razones, como han demostrado las restricciones de viaje y de otro tipo durante la pandemia de COVID-19».
Dirigirse al uso «suntuario» de la energía se vería como un trato justo y equitativo para todos, lo que podría suavizar cualquier oposición a los mecanismos de demanda energética, concluye el estudio.
