San José, 11 oct (Elpaís.cr).- En octubre de 1993, la Defensoría de los Habitantes empezó a escribir su historia, protegiendo los derechos e intereses de las personas; hoy, 30 años después, su compromiso sigue intacto, enfrentando grandes retos con la convicción de velar que el funcionamiento del sector público se ajuste a la legalidad.
De acuerdo con el último informe anual de esta Defensoría, para el año 2022 hubo un total de 30.348 solicitudes de intervención ante la institución por parte de los habitantes, la mayoría de ellos relacionados con el derecho a la salud (17,25%), el derecho a la eficiencia en la prestación de servicios públicos (15,40%), el derecho a la seguridad social (6%) y, a la integridad personal (4%), entre otros.
Durante tres décadas la Defensoría de los Habitantes ha promocionado la defensa de los derechos frente al sector público, sin importar la condición de la persona y la protección de su dignidad como ser humano, dio cuenta la entidad en un comunicado.
En este sentido se ha desarrollado diversos proyectos y programas en cooperación con otras entidades, públicas y privadas, nacionales e internacionales, con los que se ha promovido, difundido y educado a las y los habitantes sobre sus derechos, resalta.
Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, el reto es seguir fortaleciendo la entidad como Institución Nacional de Derechos Humanos y como instancia de control de legalidad.
“Este es el compromiso asumido para la construcción de una Defensoría de los Habitantes robusta, eficaz, transparente, participativa e inclusiva, al tenor de los principales instrumentos de derecho internacional y del ordenamiento jurídico nacional”, dijo.
El día 10 se realizó un evento de celebración del 30 aniversario en el Teatro Nacional, con la participación de diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades del Estado, ex defensoras de los habitantes, funcionariado público, entre otros invitados especiales. La actividad se llevó a cabo con la cooperación de varias empresas privadas quienes reconocen el valor y la necesidad del trabajo en materia de derechos humanos, y no implicó el aporte de recursos económicos por parte de esta institución.
