Ciudad de Guatemala, 29 Ago. (EUROPA PRESS) – La formación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la candidata a la Presidencia de Guatemala Sandra Torres, ha tildado de «ilegal» la oficialización de los resultados electorales de la segunda vuelta electoral, en la que fracasó al recibir 39,9 por ciento de los votos frente al 60 por ciento de su rival, el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo.
«Existe una lluvia de anomalías que el partido UNE ha señalado a las autoridades competentes, tanto del orden constitucional como penal, que hacen ilegal e ilegítimo cualquier intento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dar a conocer resultados electorales en las actuales condiciones», reza un comunicado.
Así, la formación ha indicado que espera que organismos como la Controlaría General de Cuentas y el Ministerio Público «cumplan su función para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta con el fin de garantizar la pureza de las elecciones y la democracia», a pesar de que el TSE ha destacado que los comicios estuvieron marcados por una gestión «profesional, imparcial y transparente».
Suspensión Movimiento Semilla
Torres ha hecho referencia a la decisión del Registro de Ciudadanos del TSE de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, considerando que esta decisión «impide a todos sus candidatos ser adjudicatarios de derechos políticos por ser nulos de pleno derecho».
El encargado del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, ha accedido a suspender al partido político al considerar que el amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad ya no tiene vigencia «derivado que, a la presente fecha ya se celebró la segunda vuelta electoral y se establecieron los escrutinios correspondientes».
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
