San José, 4 sep (Elpaís.cr).- El Movimiento Borrón y Cuenta Nueva, en un esfuerzo por garantizar la protección de los derechos de los trabajadores independientes de nuestro país, pidió a la CCSS que se apruebe a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley de Trabajador Independiente No. 10363, que entró en vigencia el pasado 08 de mayo de 2023.
En una carta pública a Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifiestan la urgente necesidad de dicho reglamento para la normalización de los trabajadores del sector.
“La situación actual, caracterizada por la falta de sesiones de la Junta Directiva de la entidad, nos preocupa profundamente, ya que retrasa la creación y aprobación del reglamento destinado a implementar la Ley de Trabajador Independiente”, señala carta firmada por Joseph Ugalde Thompson, vocero del movimiento Borrón y Cuenta Nueva.
El Movimiento agrupa actualmente a miles de trabajadores independientes, entre los que están costureras, pescadores artesanales, agricultores, carpinteros, estilistas, taxistas, panaderos, profesionales liberales, entre otros.
Señala que más allá de la importancia que claramente tiene la emisión de este Reglamento, que tiene como fin instrumentalizar una ley que establece su vigencia desde el momento de publicarse en mayo pasado.
Igualmente, destaca que es necesario evidenciar las acciones que a lo largo del 2023 ha tomado la Junta Directiva de la CCSS, como máximo jerarca institucional con el fin de proteger a los trabajadores independientes del país, dentro de una coyuntura de emisión de la ley 10 363 en primer lugar y posteriormente el plazo de 6 meses desde su entrada en vigencia hasta la emisión del reglamento.
Mediante los acuerdos del artículo 02 de la sesión N°9315 del 27 de febrero de 2023, la Junta Directiva decidió por primera vez suspender la condición de morosidad de los trabajadores independientes por un período de 4 meses a partir de la firmeza de dicho acuerdo (ocurrida en la fecha señalada).
Durante el plazo señalado, entró en vigor la Ley de Trabajador Independiente (08 de mayo de 2023). Al finalizar el plazo original y como consecuencia del artículo 7° de la Sesión No. 9346 del 22 de junio de 2023, la Junta Directiva de la Caja, estableció en su Acuerdo Primero que las acciones de morosidad, embargos y ejecuciones contra los trabajadores independientes se suspenderían y prorrogarían mientras no se emitiera el Reglamento para la Ley del Trabajador Independiente.
De lo señalado, explica, podemos entender con claridad que, mientras no se emita el reglamento a la Ley de Trabajador Independiente”, el beneficio original de suspender la condición de morosidad por no continuarse desde la Gerencia Financiera, las acciones determinativas de cobro y actuaciones de embargo y ejecución en contra de los trabajadores independientes, continúa en firme hasta que la norma se emita y se encuentre en funcionamiento.
«Tal acuerdo, que entendemos fue votado en firme por la Junta Directiva, no tendría a la fecha otra disposición posterior que afecte, o más importante aún, elimine lo acordado, motivo por el que entendemos que toca a la institucionalidad de la Caja (Gerencia Financiera incluida), acatar la orden», dice Ugalde Thompson.
De existir razones que legal o técnicamente afecten o vuelvan inaplicable el acuerdo previamente referido, no son a la fecha de conocimiento del Grupo Borrón y Cuenta Nueva, y más importante aún, no nos corresponde el análisis vinculante que determine que no debe aplicarse el acuerdo.
«Lo que sí nos corresponde, como representantes legítimos de un movimiento que se consolida y crece cada día más, es exigir que se aplique lo que entendemos es un acuerdo vinculante del jerarca de la Caja», comentó Ugalde.
Finalmente, afirma que «el interés de nuestra agrupación, escapa a valoraciones coyunturales institucionales y específicas, incluyendo cuestionamientos personales a miembros de la Junta Directiva de la CCSS y se enfoca en exigir que la Institución, mantenga lo que entendemos fue una lectura correcta del máximo jerarca que, en el momento de su emisión, habría valorado la situación crítica en la cual se encuentran muchos trabajadores independientes y que al contar con una disposición como la Ley 10.323, puede paliativamente aligerar sus cargas y valorar acercarse a formalizarse dentro de la Seguridad Social».
