Ciudad de Guatemala, 16 oct (Prensa Latina) El Ministerio Público (MP) de Guatemala pidió hoy ante la Corte de Constitucionalidad la destitución del ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, por no acatar la resolución contra los bloqueos a nivel nacional.
Con fundamento en el artículo 50 literal C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal de ese ente investigativo señaló desobediencia e incumplimiento del funcionario.
“Esto derivado que, desde el lunes 2 de octubre de 2023, un grupo de personas mediante bloqueos y acciones fuera de la ley han vedado el acceso al Edificio Gerona (sede del MP)”, acotó mediante un comunicado.
Ello –amplió- con medidas que atentan contra los derechos humanos de las niñas, niños y adultos víctimas del delito y el desarrollo de las pesquisas.
Instó a las autoridades responsables adoptar las medidas correspondientes para garantizar la libre locomoción en el país, así como permitir el acceso y egreso de usuarios y personal a Gerona y todas las sedes del MP en este territorio.
De tal modo, posibilitar “la averiguación de la verdad para dar a conocer en el momento procesal oportuno los resultados de las investigaciones al pueblo de Guatemala”, subrayó.
El titular de Gobernación anunció, en una entrevista radial el pasado 10 de octubre, que accionaría en contra de los bloqueos y ese propio día unidades policiales desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad.
El intento de despejar las protestas siguió un protocolo que privilegia el diálogo en la mayoría de los casos, solo usaron la fuerza o los antimotines emplearon gases lacrimógenos en puntuales ocasiones.
Las autoridades indígenas convocantes a las protestas y organizaciones sociales unidas continúan el plantón frente a la capitalina sede central del MP, donde insisten en la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Decidieron salir a las calles en el llamado paro nacional indefinido tras allanamientos continuados de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral, el último incluso con violencia sobre sus magistrados para secuestrar actas.
Organizaciones locales e internacionales calificaron las maniobras con la aprobación de Porras, violatorios de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tanto como un atentado a la democracia al vulnerar la voluntad popular.
La jornada 15 consecutiva de protestas, con al menos 32 puntos bloqueados, estuvo marcada esta mañana por un grupo armado que asesinó a tres manifestantes y dejó varios heridos en un sector de Malacatán, departamento de San Marcos.
El presidente electo Bernardo Arévalo condenó “la violencia que grupos de choque han desatado” y exigió a las autoridades velar por la seguridad de quienes participan pacíficamente y se garantice que este hecho no quede impune.
