domingo 28, abril 2024
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Organizaciones sociales ecuatorianas rechazan criminalización de protestas antimineras

Quito, 22 jul (Sputnik).- Organizaciones sociales ecuatorianas repudiaron el viernes la criminalización de las protestas antimineras en el país, luego de los enfrentamientos registrados entre comunidades opuestas a esta práctica y efectivos militares.

«Rechazamos esa política de criminalización, en lugar de abrir un diálogo», dijo Luis Corral, del Frente Nacional Antiminero, en rueda de prensa desde el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, ubicada en la región sierra, donde las protestas de la semana pasada dejaron varios heridos.

Corral demandó la anulación el decreto presidencial 754, firmado el 31 de mayo pasado por el presidente Guillermo Lasso, al considerar que viola el derecho a la consulta previa para esas actividades, de acuerdo con la Constitución.

Según alegan las organizaciones, ese decreto introduce reformas al Código Orgánico del Ambiente y permite al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica realizar procesos de consulta ambiental.

Estefanía Lalvay, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), denunció que la cartera de Estado busca imponer con fuerza una consulta ambiental que ha sido demandada por inconstitucionalidad.

El pasado 13 de junio, la Conaie, el Frente Nacional Antiminero y los colectivos Quito sin minería y Yasunidos entregaron a la Corte Constitucional un documento que contiene una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 754.

El activista Freddy Díaz, del Frente Antiminero, refirió que más de 500 militares están desplegados en la zona para supuestamente resguardar una consulta ambiental promovida por el gobierno.

Díaz subrayó que las personas que viven y trabajan en el campo fomentan la soberanía alimentaria y si se acaba el campo «lamentablemente las ciudades dejarán de existir».

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo el viernes que la postura de la organización es contra la minería legal e ilegal, porque no han cumplido con el texto constitucional que obliga a garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades. (Sputnik)

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