Quito, 20 jul (Prensa Latina) La Corte Constitucional de Ecuador analizó hoy el decreto-ley que envió a revisión el presidente Guillermo Lasso para favorecer a empresas en quiebra, aunque participantes en la audiencia alertaron sobre la pérdida de derechos laborales.
Funcionarios del Ejecutivo respaldaron la denominada Ley de Reestructuración Empresarial como una forma de apoyar negocios en bancarrota.
Afirmaron que la disposición busca equiparar la posición del deudor y de los acreedores a través de la liquidación ordenada de compañías cuyas operaciones sean ya inviables.
La abogada enviada por el Gobierno, Yolanda Salgado, defendió la urgencia económica del articulado por la necesidad de mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño, cuyas principales afectaciones se sentirán a partir del último trimestre del año.
Entre quienes cuestionaron la propuesta estuvo la catedrática de la Universidad de Guayaquil Diana Acosta, para quien varios de los artículos de la norma afectan derechos laborales.
“Es inconstitucional, hay regresión de derechos. Manda a los trabajadores a negociar con los acreedores. Vulnera los derechos de los trabajadores y tiene incompatibilidad con la Constitución”, recalcó la académica.
Este es el cuatro decreto-ley que el jefe del Ejecutivo envía a la Corte Constitucional desde que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) el pasado 17 de mayo con la aplicación de la muerte cruzada.
Ese requisito es imprescindible ante la ausencia del Legislativo para aprobar medidas de carácter económico urgente, únicas que puede dictar el mandatario en este periodo.
Anteriormente, los magistrados dieron luz verde a la aplicación de una reforma tributaria que exonera de impuestos a quienes ganan hasta 15 mil 200 dólares anuales, pero incrementó un 12 por ciento los precios de las entradas a cines y espectáculos deportivos.
Por otro lado, la propuesta para aplicar una ley de zonas francas fue rechazada por la Corte por considerar que su implementación no era “urgente” y puede ser analizada posteriormente, cuando tome posesión el nuevo legislativo.
De esa forma, quedan pendientes las decisiones asociadas a la ley sobre la quiebra de empresas y otra sobre la renegociación de las deudas de quienes solicitaron créditos estudiantiles, aunque no existe una fecha límite para ese tipo de fallos.
