Partido Acción Ciudadana, siempre necesario (Documento del III Congreso)

En el momento más complejo de nuestra historia partidaria, el Partido Acción Ciudadana sigue siendo absolutamente necesario para Costa Rica.

Hoy más que antes el Partido Acción Ciudadana resulta esencial para pensar el futuro del país.

Hoy más que antes el Partido Acción Ciudadana es urgente, para canalizar las preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía, y generar propuestas sensatas, viables y democráticas que permitan construir una sociedad justa, equitativa y próspera.  

Hoy más que antes el Partido Acción Ciudadana sigue siendo relevante, para combatir el desempleo, la pobreza y la violencia   

Hoy somos un partido necesario, esencial, urgente e importante para enfrentar la sombra del populismo y cualquier otra amenaza que empañe a Costa Rica y consolide fórmulas que intentan sorprender con soluciones simplistas, poniendo en riesgo nuestras instituciones y conquistas fundamentales, incluyendo la protección de todos los derechos de todas las personas, la protección ambiental, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Nos oponemos firmemente a cualquier irrespeto a la división de poderes y a las acciones que debiliten nuestra democracia.

El PAC está aquí para defender la institucionalidad democrática, los derechos humanos y combatir las desigualdades. Buscamos promover un Estado Social de Derecho que impulse la movilidad social y construir la agenda política de Costa Rica en el Siglo XXI. El PAC es ahora más necesario que nunca.

El PAC defiende el derecho de todas las personas a una vida digna y a participar plenamente en la sociedad. Buscamos garantizar acceso equitativo a oportunidades económicas, laborales, tecnológicas, de salud y educación, mientras trabajamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Somos un partido necesario, esencial, urgente e importante para enfrentar al neoliberalismo que receta recortes de presupuestos en servicios esenciales como educación, salud y cultura, reducción de impuestos a los más ricos, aumentos de precios a los más pobres, ganancias multimillonarias a importadores e intermediarios y pérdidas para las personas más empobrecidas, para las familias agricultoras nacionales, para los pequeños emprendimientos que lo arriesgan todo.

Somos un partido necesario, esencial, urgente e importante cuando se vislumbran abusos de poder detrás de multimillonarios negocios en ciernes con la banca pública, el servicio de autobuses, los seguros del Estado, la salud y la educación de todos, cuando se tejen prebendas para los amigos del poder y financistas de campañas políticas, cuando nubes de troles, bots y hackers aplauden al populismo conservador y atacan a quienes no se pliegan, a quienes cuestionan y confrontan.

En tiempos donde el populismo, el conservadurismo, el neoliberalismo, la corrupción y el crimen transnacional organizado amenazan con apropiarse del Estado costarricense, el Partido Acción Ciudadana es más importante que nunca. Luchamos contra aquellos que quieren destruir nuestras instituciones como el ICE, la CCSS, el INS y los bancos públicos, creadas por el esfuerzo histórico de nuestra gente. También defendemos los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, al acceso a servicios básicos de calidad. 

A quienes pretendan destruir los pilares de la Costa Rica solidaria, inclusiva y democrática, que aspira a la justicia, la equidad y la prosperidad para todos, les respondemos: “Aquí está el PAC, más necesario que nunca”.

Partidarios y partidarias, pueblo costarricense:

Nos reunimos en el III Congreso Ciudadano para actualizar los principios políticos e ideológicos del Partido Acción Ciudadana, hacer una evaluación crítica de nuestra gestión pública en la última década, analizar las razones de la derrota electoral y para actualizar nuestra oferta programática a la ciudadanía costarricense de cara a los desafíos de la Costa Rica del Siglo XXI. Durante más de ocho meses, en más de 30 grupos territoriales a escala nacional y 11 mesas temáticas, en el momento más complejo de nuestra historia partidaria, tras el resultado electoral de 2022 que nos dejó sin representación legislativa, hicimos un sincero ejercicio autocrítico, duro y franco, pero orientado a la construcción partidaria, a mirar hacia adelante, a encontrar las incontables raíces y frutos que nos unen.

No debatimos para hacernos daño, ni para achacar culpas, ni para alimentar rencores. Abordamos los debates con humildad para entender lo ocurrido, para identificar los errores y evitar repetirlos en el futuro, para levantarnos como partido, con el objetivo genuino de servir al país y mejorar la calidad de vida de la población. En el III Congreso Ciudadano debatimos para mejorar como organización y responder con más efectividad a las necesidades y demandas de las y los costarricenses; debatimos para construir un camino sólido hacia la acción ciudadana efectiva, para servir mejor a Costa Rica y hacerlo unidas y unidos desde la sociedad civil, gobiernos locales, la Asamblea Legislativa o el Gobierno central.

Hoy podemos decir que el terreno queda preparado para sembrar la semilla, de donde germinará un nuevo PAC, fresco, renovado, unido y moderno, un PAC listo para seguir aportando una visión democrática, de centro, progresista, defensora de todos los derechos humanos para todas las personas, comprometido con una visión de crecimiento económico con equidad, protectora del medio ambiente, con la igualdad de género y la justicia social; un partido promotor de la participación y la acción ciudadana, la descentralización; un partido con vocación nacional pero a la vez arraigado en las necesidades urgentes de nuestras comunidades, en especial, de las poblaciones costeras, fronterizas y rurales y al servicio de las personas en situación de pobreza.

Contundentemente, los diferentes grupos de trabajo coincidimos en que más allá de las diferencias y pugnas internas que nos han debilitado, tenemos una sólida y unánime base de valores comunes, un núcleo duro de convicciones que nos unen. Estas raíces poderosas nos permiten continuar la consolidación de una cultura de bien público, basada en el desempeño ético de las funciones públicas, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado; la defensa del bien común y la solidaridad social, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del Estado Social de Derecho. Nos une la defensa del ambiente, del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Nos une igualmente la defensa y el compromiso con el fortalecimiento de la educación pública de calidad en todos sus niveles y modalidades, así como de un sistema de salud solidario y que brinde servicios de calidad para todas y todos. Somos un solo brazo pujante para abrazar al agro, a las familias campesinas, a pequeños productores, industriales y comerciantes nacionales. El robusto tronco común de la militancia PAC se arraiga en la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas, desde el respeto a las diversidades sexuales e identidades de género, hasta los derechos laborales, la vivienda, la alimentación y la cultura. Nos sentimos un solo organismo para impulsar la reducción de las brechas de la desigualdad, para luchar por la equidad y combatir la pobreza. Especialmente, nos une la convicción de que la participación y la acción ciudadana son la base sobre la cual se construye una democracia sana, dialogante y vigorosa.

1.    En este momento histórico, frente al contundente resultado electoral para
nuestra organización en las elecciones del 2022, asumimos la tarea de
examinar nuestros errores y nuestros aciertos. En este sentido
reconocemos un importante espacio para mejorar, pero también identificamos en nuestra historia partidaria, municipal, legislativa y de gobierno abundantes frutos y logros.

El legado del PAC permite hoy al país tener estabilidad económica, un marco más sólido para defender la equidad y los derechos humanos, un medio ambiente más protegido con políticas emblemáticas a escala mundial, una política educativa -fundamento de una política de Estado en educación-, renovada mediante una reforma de largo alcance, y sustentada en la tradición costarricense y en avanzadas tendencias internacionales. Nuestros gobiernos desarrollaron obras clave de infraestructura vial, escuelas y colegios, EBAIS, clínicas y hospitales y cientos de kilómetros de nuevos acueductos; las administraciones de Luis Guillermo Solís Rivera y de Carlos Alvarado Quesada, implementaron métodos basados en ciencia y técnica para combatir a la pobreza, erradicando las prácticas clientelistas de la vieja política, a la vez que atrajeron inversiones y turismo como nunca antes y llevaron abundante inversión pública a todo el país, especialmente a Guanacaste, Limón y Puntarenas. En nuestros gobiernos defendimos a las familias agricultoras. Hicimos todo lo posible para tomar en cuenta a cada costarricense, porque cada persona importa. Atendimos las múltiples emergencias que enfrentamos con un espíritu solidario, eficiente y humanitario, ya fueran la peor sequía en 73 años, el paso del primer huracán que nos impactara de forma directa, oleadas migratorias o la pandemia del Covid-19.

Nuestros adversarios auguraban un desastre económico un año después de iniciar el primer gobierno del PAC. La gran catástrofe anunciada nunca ocurrió en nuestros ocho años de gestión, ni siquiera tras la pandemia, pese a las enormes dificultades que se enfrentaron. Hubo un trabajo consciente y laborioso de nuestros equipos económicos para impedirlo. La inflación se mantuvo en menos del 3%, el crecimiento económico fue superior al promedio latinoamericano y el tipo de cambio permaneció estable. Las exportaciones, la inversión extranjera directa y el turismo crecieron en un promedio anual sin precedentes. Las reformas fiscales impulsadas durante nuestros ocho años fueron difíciles, duras e impopulares, pero su aprobación redujo el déficit fiscal e impidió caer en un default que implicaba incapacidad de pago de la deuda y de los salarios públicos, lo que habría significado una crisis fiscal y un potencial colapso del Estado Social de Derecho. Con la responsabilidad fiscal se contuvo el aumento de precios y el costo de las deudas para las grandes mayorías.

Por primera vez en más de una década, el país alcanzó un superávit primario gracias a la responsabilidad fiscal que asumimos. Para luchar contra abusos y excesos, negociamos por primera vez en 30 años las convenciones colectivas a la baja y combatimos las pensiones de lujo. Todo lo hicimos pensando en el bien   del país, sin cálculos electoreros y asumiendo un inmenso costo político. Y lo hicimos sin hacer despidos masivos y sin cerrar ni vender instituciones públicas. Los gobiernos PAC heredaron al país estabilidad y crecimiento económico.

Mejoramos la recaudación de impuestos, que llegó a ser el 15,8% del Producto Interno Bruto, transformamos el Impuesto al Valor Agregado y creamos la factura electrónica e impulsamos la creación de las transferencias de Sinpe Móvil. Los gobiernos PAC heredaron al país la mejora y modernización tributaria y bancaria que hoy beneficia la transparencia, la lucha contra la evasión y el acceso a los servicios bancarios para la población. 

Rompimos cuellos de botella en la construcción de carreteras y caminos. En el pasado quedó la pesadilla de la platina, símbolo de la ineficacia de cuatro gobiernos, problema que fue resuelto de forma definitiva con la llegada del PAC al poder. Construimos el nuevo puente Alfredo González Flores, pero también otros tres sobre el río Virilla. Se eliminaron los cuellos de botella en la ruta San José – San Ramón con la entrada en operación de los nuevos y ampliados puentes sobre los ríos Segundo, Ciruelas y Alajuela, el paso a desnivel en la Firestone y el conector Barreal-Castella. Entregamos las innovadoras construcciones de los pasos a desnivel en las rotondas de La Bandera, Garantías Sociales y Bicentenario, dejamos avanzadas las obras de la Ruta Nacional 32 y la ampliación de la Angostura en Puntarenas, se iniciaron obras como Barranca Cañas-Limonal y Taras La Lima y se dejó adelantado el proceso de licitación para el intercambio Coyol. Circunvalación Norte quedó casi terminada. Además de la carretera Chilamate-Vuelta Kooper y dos puentes sobre el rio la Estrella. Para el PAC la obra pública es consustancial al desarrollo nacional y al bienestar de la mayoría

También se concluyeron importantes puentes como el Binacional sobre el río Sixaola, el de General Viejo en Pérez Zeledón, y otros entre Puerto Jiménez y Carate, en la Zona Sur.  Se intervinieron más de 600 kilómetros en rutas de lastre por todo el país. Los gobiernos PAC heredaron al país la infraestructura vial que había estado estancada por años y avanzaron significativamente en obras para el futuro inmediato, demostrando avances inéditos en este campo.

En materia de transporte público logramos concretar líneas de transporte intersectorial, ampliar las rutas y modernizar los equipos del tren interurbano de pasajeros, avanzar significativamente hacia el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca) y gestionar un financiamiento sin intereses para el desarrollo del Tren Eléctrico de Pasajeros para la Gran Área Metropolitana. Iniciamos con la implementación de pago electrónico en los autobuses y adquirimos vía cooperación internacional los primeros buses eléctricos para incorporarlos al servicio de la gente. Apostamos por una movilidad sostenible con el ambiente y de calidad para las personas usuarias.  

Durante los dos gobiernos del PAC se impulsaron las primeras Políticas Nacionales de abastecimiento de agua potable 2017-2030, de Saneamiento de Aguas Residuales 2017-2045 y el primer Plan Nacional de Inversión en Saneamiento. Se desarrollaron los procesos participativos para el manejo de acuíferos, tales en la zona costera de Santa Cruz resultando el primer y único proyecto con una figura público comunitaria abasteciendo a 14 comunidades y el de Sardinal – El Coco, ambos con decretos ejecutivos de conformación: el de la Comisión para el manejo integral de los acuíferos costeros de Santa Cruz y el acuífero Nimboyores (CONIMBOCO) y el de la Comisión para el manejo integral del acuífero Sardinal y el Coco, con participación de representantes de todos los sectores sociales.

Con las ASADAS se creó una política de organización y fortalecimiento, seguido por la elaboración de un instrumento de caracterización e implementación a cerca de 1.500 ASADAS y el desarrollo de un sistema digital (SAGA). Con esta política se fortalecieron procesos de fusión/unión entre ASADAS: 22 concluidos y 77 en proceso. Y de la asociatividad, conformado 14 organizaciones de segundo nivel (Federaciones, Ligas y Uniones FLUs), 12 en proceso de formalización y la Confederación Nacional de las FLUs de ASADAS de tercer nivel.

Se logró un aumento del 28,7% de inversión en infraestructura de acueductos y alcantarillados, la mayor en los últimos 14 años anteriores de forma acumulada y se dejó comprometido para los próximos dos años un 19,3% más respecto a estos últimos 5 años, alcanzando cerca de US$1.000 millones. En desarrollo y ejecución de más de 200 proyectos en todo el país, entre ellos la Ampliación del Acueducto Metropolitano con un monto de US$ 450 millones (desde prefactibilidad hasta 70% de diseños y con la aprobación del crédito por parte del directorio del BCIE), el proyecto de reducción de agua no contabiliza (RANC) por un monto de US$162 millones en ejecución, el proyecto Mejoramiento Ambiental de los cantones de la Gran Área Metropolitana por un monto de US$320 Millones, con US$202 Millones ejecutados y concluidos y en ejecución US$89 Millones.

Se concluyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Los Tajos, la construcción de redes, colectores y subcolectores de alcantarillados en 11 cantones de la GAM logrando pasar de un 4% a un 15% de cobertura de saneamiento de aguas residuales en el país.

Se terminaron 7 proyectos en Guanacaste, siendo 5 de ellos por emergencias, Bagaces y Cañas por el arsénico en las aguas subterráneas y tres costeros por salinización de los acuíferos; se construyeron 28 acueductos en territorios indígenas beneficiando a cerca de 15.000 personas, con inversión de ₡1.938 millones; el Proyecto del Caribe Sur y 6 proyectos en las principales ciudades del Pacífico Sur.

Protegimos la salud pública y la seguridad social. Actuamos con responsabilidad frente a la pandemia de Covid-19 y logramos salvar miles de vidas. Fuimos de los primeros países en el mundo en adquirir las vacunas. Tuvimos una activa participación en la promoción, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de acciones para garantizar el acceso universal a las vacunas. Tuvimos resultados mejores que países con mayores recursos económicos. El manejo de la pandemia por parte de nuestro gobierno ganó reconocimiento mundial y además evidenció la robusta institucionalidad pública en materia de salud.

Pagamos más de la mitad de la deuda del Estado de la Caja Costarricense del Seguro Social por $420 millones durante la primera administración PAC, y nos comprometimos con la CCSS destinar el 10% de los préstamos de apoyo presupuestario a pagos para la institución, durante la segunda administración. Creamos el portafolio de inversiones más grande que había tenido la Caja en su historia. En ese portafolio se planificó y avanzó decididamente para levantar los hospitales de Puntarenas, Turrialba, Cartago, Golfito y otros 196 proyectos de construcción, mejoramiento y equipamiento. Muchas de esas obras son hoy una realidad, mientras otras afrontan inaceptables excusas por parte del gobierno de turno. Entregamos la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, la Torre Quirúrgica del Hospital México, el nuevo servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos y la Unidad de Terapia Renal en el Hospital de Liberia, entre muchas otras obras. Dotamos de tecnología de punta clínicas y hospitales gracias al aporte de la Junta e Protección Social para reducir las cirugías invasivas y tener diagnostico más precisos. Los gobiernos PAC demostraron que la CCSS es fuerte y vigorosa, que tiene capacidad de inversión y crecimiento y que cuando se combina la voluntad del gobierno para pagar la deuda, con la fuerza de la institución, las personas reciben el enorme beneficio de un sistema de salud fuerte y pujante que les protege.

En educación concretamos una ambiciosa reforma de la política educativa valorizando los avances existentes y con una perspectiva de vanguardia, en cuyo marco se concretó una amplia transformación curricular para el impulso de valores y habilidades del siglo XXI bajo la visión de educar para una nueva ciudadanía y la incorporación de la educación para el desarrollo sostenible; asumimos la tarea de universalizar la educación preescolar y fortalecer la educación para la primera infancia; incrementamos la cobertura de los programas de equidad e impulsamos innovaciones relevantes como la apertura de comedores escolares en período de vacaciones o durante los tiempos de pandemia, así como la transformación alimentaria y nutricional para la promoción de hábitos alimentarios saludables; pusimos en marcha una estrategia contra la exclusión y el abandono escolar, la cual mostró su eficacia; fortalecimos la calidad y las opciones para la enseñanza de un segundo idioma y fomentamos la interculturalidad; renovamos, fortalecimos y consolidamos la educación para la afectividad y sexualidad integral, lo que ha incidido en una drástica reducción de los embarazos adolescentes; logramos la activación del subsistema de educación indígena y con ello de múltiples iniciativas en favor de los pueblos originarios, en consonancia con lo previsto en el derecho internacional; concretamos avances en el campo de la educación inclusiva, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo y contra toda forma de discriminación, incluida la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como avances para la convivencia y la promoción de ambientes educativos seguros; presentamos e implementamos una ambiciosa Política de Equidad e Igualdad de Género; promovimos la coordinación, la cooperación y las negociaciones responsables con las universidades públicas, en un ambiente de respeto entre las partes y mediante la definición de compromisos de mejora y de mecanismos de rendición de cuentas por parte de estas instituciones; invertimos más de 447 mil millones de colones en infraestructura educativa y construimos más de 1000 proyectos entre obra nueva, remodelaciones e intervenciones, otros 47 proyectos quedaron en ejecución. Ejemplos de ese esfuerzo son la Escuela Finca La Caja, los colegios técnicos profesionales de Cañas, Santo Domingo y Curridabat, o el Colegio Nocturno de Cartago. Los gobiernos PAC entendieron la urgencia de destinar recursos a la infraestructura y desarrollo educativo, ámbito en el cual se arrastran rezagos de larga data y persisten enormes necesidades, y con ello la urgencia de un mayor financiamiento.

Defendimos a las y los agricultores con múltiples acciones concretas, como inversiones por más de ₡57.000 millones para el desarrollo rural o la modernización del registro de agroquímicos para mejorar la competitividad y los controles ambientales y sanitarios.  Transformamos la gobernanza territorial con la creación de los Consejos Regionales de Desarrollo. Establecimos estrategias para mejorar los encadenamientos productivos, la asociatividad y mejorar la capacidad exportadora de nuestros productores, a la vez que defendimos al sector agroproductivo al oponernos a las leoninas condiciones de Alianza del Pacífico.

Mejoramos la regulación de la pesca del atún y vetamos los intentos por reactivar la pesca de arrastre. Ampliamos la protección del Parque Nacional Isla del Coco y pasamos de proteger el 2,7% de nuestros mares al 30%. Lanzamos el Plan Nacional de Descarbonización que deberá conducir nuestra transición a una economía limpia, verde y resiliente. Aprobamos incentivos para promover los vehículos eléctricos y desarrollamos mecanismos para monitorear en tiempo real los mantos acuíferos. Los gobiernos PAC lideraron internacionalmente en la lucha contra el cambio climático y otorgaron al país de una legitimidad global destacada, que hoy se ha visto descuidada. Dejamos financiado el proyecto Agua para Guanacaste, el programa de adaptación al cambio climático más completo, integral y ambicioso de los últimos 40 años.

En materia de derechos humanos, las administraciones PAC concretaron, de la mano de las organizaciones y activistas, avances inéditos. En derechos reproductivos de las mujeres, no solo se acató la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de permitir la fecundación in vitro en el país, sino que además se instauraron las condiciones para que esta fuese accesible a través de la CCSS. Se institucionalizó la Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, se inició la vacunación obligatoria contra el virus de papiloma humano y se habilitó el acceso a anticoncepción de emergencia en centros de salud públicos y privados y de anticoncepción de larga duración para menores de edad. Además, en el ámbito de derechos de las mujeres se aprobaron, gracias a gestiones legislativas del Partido Acción Ciudadana, leyes contra el hostigamiento sexual en lugares de estudio, trabajo y deporte, contra el acoso sexual callejero, contra la violencia hacia las mujeres en política, se estableció el femicidio ampliado y reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio y se declararon esenciales los servicios de atención de la violencia contra las mujeres.

Se eliminaron discriminaciones del Estado contra la población LGBTIQ+, mediante el decreto para eliminar toda forma de discriminación en las instituciones públicas, la decisión de la CCSS de dar beneficio de aseguramiento y pensión a las parejas del mismo sexo, la directriz del Ministerio de Trabajo para incluir el beneficio de pensión por muerte a parejas del mismo sexo en los sistemas de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y del Magisterio Nacional. Estas acciones se concretaron antes de que Costa Rica se convirtiera en el país número 29 en el mundo en reconocer el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo, gracias a la acción del Gobierno de la República con el posterior apoyo de activistas y especialistas en derecho que llevó a la Opinión Consultiva de la Corte IDH y la sentencia de la Sala Constitucional. Además, se instauró la figura del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ+, fue un esfuerzo continuo de ambas administraciones. También, se promulgó normativa para el reconocimiento de la identidad de género para población trans, en documentos oficiales como el DIMEX, los títulos del MEP y el INA y en los registros administrativos del IMA; el reconocimiento del estatus migratorio a parejas binacionales, y la posibilidad de acceder a bonos de vivienda a parejas del mismo sexo.

El PAC luchó continuamente desde su rol como oposición hasta su gestión en gobierno, para concretar y consolidar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígena, así como impulsar una Política Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, se promovieron mecanismos y financiamiento para la devolución de tierras a los pueblos indígenas, atendiendo así deudas históricas. En materia de afrodescendencia ambas administraciones tuvieron Comisionado Presidencial de asuntos de afrodescendencia, se estableció Plan Reconocimiento Justicia y Desarrollo de la Población Afrocostarricense 2015-2018, se lanzaron fuertes campañas contra la discriminación racial, y se aprobó el decreto Constatación del autorreconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal, se impulsaron acciones educativas para la erradicación del racismo y se combatió directamente el racismo en el deporte.

Las acciones en derechos humanos también atendieron a la población adulta mayor y las personas con de discapacidad, con nuevas herramientas institucionales y legales para el resguardo de sus derechos. La Política Nacional de Cuidados 2021-2031, la ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA), y la Ley de Autonomía Personal materializaron el compromiso de los gobiernos PAC y de su fracción legislativa con avanzar de manera progresiva al establecimiento de un sistema de cuidados, apoyos y atención a la dependencia. Asimismo, se desplegó un enorme esfuerzo interinstitucional para desarrollar Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016 – 2026.

Los frutos de los gobiernos del PAC son visibles en todo el país y en todas las áreas de nuestra sociedad. Construimos el Centro Nacional de Convenciones. Construimos cientos de kilómetros de acueductos en el Caribe Sur, Sardinal, El Coco, Santa Cruz, Carrillo y Talamanca. Ganamos juicios en la Corte Internacional de La Haya para defender la soberanía nacional. Conseguimos nuevos aviones y barcos para los servicios de Vigilancia Aérea y Guardacostas. Construimos el Mercado Regional Chorotega y levantamos siete centros cívicos por la paz en Santa Cruz, Aguas Zarcas, Garabito, Guararí, Desamparados Cartago y Pococí. Construimos 11 delegaciones policiales en todas las provincias y tres cárceles en San Rafael de Alajuela, San Isidro del General y en Pococí, Limón. Entregamos más de 50.000 bonos de vivienda, la mayor cantidad de la historia. Antes de la pandemia, redujimos la pobreza, especialmente en las zonas rurales. Los gobiernos PAC heredaron al país valiosos proyectos y logros en materia social, económica y comunal. 

Además del otorgamiento de la mayor cantidad de bonos de la historia, durante este periodo, se realizó un trabajo importante en el fortalecimiento del marco jurídico del Sector de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Asentamientos Humanos, propiciando la elaboración y promulgación tanto de Decretos Ejecutivos y Directrices y leyes. Se resalta la Declaratoria de interés público y nacional de los Programas Financieros de Vivienda para Población de Ingresos Medios. Solamente en el 2021, se colocaron 11428 bonos de vivienda dirigidos a familias de clase media, contabilizando al menos 120 mil millones de colones dirigidos a esta población. Se reforma el Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de Planes Reguladores, Decreto Ejecutivo No. 39150

Reforma al Decreto Ejecutivo que crea el programa de Renovación Urbana Repoblamiento del cantón de San José, en esta reforma, se busca que el Programa de Repoblamiento de cantón de San José, tenga como fin conservar, rehabilitar o remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, mediante la implementación de políticas públicas dirigidas a la consecución de este fin, Decreto Ejecutivo N°42015-MAG -MINAE-S- MIVAH: Reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos. Directriz N°029-MP-MIVAH: Directriz- Tramitación y seguimiento de casos de personas afectadas en su vivienda por una emergencia. Directriz N° 036-MP-MIVAH: Directriz -Bono colectivo para Obras Comunales y de Equipamiento Social en Asentamientos Humanos.

Gobernamos siempre en busca del beneficio para las grandes mayorías, con base en evidencia, datos y ciencia. Nos correspondió tomar decisiones difíciles para defender la estabilidad económica y social del país. Un hito fundamental en la modernización de la legislación laboral del país y un avance histórico en los derechos laborales, con el levantamiento del veto y la aprobación de la reforma procesal laboral.

Fuimos ambiciosos en nuestras metas. Creamos expectativas muy altas que en el ejercicio del gobierno fueron difíciles de alcanzar en la magnitud que deseábamos, a pesar del enorme esfuerzo desplegado. Pudimos hacerlo mejor, lo sabemos. Reconocemos que, en contra de nuestro deseo, hubo situaciones como la crisis fiscal estructural heredada desde el 2009, la pandemia, el constante bloqueo político de partidos opositores deseosos de vernos fracasar, una representación legislativa minoritaria inédita y nuestros propios errores e inexperiencia, que dificultaron nuestro camino hacia los resultados deseados.

Tuvimos notables avances, pero las metas a las que aspiramos eran más elevadas que lo alcanzado. Sufrimos escándalos y no fuimos capaces de defendernos, ni de comunicar con claridad y eficacia la realidad de los hechos. En ninguno de los casos que nos fueron endilgados, un tribunal ha determinado o condenado que algún jerarca de nuestros gobiernos se haya enriquecido con el poder.

Asimismo, por nuestras propias restricciones no comunicamos con eficacia a la población la cantidad y profundidad de cambios emprendidos, ni logramos atender de manera más directa y rápida las necesidades de las comunidades, pese los avances tecnológicos de sistematización mediante un registro único de beneficiarios y la creación de los cogestores sociales que se desplazaban al campo a atender a las familias en pobreza y pobreza extrema, la mayoría desconocía los esfuerzos por transparentar la política social. En medio de la necesidad de aprobar legislación fiscal clave para impedir la explosión de una grave crisis económica, con frecuencia no explicamos a la población las causas de muchas decisiones, por temor a perder alianzas y votos parlamentarios necesarios para proteger al país. En medio de todas las dificultades señaladas llegó la pandemia de Covid-19 y hubo retrocesos inevitables de avances económicos y sociales.

En ocasiones, las circunstancias adversas exigieron a las autoridades electas negociar y hacer concesiones que afectaron a bases partidarias y sectores sociales. Las discusiones en los grupos territoriales y temáticos del III Congreso Ciudadano admitieron que hubo decisiones en materia fiscal, económica y laboral dolorosas y hasta contradictorias con posiciones partidarias, por ejemplo, en temas  fiscales y en medidas por la eficiencia del Estado; pero también se reconoció que en otras circunstancias sociales, sanitarias y económicas, y con otras conformaciones legislativas, habría habido más espacio para alternativas diferentes en materia fiscal, evitar alianzas contraproducentes a los principios del PAC e impulsar acciones más progresivas, que distribuyeran mejor el costo de los ajustes.

También cometimos errores estratégicos en la campaña presidencial de 2022 que alejaron a miles de votantes. No tuvimos financiamiento y fuimos incapaces de sanar las heridas de una elección interna divisiva y enconada. Como partido, tampoco construimos ni atendimos una estructura comunal que nos permitiera escuchar y responder con prontitud las demandas de los territorios y tampoco fuimos enlace entre nuestros gobiernos, comunidades y bases.

Pero entre todos los errores cometidos, uno de los más importantes ha sido no promover un ambiente de respeto, diálogo y trabajo en equipo dentro del partido, donde las diferencias de opiniones se abordarán de manera constructiva y se buscaran soluciones en beneficio del país. No hablamos de la autocrítica, deseable y constructiva, sino de rencillas y divisiones internas que nos debilitaron, dieron armas a nuestros adversarios y obstaculizaron el avance de la agenda de nuestros gobiernos.

El Partido Acción Ciudadana reconoce sus aciertos y limitaciones como propuesta política en el ejercicio de la función pública y hacemos auto crítica por no haber alcanzar todos los resultados ofrecidos. Entendemos que la responsabilidad de gobernar implica tomar decisiones difíciles, hacer balances y enfrentar obstáculos que a veces pueden dificultar el cumplimiento de todas las expectativas. Tomamos con respeto y apertura las críticas políticas, que permitirán la construcción de una propuesta más consolidada y que utilice la escucha como una de las principales herramientas para atender las demandas de la ciudadanía, también agradecemos la confianza depositada en nosotros como partido político y en nuestras representaciones. Somos conscientes de que pudimos hacerlo mejor, pero también, sabemos que podemos hacer lo mejor.

El III Congreso Ciudadano apunta a la meta de aprender de nuestros errores y emerger más fuertes, en unidad y con propuestas que permitan al país superar la sombra del populismo conservador que amenaza a la democracia. Podemos avanzar hacia un desarrollo sostenible, solidario y equitativo, que aproveche todas las ventajas históricas de Costa Rica y nos lance al ideal de ser una sociedad próspera en lo económico, justa en lo social y sustentable en lo ambiental, para garantizar a las generaciones actuales y futuras, paz, trabajo escuelas, hospitales, seguridad, techo, acceso al agua potable, manejo seguro de las aguas residuales y naturaleza.

Compatriotas: El Partido Acción Ciudadana está preparado para enfrentar los desafíos del Siglo XXI

Después de concluir el III Congreso Ciudadano, el Partido Acción Ciudadana refuerza su compromiso de seguir trabajando incansablemente para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y promover progreso social, económico y cultural. Creemos que la inversión pública en educación, salud, cultura, infraestructura y protección social debe ofrecer servicios de calidad, especialmente a las personas menos favorecidas.

Nos comprometemos a promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible, con acuerdos conjuntos de mediano y largo plazo con los sectores empresariales y productivos para crecer, generar trabajo digno, decente y bien remunerado. Esta aspiración apuesta por aquella inversión privada, nacional o extranjera, que contribuya con mayor productividad, innovación y encadenamientos productivos; la descarbonización de la economía, mejores condiciones de empleo; y la reducción de las brechas de género y las disparidades territoriales. Asimismo, abogamos por una política fiscal progresiva que revierta la creciente desigualdad.

El Partido aboga por un Estado sólido y activo en la promoción del desarrollo social y económico, con políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente aquellos en situaciones más vulnerables. Asimismo, consideramos fundamental impulsar una reforma del Estado a largo plazo, planificada y ejecutada de manera eficiente, transparente y receptiva. Esto implica analizar detalladamente las instituciones existentes, evaluar su efectividad y eficiencia, y realizar los cambios necesarios para optimizar su rendimiento, impulsando así el crecimiento económico sostenible y la generación de bienestar. Defendemos la descentralización, desconcentración y regionalización de los servicios estatales, y defendemos el derecho de los ciudadanos a participar en la formulación de políticas públicas.

La educación en la experiencia costarricense ha sido el camino para la movilidad social y el desarrollo por eso asumimos como una máxima el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del PIB para la educación pública, al reconocerla como derecho fundamental y humano. El fortalecimiento educativo debe ser acompañado por la formación de nuevas generaciones con profundas convicciones democráticas, con conciencia de los desafíos locales, nacionales y globales, con solidaridad, con capacidades emprendedoras y de innovación, con herramientas para luchar contra el cambio climático y para vencer las brechas de género y promover la inclusión de mujeres en las carreras científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas. Se debe profundizar un modelo educativo que asegure el mejoramiento continuo en el marco de parámetros internacionales de calidad, así como la inclusión social, la movilidad social ascendente y el combate efectivo al abandono y la exclusión escolar. Respaldamos una mayor inversión social y educativa, con mejor oferta académica, técnica, artística y cultural, científica y de formación acorde con los requerimientos existentes en los territorios con el fin de erradicar la inequidad, la exclusión y la pobreza. Una educación que promueva el desarrollo integral, la plena realización del ser humano y el bienestar personal y de la colectividad. Respaldamos una inversión social y educativa que proporcione espacios, herramientas y conocimientos flexibles, inclusivos y adaptados al desarrollo territorial.

En la agricultura, reiteramos nuestro permanente apoyo a las familias productoras nacionales y proponemos un modelo intensivo en conocimiento de los procesos científicos y tradicionales, para garantizar la seguridad alimentaria, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. Creemos en impulsar y apoyar a la agricultura en los territorios, en aquellas actividades consideradas estratégicas para mantener autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, con un firme respaldo a la economía social solidaria.

Nuestro objetivo es construir un Estado de Bienestar centrado en la distribución equitativa de la riqueza, mediante mecanismos eficaces para abordar las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, siempre respetando los derechos humanos. Para lograrlo, es fundamental garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios, así como fortalecer las instituciones encargadas de brindarlos. Proponemos un diálogo social transparente para mejorar y fortalecer instituciones criticas como la CCSS, asegurando servicios de seguridad social cada vez mejores, y defender el acceso universal a dichos servicios.

Ciudadanía costarricense:

El PAC es el partido defensor y promotor de los derechos humanos, una cualidad confirmada en decisiones, acciones y hechos a lo largo de nuestra historia partidaria. Hoy existe en Costa Rica una amenaza de retroceso por el auge de una tendencia regresiva, altamente organizada y financiada por actores políticos y religiosos. Ante esta realidad, el PAC se compromete a defender y promover todos los derechos humanos y todas las medidas que garanticen el ejercicio de derechos a poblaciones históricamente excluidas y combatir las narrativas odio que existen en el país y en el mundo.

En el III Congreso Ciudadano, el PAC asume el compromiso de combatir la violencia contras las niñas y mujeres en todas sus formas, la violencia sistemática, estructural, simbólica, física, sexual, económica, patrimonial, política, sexual, racista y toda forma de discriminación contra las mujeres y procurará el establecimiento de acciones concretas para erradicar todas las formas de violencia.

En este III Congreso, reconocemos que, si bien es cierto, hay avances en derechos humanos LGBTIQ+, la lucha no está cerca de finalizar. En nuestro país continúa existiendo el acoso y la discriminación contra este colectivo, especialmente en contra de las personas trans e intersex, las de zonas rurales y las menores de edad. Por eso, reiteramos nuestro compromiso a seguir impulsando medidas, leyes y políticas para que las lesbianas, gais y bisexuales, así como las personas trans, no binarias, intersex y queer puedan tener una vida digna y tranquila junto con sus parejas, familias e hijos, sin temor de que nadie les discrimine, juzgue o impida su desarrollo personal, laboral o social por razones de su orientación sexual, o su identidad y expresión de género. Vivir y existir, sin importar quienes seamos o con quienes construyamos vínculos afectivos, sexuales o familiares son derechos que seguiremos defendiendo como agrupación de manera pública y permanente 

El Partido Acción Ciudadana es un partido político progresista, feminista y defensor de los derechos de las mujeres, las niñas y las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. El feminismo del Partido Acción Ciudadana será progresista, interseccional y transversal, por lo tanto, promovemos la autonomía económica y patrimonial de las mujeres, la participación activa de los espacios políticos y de toma de decisiones y que se respete el derecho de la autodeterminación corporal, incluyendo su derecho inherente a decidir sobre sus propios cuerpos, reconociendo así la necesidad del acceso y alcance de sus derechos y salud sexual y reproductiva.

El PAC se posiciona como un partido feminista en todos sus extremos, desde su quehacer político interno, sus posicionamientos ante políticas públicas y que promoverá cualquier acción que promueva avances en la agenda de la igualdad de género, los feminismos y la agenda de las mujeres en su diversidad. El PAC reconoce que para avanzar hacia una sociedad igualitaria y democrática, libre de violencia y estereotipos sexistas, se requiere una transformación del sistema económico, donde las mujeres no deban enfrentar la desigualdad a causa de su género en la distribución desigual de tareas domésticas ni de cuidados, por lo que aboga por promover la distribución equitativa de las tareas, reconociendo las dobles y triples jornadas con las que cargan las mujeres y comprometiéndonos para que en el seno de nuestra organización exista corresponsabilidad y que permita a las mujeres la gestión de su propio tiempo.

El PAC reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad costarricense, así como la existencia del racismo sistémico que afecta particularmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes; por lo tanto, debemos ser coherentes y tomar acciones que transformen la realidad de las víctimas de racismo. Consideramos indispensable la definición y el desarrollo de una política pública de Estado contra toda forma de discriminación y racismo.

Reconocemos el aporte esencial que realizan las personas migrantes a la sociedad costarricense, el PAC se compromete a respetar sus derechos y trabajar por la ampliación de estos. Asimismo, consideramos esencial que Costa Rica se siga posicionando como un país que abraza la diversidad y recibe con brazos abiertos a todas aquellas personas asiladas políticas y refugiadas que huyen de sus países en búsqueda de mejores oportunidades y un lugar seguro para ellas y sus familias

En materia ambiental, los logros hablan de la seriedad de nuestras acciones. El PAC reconoce que no existe un choque entre el desarrollo y la protección ambiental; ambas pueden generarse en armonía social y cultural, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en decisiones ambientales y basándose en la ciencia y la generación de conocimiento.

La Costa Rica del siglo XXI necesita superar las asimetrías entre la zona central y las zonas rurales, fronterizas y costeras. Asumimos un compromiso con el desarrollo territorial y encadenamientos productivos que aprovechen las ventajas competitivas de cada región y generen empleo de calidad en los diferentes territorios del país.

El país requiere impulsar sectores estratégicos en cada región y buscar la desconcentración y descentralización. Debemos definir un Modelo de Desarrollo Territorial sostenible, inclusivo y solidario, con implementación participativa, desde adentro y desde abajo, no vertical. El III Congreso Ciudadano del PAC propone potenciar el desarrollo del país mediante ciudades intermedias con gobiernos locales fortalecidos. Apoyamos la promoción de un crecimiento más equilibrado en todo el territorio nacional y el impulso a la economía local, para que las regiones menos desarrolladas accedan a inversión, empleo y servicios, reduzcan las brechas entre áreas urbanas y rurales y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. La eliminación de las brechas requiere estrategias en el acceso al agua, electricidad, servicios digitales, seguridad en espacios públicos y comunidades, actividades de recreación, seguridad vial, educación y salud, según indicadores socioeconómicos y territoriales.

Coincidimos en que las ciudades y las comunidades deben ser centros de oportunidades para todas las personas, con espacios públicos verdes y habitables de calidad. Creemos en la implementación de proyectos de transporte público que respondan a la mayor demanda de movilidad de las principales áreas urbanas del país. Estos proyectos deben proveer conexiones basadas en modelos de demanda transparentes de los autobuses y de interconexión con un servicio de tren eléctrico descarbonizado, optimizado y fortalecido.

El desarrollo nacional requiere el fortalecimiento de la tecnología y la innovación, con un enfoque de desarrollo sostenible y equidad social, así como un compromiso por mejorar la inclusión de las mujeres en las profesiones científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas. Debemos promover la tecnificación y digitalización de procesos productivos, la distribución de las oportunidades tecnológicas y digitales en los sectores vulnerabilizados de la población y la adopción de tecnologías limpias y sostenibles en los sectores productivos y en el desarrollo de infraestructura.

El camino al desarrollo tecnológico y la innovación requiere también la reducción del consumismo y sus impactos ambientales, promoviendo una cultura de responsabilidad, eficiencia y conciencia ecológica. Defendemos la transición hacia una economía verde y circular, priorizando la adopción de tecnologías limpias y sostenibles en los sectores productivos e infraestructuras, y promoviendo la participación y el empoderamiento de las mujeres y las comunidades marginadas en este proceso.

Aspiramos al fortalecimiento de la democracia digital, mediante mayor transparencia gubernamental, el acceso sencillo y expedito a datos abiertos y a la información pública, la inversión en infraestructura de acceso a la información, la reducción de la brecha digital, el fomento de la rendición de cuentas y la participación ciudadana informada.

En el III Congreso Ciudadano hablamos del crecimiento de la violencia y expresamos nuestra preocupación por los niveles de epidemia que han alcanzado los homicidios, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La inseguridad ciudadana incrementa las desigualdades e impacta con especial severidad a la juventud.

En la búsqueda de soluciones, no creemos que las cárceles sean la única ni la mejor alternativa. La criminalidad es un problema multicausal que debe ser respondido atendiendo sus causas múltiples enraizadas en la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la violencia estructural. Atender el flagelo de la criminalidad requiere de políticas públicas preventivas. Costa Rica debe tener una policía civilista, profesional, equipada, eficiente, servicial y honesta, próxima a la ciudadanía y con apoyo de la población. El sistema penitenciario costarricense debe incidir positivamente en la educación y formación para brindar herramientas a las personas privadas de libertad y permitirle llevar una vida sin conflictos con la ley cuando vuelva a la sociedad.

Se debe atacar frontalmente el lavado de activos proveniente de la actividad del narcotráfico, para ello es importante aprobar la ley de extinción de dominio. La criminalidad y la violencia se pueden prevenir. El Estado debe invertir en la generación de espacios seguros para toda la población, con especial énfasis en la niñez, adolescentes y jóvenes; evitar la exclusión y expulsión del sistema educativo, prevenir el consumo prematuro de drogas; fomentar la capacitación técnica y la generación de oportunidades de formación especialmente en carreras de ciencias, tecnologías y matemáticas para las poblaciones más vulnerables.

Somos una sociedad abierta y profundamente interconectada con la región y el mundo. Nos impactan los problemas internacionales, pero también podemos y hemos sabido obtener ventajas de la interdependencia y convivencia internacional. En el III Congreso Ciudadano, coincidimos en que la política exterior costarricense debe mantener siempre una posición independiente, sustentada en las mejores tradiciones nacionales y coherente con los principios y valores históricos.

El modelo de desarrollo integral, solidario y sostenible para Costa Rica, con el que el Partido Acción Ciudadana se encuentra comprometido, se complementa con una perspectiva de los derechos de los pueblos del mundo basada en sólidos propósitos y principios universales. La Humanidad es una y el planeta la casa de todos y todas. Por eso abogamos por la paz, la solidaridad, la desmilitarización, la erradicación de todas las armas de destrucción masiva, el respeto, la equidad económica, la inclusión y la no discriminación, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la responsabilidad ambiental y la supremacía del Derecho Internacional entre los pueblos de la Tierra. El Partido Acción Ciudadana es una organización política que favorece el multilateralismo, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el ordenamiento jurídico internacional y las acciones que promueven la resolución pacífica de controversias.

 Pueblo costarricense:

En el momento más difícil de nuestra historia, el Partido Acción Ciudadana ha hecho un serio esfuerzo autocrítico, reflexivo y franco. En el Tercer Congreso Ciudadano escuchamos con seriedad la voz de la población costarricense a la que hemos servido, a la que queremos seguir sirviendo. Con humildad hemos reconocido lo que pudimos hacer mejor.  También hemos identificado los aciertos alcanzados en más de 22 años de camino.

Más bien aprovechamos el momento para fortalecer y proyectar la propuesta de país que planteamos para las presentes y futuras generaciones, una Costa Rica pluriétnica y multicultural, próspera, solidaria, inclusiva, verde, pacífica, justa, feminista, segura, educada, saludable, limpia y con alta calidad de vida para todas y todos.

Cosechamos los aprendizajes de un largo camino recorrido, reconociendo que, ante la avanzada conservadora y populista de derecha, que amenaza con desaparecer las bases de la institucionalidad costarricense, las conquistas en derechos humanos y a la democracia misma, tenemos el deber de levantarnos y sumar nuestras voces al necesario debate participativo y plural que el país y el sistema democrático requieren. El silencio y la desidia no son opción para quienes nos comprometemos con la Democracia, la Paz, la Justicia Social, el Ambiente y los Derechos Humanos.

Somos un partido necesario, esencial, relevante y urgente para Costa Rica, un partido que reconoce sus fallas, sus logros y que se levanta para mirar más alto.

Somos el pueblo que decidió cambiar y, AQUÍ ESTA EL PAC ¡SIEMPRE NECESARIO!

(*) Partido Acción Ciudadana