Quito, 16 sep (Sputnik).- El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, expresó el viernes la preocupación del organismo sobre el alcance de la reforma al reglamento del Código Orgánico del Ambiente en Ecuador al considerar que limitaría la participación abierta e inclusiva en la toma de decisiones ambientales.
«Expresamos nuestra preocupación sobre el alcance de la reforma al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en cuanto se aleja de las normas y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos», indicó el representante regional de Acnudh a través de un comunicado.
El funcionario apuntó que el Decreto Ejecutivo 754 tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
También expresa que son motivo de preocupación disposiciones de ese texto que «limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos».
El representante internacional cuestionó que la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros puntos.
Por último, hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a pueblos indígenas como de la consulta ambiental, observen el derecho internacional en materia de derechos humanos.
El decreto 754, firmado el 31 de mayo pasado por el presidente Guillermo Lasso, regula las consultas ambientales de proyectos mineros y productivos en las comunidades ubicadas en las zonas de desarrollo de los dichos proyectos
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó un pedido de inconstitucionalidad contra ese documento en junio de este año, al señalar que viola el derecho a la consulta previa para esas actividades, de acuerdo con la Constitución.
La aplicación de este decreto ha generado hechos de violencia, ya que líderes comunitarios y organizaciones sociales aseguran que se realizaron sin respetar los estándares de derechos humanos y con una norma procedimental inconsulta.
Los incidentes más graves tuvieron lugar en julio pasado en Las Naves, (provincia de Bolívar, centro), y en Palo Quemado (provincia de Cotopaxi, norte). (Sputnik)
