Los colectivos demandan que el texto, declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia, sea sometido a un referendo, mientras se declare moratoria a la actividad extractiva.
Por su parte, los diputados, sin mayores contratiempos, aprobaron el pacto en el segundo de los tres debates obligatorios, con 45 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.
Acerca del proyecto de ley que avala la explotación de cobre a cielo abierto en la mina más grande de Centroamérica, en Donoso (Colón), los parlamentarios representantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) argumentaron los beneficios económicos que trae esa compañía que aporta el 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Diputados independientes como Juan Diego Vázquez, que lo adversan, señalaron a su turno los irreversibles daños ambientales y la violación de normas legales y constitucionales de ese contrato.
Vásquez sostuvo que este contrato fue negociado a espaldas del pueblo panameño, por una comisión de “notables” que, asegura, no defendieron los mejores intereses de nuestro país, y que fue sometido a una “consulta ciudadana” que incumplió con las premisas de ser “libre, previa e informada”, porque fue excluyente y no vinculante.
También cuestionó la participación accionaria de empresas estatales extranjeras en Minera Panamá, algo que, afirmó, viola la Constitución y las leyes.
De trascender el pacto en tercer y último debate del pleno legislativo, corresponderá ratificarlo al presidente de la República, Laurentino Cortizo, lo que aumenta tensión de las manifestaciones que protagonizan organizaciones populares, sindicatos y ambientalistas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento).
La víspera, luego de una multitudinaria marcha de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y concentración en la plaza 5 de Mayo, estudiantes que participaron en las protestas y lanzaron piedras, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por unidades antimotines.
Desde la mañana integrantes de sindicatos como los trabajadores de la construcción bloquearon importantes arterias de la capital y en otras provincias como Chiriquí y Veraguas, acción que mantienen este viernes.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, dijo a Prensa Latina que los cambios al texto hechos por el Ejecutivo son apenas un maquillaje que no modifican las esencias de un pacto que permite a la filial de la trasnacional First Quantum robarse los recursos naturales.
El pueblo organizado en las calles sabrá derrotar el leonino contrato, remarcó.
