Ciudad de Guatemala, 28 ago (Prensa Latina) El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó hoy que nada puede impedir la toma de posesión en enero de 2024, tras la suspensión provisional de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
El partido “no claudicará en su lucha para que se respeten los resultados de los comicios, el estado de Derecho y el régimen democrático en el país”, declaró el exdiplomático en conferencia de prensa esta noche.
El jefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, decidió acatar la resolución del juez séptimo penal, Fredy Orellana, en cuanto a la cancelación de esa agrupación, por supuestas firmas falsas en su constitución en 2018.
Poco tiempo después, el pleno de magistrados del ente rector del proceso de votaciones oficializó los resultados de la segunda vuelta electoral con Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera como binomio presidencial electo.
De acuerdo con el vencedor en las urnas el pasado domingo 20 de agosto, mañana el equipo legal del partido estará presentando un recurso de nulidad contra la resolución del Registrador de Ciudadanos del TSE.
A su lado, Herrera explicó que la resolución emitida por Muñoz es nula en términos de derecho, por lo cual pediremos su invalidación, subrayó.
En medio de una campaña de descrédito, desinformación y deslegitimación, incluso con la exposición de supuestos resultados de una investigación en contra horas antes de los comicios, Arévalo arrolló a su rival, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
#EleccionesGT2023 👁 El binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ofrecen conferencia de prensa.
👉Herrera dice que la resolución del Registro de Ciudadanos es nula y que mañana presentarán ante el TSE una nulidad ya que el juez Fredy Orellana… pic.twitter.com/8LrYT4Aj0W
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 29, 2023
La ex primera dama, sin reconocer la derrota y con la matriz de fraude como bandera, compartió un comunicado de su fuerza política en el que señala “ilegalidad” en la oficialización de los resultados.
