Estudio de la UNA revela que 90% del total de plaguicidas que usa Costa Rica son altamente peligrosos

San José, 18 ago (Elpaís.cr).- El Instituto de Investigaciones en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (UNA), ha demostrado que Costa Rica es un alto consumidor de plaguicidas considerados altamente peligrosos para la salud.

Las sustancias usadas en la agricultura convencional más aplicadas en los campos costarricenses, como mancozeb, glifosato, 2,4-D, clorotalonil, diazinon, clorotalonil, paraquat, diuron, etoprofos, clorpirifos, oxamil, entre otras, se consideran de alta peligrosidad, advierte la UNA.

Los criterios para identificar los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) son: alta toxicidad aguda, efectos tóxicos a largo plazo (crónicos) para el ser humano, alteración endocrina, peligro ambiental, riesgos para los servicios ecosistémicos (por ejemplo, toxicidad para las abejas) y aquellos que son causa de una alta incidencia de efectos adversos graves o irreversibles.

Llamó la atención de que algunos de esos criterios se encuentran como regulaciones internacionales manifestadas en los convenios de Estocolmo, de Rotterdam y el Protocolo de Montreal.

El Dr Fernando Ramírez, autor de este estudio, demostró que de los 10 plaguicidas más usados en el país, 8 son PAPS, y el 90% del total de plaguicidas que usa Costa Rica cumplen con las características para considerarlos PAPs.

Con base en la evidencia científica reconocida por organismos internacionales y nacionales especializados en el tema, sobre la peligrosisdad que presentan ciertos plaguicidas, se hace necesario un cambio en la legislación existente para aplicar los criterios de precaución e incorporar criterios de exclusión que permitan cancelar y no autorizar más registros de plaguicidas considerados PAPs, buscando el bien común de protección y respeto de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente.

Ramírez destacó que “el uso de los PAPs, por las características que poseen, representa un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente, y vulnera un conjunto de derechos humanos, como son el derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la protección de los niños, de los trabajadores y al derecho constitucional de tener un medio ambiente sano y equilibrado, y a una alimentación adecuada, entre otros. Esto lo han reconocido los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas en el tema de sustancias químicas y desechos peligrosos”.