Ciudad de Panamá, 29 sep (Prensa Latina) Organizaciones sociales denunciaron hoy por anticonstitucional la decisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) de devolver al Gobierno el contrato suscrito con Minera Panamá para hacer modificaciones.
En conferencia de prensa, los integrantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida estimaron que lo que corresponde, según la ley, es aprobar ese documento; caso contrario, rechazarlo y no dilatar más el asunto.
Uno de los voceros del colectivo, Saúl Méndez, dijo que con el objetivo de confundir a la población, en la resolución de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Legislativo se aducen apenas cuatro razones, entre las decenas de violaciones que comete la filial de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Entre los temas que los diputados piden revisión al Ejecutivo sobresalen la concesión de espacio aéreo, la posibilidad de expropiar tierras, los límites impositivos y que se elimine como ley Marco, lo cual es inadmisible, dijo el también secretario general del Sindicato único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Una evidencia que muestra la desfachatez, agregó, es que el propio presidente de la comisión parlamentaria, Roberto Ábrego, forma parte del grupo negociador gubernamental ante la empresa trasnacional, que aún sigue operando de manera ilegal.
La mina de cobre en Donoso (Colón) está devastando el Corredor Biológico Mesoamericano, causa daños al ambiente, contamina ríos, y lo que tiene que ocurrir es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en 2017 declaró ese pacto como inconstitucional y que se cierren esas instalaciones.
Los movimientos populares también demandaron una moratoria a esa actividad y realizar una verdadera consulta ciudadana vinculante sobre si la población quiere o no ser una nación minera, agregó.
A preguntas de Prensa Latina sobre las acciones legales interpuestas, como una querella penal contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la magistrada María Eugenia López, titular de CSJ, Méndez precisó que vendrán otras.
La próxima semana, adelantó, impugnarán ante el Procurador de la Administración, la gestión del fiscal general Javier Caraballo por no investigar y permitir la comisión de estos y otros delitos y contra los dueños de FQM, responsables materiales de tantos daños.
También rechazó que las mismas familias, como las de Federico Alfaro, actual ministro de Comercio e Industrias (MICI) y funcionarios de la empresa están vinculados a los dueños de FQM.
Se nos quiere imponer un contrato leonino por la fuerza y el pueblo está decidido a derrotarlo en las calles, dijo visiblemente emocionado.
Otras acciones que desplegarán los movimiento populares serán una marcha hacia la Presidencia de la República, que organiza la alianza Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y cierres de carreteras y otros puntos del país istmeño.
