Madrid, 28 Jul. (EUROPA PRESS) – Amnistía Internacional ha condenado este viernes sin paliativos la ejecución este viernes en Singapur de Saridewi Djamani, condenada a muerte por su implicación en el tráfico de treinta gramos de heroína, convirtiéndose así en la primera mujer ejecutada en este país en casi 20 años.
La ONG humanitaria, tras recordar que el ajusticiamento de la mujer vino precedido esta semana de otra ejecución también por tráfico de drogas, denuncia estos castigos como «un duro y trágico ejemplo» de la «total ausencia de una reforma sobre la pena de muerte».
«Mientras el mundo sigue dando la espalda a este castigo cruel, el Gobierno de Singapur sigue recorriendo la senda de la ejecución, en violación de los Derechos Humanos y los estándares del Derecho Internacional», ha lamentado.
Amnistía pone como ejemplo el caso de Ghana, un país que ha abolido recientemente la pena de muerte por la mayoría de delitos. «Está más próxima a unirse a más de dos terceras partes de los países de todo el mundo que Singapur. ¿Cuándo van a despertar y a hacer lo mismo?», se pregunta la ONG.
De hecho, Amnistía recuerda que no existe estudio alguno que corrobore que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio sobre el uso o la disponibilidad de las drogas, sino que se traduce en nuevos ejemplos de discriminación.
Por contra, el Gobierno de Singapur ha esgrimido que Djamani traficaba con más del doble de la cantidad permitida, «suficiente para alimentar la adicción de unos 370 abusadores durante una semana», y remarcado que la pena capital se utiliza «únicamente» para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, «no solo a los toxicómanos individuales».
«La pena capital es parte de la estrategia integral de prevención de daños de Singapur que se dirige tanto a la demanda como a la oferta de drogas», añade el Gobierno.
Según grupos locales de Derechos Humanos, Djamani es la primera mujer ejecutada en Singapur desde 2004. Sin embargo, es la segunda persona ejecutada esta semana y la decimoquinta desde que el Gobierno reanudó las ejecuciones a principios de 2022.
