Ciudad de Guatemala, 21 jul (Prensa Latina) El Comité Ejecutivo Nacional del partido movimiento Semilla repudió hoy los allanamientos en las oficinas de su sede en esta capital ejecutados esta mañana por el Ministerio Público (MP) de Guatemala.
Esta acción ilegal busca debilitarnos y entorpecer la participación en la segunda vuelta electoral, remarcó en un comunicado dirigido a la ciudadanía del país y a los medios de comunicación locales e internacionales.
La agrupación rechazó la persecución política a sus afiliados y simpatizantes con “acciones espurias e ilegales que buscan instalar miedo a la población”, subrayó.
“Nos vamos a defender, porque sabemos que al hacerlo estamos defendiendo la democracia de Guatemala”, enfatizó la fuerza política.
Recomendó informarse a través de las cuentas oficiales del partido y evitar la desinformación, “ya que esta es la única herramienta que le queda a los corruptos”, concluyó el texto.
El fiscal nacional de Semilla, Juan Gerardo Guerrero, declaró antes a la prensa que el abogado del partido les compartió que el juez séptimo penal, Fredy Orellana, envió una orden durante el allanamiento.
Pidió dos documentos y les otorgó un plazo de únicamente dos horas para entregarlo, contó.
Bajo apercibimiento de que si no lo hacemos en ese tiempo estaremos cometiendo el delito de obstrucción a la justicia, explicó.
Este es otro claro ejemplo de lo que es este proceso ilegal, inquisitivo por parte de Orellana y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), consideró.
De acuerdo con Guerrero, trabajan en contubernio para evitar que Semilla participe en el balotaje presidencial previsto el 20 de agosto.
El MP, en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil, continúa en la investigación del caso abierto contra el movimiento Semilla y su constitución.
La FECI llegó la víspera y el jueves de la semana anterior al Registro de Ciudadanos del TSE en un aparatoso operativo ampliamente criticado.
Crecen las manifestaciones de organizaciones sociales y usuarios en las redes sociales contra estas posiciones que calificaron de antidemocráticas y argumentan por qué quebrantan el Estado de legalidad y la institucionalidad del país.
